Las monjas de Belorado (Burgos), que en marzo fueron desahuciadas del convento en el que estaban, se enfrentan a una petición, cada una de ellas, de 12 años de cárcel por parte de la Fiscalía por el trato al que sometieron a las cinco monjas mayores y la apropiación de sus pensiones. La petición de prisión ha sido comunicada por el propio grupo de exclarisas a través de un comunicado en el que se declaran “inocentes de las graves acusaciones” y afirman enfrentarse al proceso judicial con la “serenidad de quienes saben que no han cometido los hechos que se le imputan." 

En ese mismo comunicado, las exmonjas afirman que "lejos de encontrar comprensión, sentimos que la presión sobre nuestra comunidad no ha dejado de aumentar, asemejándose más bien a una caza de brujas como en la antigua Inquisición. Vivimos este proceso con enorme tristeza y con la convicción de que se pretende quebrar nuestra comunidad y destruir nuestro proyecto de vida". Las siete exreligiosas han sido investigadas por presuntos delitos de abandono, coacciones, trato degradante, apropiación indebida y administración desleal contra otras religiosas con edades comprendidas entre los 87 y los 101 años. 

El procedimiento penal se produce apenas unas semanas después de que el Tribunal Supremo declarara firme, el pasado 18 de junio, la sentencia de la Audiencia Provincial de Burgos que confirmó el desahucio del monasterio de Belorado, ejecutado el 12 de marzo. El Alto Tribunal inadmitió el recurso de casación presentado por las exclarisas, confirmó la resolución anterior e impuso a las recurrentes el pago de las costas, dejando además claro que contra esta decisión ya no cabe recurso.

El Supremo ratifica el desahucio y limita la representación legal del monasterio

En su resolución, el Tribunal Supremo respaldó el criterio de las instancias anteriores al considerar que existía una "falta de legitimidad de las recurrentes" para actuar en representación de la comunidad religiosa. Los magistrados señalaron que el derecho a la libertad religiosa invocado había sido ejercido por las demandadas "a título personal y no en representación del monasterio". Del mismo modo, concluyeron que la exabadesa Laura García de Viedma carecía de facultades para representar legalmente al cenobio, una competencia que corresponde al arzobispo de Burgos, Mario Iceta, en su condición de Comisario Pontificio.

Pero el tema del desahucio no es el único al que se enfrentan las exmonjas, que tienen otra causa pendiente. En este sentido, hay que recordar que el Tribunal de Instancia de Briviesca acordó inhibirse en favor de los juzgados de Burgos en la investigación abierta por la venta de 1,73 kilos de oro, valorados en unos 130.000 euros. La decisión no entra a valorar la posible existencia de delito, sino que responde exclusivamente a una cuestión de competencia territorial.

El tribunal argumentó que "no concurre ningún elemento que permita vincular territorialmente la causa" con el partido judicial de Briviesca, ya que la operación investigada se realizó en Burgos capital. En consecuencia, serán los juzgados de esa ciudad los encargados de continuar con la investigación sobre una causa que se suma al complejo proceso judicial que afrontan actualmente las exclarisas de Belorado.