Porque en casa de Ana María, una madre trabajadora de Jerez con dos hijos a su cargo —una mayor y otro menor de edad— saben bien lo que es la precariedad. Aunque tenga una nómina y trabaje seis horas al día. 

Ana María tiene marcado en rojo en el calendario el 4 de junio. Ese día, está previsto el desalojo de la vivienda en la que llevan once años. Porque Building Center, la filial inmobilaria de CaixaBank, la ha denunciado por impagos. Hace más de dos años que decidió no pagar el alquiler. “O comemos o pago”, pensó en ese momento. Por ella, pero sobre todos por sus hijos. 

En este piso de la zona Sur de Jerez, llevan once años. Entonces, pagaban unos 150 euros en concepto de alquiler solidario, porque se lo concedieron a su expareja por su condición de expresidiario. "Cuando lo conocí no sabía nada, hasta que después me enteré", cuenta Ana María, que rompió la relación cuando su hijo menor tenía apenas 15 meses. Desde entonces los cría sola.

Entonces, para poner el contrato de alquiler a su nombre tuvo que hacer frente a una deuda de 2.000 euros, y el alquiler subió considerablemente, superando los 300 euros —"yo no tenía antecedentes penales, no me podía acoger"—, que fue pagando con mucho sacrificio, hasta que encontró trabajo. Primero, a media jornada. Ahí fue cuando escuchó la dolorosa frase que abre este artículo, por boca de su hija mayor.

Con empleo fijo... pero sin posibilidades de alquilar

En su trabajo es fija, pero no le alcanza con su sueldo. “A mediados de mes tengo que pedir un anticipo para, al menos, comer. Porque no nos llega”, confiesa. Hace tres años llegó un punto de inflexión. La renta de alquiler seguía siendo de unos 300 euros, pero los gastos habían subido, su sueldo se mantenía, y apenas les quedaban entre 300 y 400 euros para vivir. “O como o pago”, se repitió. 

Dos años después de dejar de pagar, los servicios sociales la reconocieron como familia en situación de vulnerabilidad al comprobar que sus ingresos no alcanzaban el umbral mínimo establecido. Esa declaración paralizó temporalmente el desahucio. Pero la protección tiene fecha de caducidad, y cuando venció, el proceso se reanudó. 

A la propietaria del piso no le ha pedido que le condonen la deuda, sino que le redujeran la cuota, que le dieran un margen de tiempo mientras su hija mayor termina de estudiar y empieza a trabajar, para poder pagarlo entre las dos. La respuesta fue que sin pagar, no había negociación. Ahora tiene otro abogado, que la está ayudando en el proceso. 

“Sigo en la misma situación”, se queja Ana María, que no sabe ya a quien acudir. Con la entidad propietaria del piso intentó llegar a un acuerdo para pactar un alquiler que se pudiera permitir. A Emuvijesa —la empresa municipal de vivienda de Jerez— ha acudido para tantear opciones, pero por sus ingresos no tiene posibilidad de acceder a una vivienda. Y nada.

A la puerta de la Junta de Andalucía también ha llamado. Le dijeron que los casos de vulnerabilidad se derivan a las listas de vivienda protegida de Emuvijesa, y cuenta que ella ya está en esa lista. Lleva catorce años como demandante de vivienda. Nunca la han llamado, porque no cumple los requisitos económicos: para acceder a una vivienda protegida hay que destinar como máximo el 30% de los ingresos a la renta. Y con su sueldo, y el precio de los alquileres, no tiene opciones. 

Ha preguntado por las viviendas de protección oficial que se han puesto a la venta en distintos puntos de Jerez. Le dijeron que el precio mínimo era 190.000 euros. "¿Cuánto tengo que cobrar para comprar algo así?”, se pregunta, retóricamente.

Fecha en rojo: el 4 de junio

Solo piensa en qué hará cuando llegue el 4 de junio. Porque los servicios sociales le han propuesto irse a un albergue o a un piso de acogida, pero no quiere tener a sus hijos en ese “ambiente”. “Antes me quedo bajo un puente”, sostiene.

Ana María lleva tiempo mirando anuncios y más anuncios de portales inmobiliarios. Tiene el móvil lleno de capturas. Pisos de una habitación por 650 euros, en zonas humildes de Jerez. De ahí para arriba. O de 800 o 900 euros con dos habitaciones. Eso tiene ahora: una para ella y otra para sus dos hijos, que llevan toda su vida compartiendo espacio. 

"No me niego a pagar. Si hay una cuota que pueda pagar, yo pago. Lo único que quiero es un techo. No pido nada del otro mundo. Tengo una casa en un barrio corriente, sin lujos, en una calle que ni siquiera está cerca del centro”, describe esta trabajadora jerezana, que para colmo ha tenido problemas vecinales recientemente. 

Porque hace un año hubo algunos inquilinos problemáticos en el bloque. “Había veces que llegaba de trabajar y me encontraba un dispositivo policial, o que no podía entrar en mi casa”, rememora. “Claro que si fuera por mí, me hubiera ido ya, pero es que no puedo”, añade Ana María, sin poder evitar que se le salten las lágrimas.

“Esto no es vida”, dice. “Llevamos luchando y sufriendo mucho tiempo”. No lo dice para dar lástima, sino para contar cómo es el entorno en el que ha criado a sus hijos, porque su situación laboral —nunca ha dejado de trabajar— no le ha permitido acceder a una vivienda mejor. Hasta ha llegado a solicitar un aumento de sueldo, que pudiera aliviarle la situación.

Cuando dice que lo ha intentado todo, no miente. Ana María no pide que le regalen nada. Lo repite varias veces durante la conversación. Solo una oportunidad. Un techo para ella y sus hijos. Porque el 4 de junio, si nada cambia, tendrán que irse. No sabe adónde. Es un pensamiento que no se le va de la cabeza. Pero tira hacia adelante por sus hijos. “Son los que me hacen levantarme cada mañana para ir a trabajar”.