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Ana María no será desalojada de su casa este 4 de junio, cuando estaba previsto. Esta madre trabajadora de Jerez que lleva once años en su piso de la zona Sur y que iba a verse en la calle la semana próxima con sus dos hijos —uno de ellos menor de edad— ha conseguido una prórroga de un mes. El nuevo plazo fijado es el 4 de julio. "A esperar, otra cosa no me queda", resume ella misma con una resignación que lo dice todo.
La extensión llega a través de un convenio con CaixaBank —entidad propietaria del inmueble a través de su filial inmobiliaria Building Center— que Ana María va a firmar en los próximos días. Consigue un mes de margen, pero en conversación con lavozdelsur.es lamenta que sigue con la misma incertidumbre de fondo: "No sé lo que puede pasar, lo que tengo que hacer, cómo afrontarlo", confiesa.
Su historia llegó este viernes al pleno municipal, donde el PSOE pidió al gobierno local una solución para esta madre trabajadora, a la que se le está buscando una alternativa habitacional, pero que de momento sigue sin saber dónde residirá dentro de un mes.
Alquileres inasumibles para Ana María
Ana María trabaja a tiempo parcial en un centro comercial, con contrato fijo de 30 horas semanales, y percibe 1.100 euros al mes más 150 euros de pensión de alimentos. Los servicios sociales la reconocen en situación de vulnerabilidad económica y social. Pero esa condición, que paralizó temporalmente el desahucio, no le abre ninguna puerta: para acceder a una vivienda protegida hay que poder destinar como máximo el 30% de los ingresos a la renta, lo que en su caso equivale a 350 euros.
"Con ese importe, es imposible alquilar nada en Jerez", lamenta, porque todo lo que encuentra supera los 700 euros. Tiene el móvil lleno de capturas de pisos de una habitación por 650 euros en zonas humildes de la ciudad, o de dos habitaciones por 800 o 900 euros. "No me niego a pagar, pero algo que pueda. Lo único que quiero es un techo. No pido nada del otro mundo", señalaba a este periódico.
Desde los servicios sociales le han propuesto un albergue o un piso de acogida como solución provisional. Ella se niega a llevar a sus hijos a ese entorno. La prórroga hasta el 4 de julio es, en la práctica, tiempo para seguir buscando lo que hasta ahora no ha aparecido. Su abogado baraja solicitar tres meses más de prórroga. "La incertidumbre sigue. No sé lo que puede pasar", admite.
No hay viviendas disponibles
En el informe remitido al juzgado por la delegación de Acción Social del Ayuntamiento de Jerez —en el que se solicita la suspensión del lanzamiento—, los propios servicios sociales municipales reconocen que "actualmente carecemos de viviendas sociales de emergencia o baja renta vacía que poder adjudicarle". La causa, explican, es la "ingente cantidad de desahucios que se han venido produciendo en Jerez desde el inicio de la anterior crisis" y unos recursos que, según el propio informe, "no se han visto incrementados desde 2007".
El documento señala además que ni Emuvijesa ni la Junta de Andalucía (AVRA) han construido viviendas sociales en ese periodo, y que muchas de las viviendas públicas disponibles se encuentran ocupadas de forma irregular, a la espera de procedimientos de desahucio.
Ana María no será desalojada de su casa este 4 de junio, cuando estaba previsto. Esta madre trabajadora de Jerez que lleva once años en su piso de la zona Sur y que iba a verse en la calle la semana próxima con sus dos hijos —uno de ellos menor de edad— ha conseguido una prórroga de un mes. El nuevo plazo fijado es el 4 de julio. "A esperar, otra cosa no me queda", resume ella misma con una resignación que lo dice todo.
La extensión llega a través de un convenio con CaixaBank —entidad propietaria del inmueble a través de su filial inmobiliaria Building Center— que Ana María va a firmar en los próximos días. Consigue un mes de margen, pero en conversación con lavozdelsur.es lamenta que sigue con la misma incertidumbre de fondo: "No sé lo que puede pasar, lo que tengo que hacer, cómo afrontarlo", confiesa.
Su historia llegó este viernes al pleno municipal, donde el PSOE pidió al gobierno local una solución para esta madre trabajadora, a la que se le está buscando una alternativa habitacional, pero que de momento sigue sin saber dónde residirá dentro de un mes.
Alquileres inasumibles para Ana María
Ana María trabaja a tiempo parcial en un centro comercial, con contrato fijo de 30 horas semanales, y percibe 1.100 euros al mes más 150 euros de pensión de alimentos. Los servicios sociales la reconocen en situación de vulnerabilidad económica y social. Pero esa condición, que paralizó temporalmente el desahucio, no le abre ninguna puerta: para acceder a una vivienda protegida hay que poder destinar como máximo el 30% de los ingresos a la renta, lo que en su caso equivale a 350 euros.
"Con ese importe, es imposible alquilar nada en Jerez", lamenta, porque todo lo que encuentra supera los 700 euros. Tiene el móvil lleno de capturas de pisos de una habitación por 650 euros en zonas humildes de la ciudad, o de dos habitaciones por 800 o 900 euros. "No me niego a pagar, pero algo que pueda. Lo único que quiero es un techo. No pido nada del otro mundo", señalaba a este periódico.
Desde los servicios sociales le han propuesto un albergue o un piso de acogida como solución provisional. Ella se niega a llevar a sus hijos a ese entorno. La prórroga hasta el 4 de julio es, en la práctica, tiempo para seguir buscando lo que hasta ahora no ha aparecido. Su abogado baraja solicitar tres meses más de prórroga. "La incertidumbre sigue. No sé lo que puede pasar", admite.
No hay viviendas disponibles
En el informe remitido al juzgado por la delegación de Acción Social del Ayuntamiento de Jerez —en el que se solicita la suspensión del lanzamiento—, los propios servicios sociales municipales reconocen que "actualmente carecemos de viviendas sociales de emergencia o baja renta vacía que poder adjudicarle". La causa, explican, es la "ingente cantidad de desahucios que se han venido produciendo en Jerez desde el inicio de la anterior crisis" y unos recursos que, según el propio informe, "no se han visto incrementados desde 2007".
El documento señala además que ni Emuvijesa ni la Junta de Andalucía (AVRA) han construido viviendas sociales en ese periodo, y que muchas de las viviendas públicas disponibles se encuentran ocupadas de forma irregular, a la espera de procedimientos de desahucio.
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