La propiedad del local del número 2 de la plaza Vargas de Jerez, donde actualmente desarrolla su actividad la librería Planeta Zocar, ha solicitado una aclaración a raíz de distintas informaciones publicadas en los últimos meses sobre el futuro del establecimiento. 

Según la documentación facilitada a lavozdelsur.es, el contrato de alquiler actualmente vigente tiene fijada su finalización el próximo 30 de septiembre, sin posibilidad de prórroga.

La propiedad asegura que adquirió únicamente este local en septiembre de 2025 y rechaza las versiones que apuntan a la compra del conjunto del edificio, a la participación de un fondo de inversión o a la intención de habilitar apartamentos turísticos en el inmueble. Sostiene, además, que la adquisición se realizó mediante financiación hipotecaria y que su intención es destinar el establecimiento a un proyecto propio.

Siempre según la versión trasladada por la propiedad, cuando se produjo la adquisición se permitió que la librería permaneciera durante un periodo adicional en el establecimiento para facilitar que pudiera organizar el traslado de su actividad sin tener que abandonarlo de manera inmediata.

Entre febrero y julio, la propiedad comunicó mediante tres burofax la fecha de finalización del contrato a los actuales inquilinos, solicitando la entrega de las llaves antes de que expire el contrato. Así, la posición expresada por la propiedad es que desde el 1 de octubre el establecimiento debe quedar disponible, momento a partir del cual prevé iniciar las actuaciones necesarias para darle un nuevo uso. 

El propietario también quiere desvincular esta operación de los rumores que, asegura, se han difundido durante los últimos meses sobre el inmueble y que, según manifiesta, le han provocado perjuicios personales y familiares.

Planeta Zocar discrepa de la versión de la propiedad

Desde Planeta Zocar, sin embargo, mantienen discrepancias con algunos de los argumentos expuestos por la propiedad. Los responsables de la librería rechazan, entre otras cuestiones, que exista una deuda acumulada de años del pago del alquiler y aseguran disponer de justificantes bancarios correspondientes a los abonos realizados por el uso del establecimiento.

La librería también cuestiona determinados aspectos relacionados con el procedimiento mediante el que se produjo la adquisición del inmueble y sostiene que no se habría respetado el derecho que, según su interpretación, le correspondía para poder optar a su compra.

Por este motivo, sus responsables defienden que la controversia debe dilucidarse por la vía legal y han manifestado su disposición a que sean los tribunales los que resuelvan las diferencias existentes entre ambas partes.

La propiedad, por su parte, mantiene que el contrato actualmente en vigor tiene una fecha concreta de vencimiento y que esta fue comunicada con varios meses de antelación. Su intención, según ha trasladado a este medio, es dar por cerrada la polémica y aclarar que la operación afecta exclusivamente al local del número 2 de la plaza Vargas, no al resto del edificio.