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Facua Cádiz ha manifestado su preocupación por el diseño de la nueva tasa por los servicios de recogida, transporte y tratamiento de residuos sólidos urbanos aprobada por el Ayuntamiento de Jerez, al considerar que existen importantes dudas sobre si la ordenanza cumple los principios establecidos en la Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.
La asociación recuerda que la normativa estatal, que incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva (UE) 2018/851, no se limita a exigir la implantación de una tasa específica para financiar el servicio de gestión de residuos, sino que persigue un objetivo mucho más amplio: mejorar la gestión medioambiental e implantar un sistema en el que quien más residuos genere y menos recicle asuma un mayor coste.
Sin embargo, el análisis realizado por Facua Cádiz pone de manifiesto que la ordenanza aprobada por el Ayuntamiento de Jerez parece centrarse esencialmente en establecer un nuevo mecanismo de recaudación, sin incorporar de forma efectiva instrumentos que permitan trasladar ese principio a la práctica.
Sin vínculo real entre lo que se paga y lo que se genera
La organización echa en falta una verdadera individualización de la tasa en función del comportamiento de cada usuario. Según su análisis, "la ordenanza no vincula de forma efectiva y real el importe que debe abonar cada contribuyente con la cantidad de residuos que realmente genera, ni establece mecanismos suficientes que incentiven la reducción de residuos, la correcta separación de las distintas fracciones o el reciclaje".
Las bonificaciones previstas resultan, además, claramente insuficientes para Facua Cádiz. La reducción del 10% contemplada para determinados supuestos de utilización de los puntos limpios o participación en programas de compostaje difícilmente puede considerarse un incentivo real para modificar los hábitos de generación y separación de residuos, quedando además supeditada, en parte, a futuros desarrollos normativos.
Dudas sobre la memoria económica y el riesgo de doble financiación
Facua Cádiz considera igualmente necesario que el Ayuntamiento explique con total transparencia cómo se ha elaborado la memoria económica que justifica la nueva tasa, y si en ella se han tenido en cuenta los ingresos que las entidades locales reciben a través de los sistemas de Responsabilidad Ampliada del Productor. La asociación recuerda que los consumidores ya soportan, al adquirir numerosos productos, los costes destinados a financiar su posterior recogida, tratamiento y reciclaje mediante dichos sistemas.
Por ello, según Facua Cádiz, resulta imprescindible conocer en qué medida esas aportaciones han sido descontadas del coste total del servicio antes de trasladar una nueva carga económica a la ciudadanía, evitando así cualquier riesgo de doble financiación. Asimismo, la asociación entiende que el Ayuntamiento debe explicar por qué la ordenanza no incorpora criterios suficientemente objetivos que permitan adaptar el importe de la tasa a la generación efectiva de residuos por cada vivienda, tal y como persigue la legislación europea y estatal, garantizando así una mayor equidad entre los contribuyentes.
La propia tramitación de la ordenanza ya puso de manifiesto la existencia de dudas sobre su adecuación a los objetivos de la Ley 7/2022. Entre las observaciones formuladas durante el procedimiento se advirtió de la escasa conexión entre el contenido de la ordenanza y los fines ambientales perseguidos por la normativa estatal, una circunstancia que, según Facua, evidencia la necesidad de un análisis más profundo antes de consolidar definitivamente este modelo de financiación.
La organización de consumidores y usuarios considera que la implantación de una tasa de residuos constituye una oportunidad para avanzar hacia un sistema más justo, eficiente y respetuoso con el medio ambiente. Sin embargo, la asociación defiende que ello exige que el diseño de la ordenanza responda realmente al principio de "quien contamina paga" y no se limite a incrementar la carga económica soportada por los consumidores sin introducir mejoras efectivas en la gestión de los residuos.
Facua Cádiz ha manifestado su preocupación por el diseño de la nueva tasa por los servicios de recogida, transporte y tratamiento de residuos sólidos urbanos aprobada por el Ayuntamiento de Jerez, al considerar que existen importantes dudas sobre si la ordenanza cumple los principios establecidos en la Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.
La asociación recuerda que la normativa estatal, que incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva (UE) 2018/851, no se limita a exigir la implantación de una tasa específica para financiar el servicio de gestión de residuos, sino que persigue un objetivo mucho más amplio: mejorar la gestión medioambiental e implantar un sistema en el que quien más residuos genere y menos recicle asuma un mayor coste.
Sin embargo, el análisis realizado por Facua Cádiz pone de manifiesto que la ordenanza aprobada por el Ayuntamiento de Jerez parece centrarse esencialmente en establecer un nuevo mecanismo de recaudación, sin incorporar de forma efectiva instrumentos que permitan trasladar ese principio a la práctica.
Sin vínculo real entre lo que se paga y lo que se genera
La organización echa en falta una verdadera individualización de la tasa en función del comportamiento de cada usuario. Según su análisis, "la ordenanza no vincula de forma efectiva y real el importe que debe abonar cada contribuyente con la cantidad de residuos que realmente genera, ni establece mecanismos suficientes que incentiven la reducción de residuos, la correcta separación de las distintas fracciones o el reciclaje".
Las bonificaciones previstas resultan, además, claramente insuficientes para Facua Cádiz. La reducción del 10% contemplada para determinados supuestos de utilización de los puntos limpios o participación en programas de compostaje difícilmente puede considerarse un incentivo real para modificar los hábitos de generación y separación de residuos, quedando además supeditada, en parte, a futuros desarrollos normativos.
Dudas sobre la memoria económica y el riesgo de doble financiación
Facua Cádiz considera igualmente necesario que el Ayuntamiento explique con total transparencia cómo se ha elaborado la memoria económica que justifica la nueva tasa, y si en ella se han tenido en cuenta los ingresos que las entidades locales reciben a través de los sistemas de Responsabilidad Ampliada del Productor. La asociación recuerda que los consumidores ya soportan, al adquirir numerosos productos, los costes destinados a financiar su posterior recogida, tratamiento y reciclaje mediante dichos sistemas.
Por ello, según Facua Cádiz, resulta imprescindible conocer en qué medida esas aportaciones han sido descontadas del coste total del servicio antes de trasladar una nueva carga económica a la ciudadanía, evitando así cualquier riesgo de doble financiación. Asimismo, la asociación entiende que el Ayuntamiento debe explicar por qué la ordenanza no incorpora criterios suficientemente objetivos que permitan adaptar el importe de la tasa a la generación efectiva de residuos por cada vivienda, tal y como persigue la legislación europea y estatal, garantizando así una mayor equidad entre los contribuyentes.
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La organización de consumidores y usuarios considera que la implantación de una tasa de residuos constituye una oportunidad para avanzar hacia un sistema más justo, eficiente y respetuoso con el medio ambiente. Sin embargo, la asociación defiende que ello exige que el diseño de la ordenanza responda realmente al principio de "quien contamina paga" y no se limite a incrementar la carga económica soportada por los consumidores sin introducir mejoras efectivas en la gestión de los residuos.
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