La Mesa del Parlamento de Andalucía ha admitido a trámite la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) impulsada por CSIF para reclamar la devolución de la parte autonómica de las pagas extraordinarias detraída de las nóminas de los empleados públicos andaluces en 2013 y 2014. La organización sindical, mayoritaria en las administraciones públicas, cifra estas cantidades en unos 2.000 euros de media por trabajador. La iniciativa fue registrada el pasado mes de julio por el presidente de CSIF Andalucía, Germán Girela, como miembro de la Comisión Promotora.

Girela ha destacado que la admisión supone "un paso decisivo para que una reivindicación que afecta a miles de trabajadores públicos andaluces pueda ser debatida en el Parlamento y, de una vez por todas, se haga justicia con nuestros derechos". El siguiente paso será la recogida de firmas, una vez que la Junta Electoral de Andalucía notifique que puede comenzar. "Vamos a movilizar todos nuestros recursos para conseguir el respaldo necesario y que esta iniciativa siga avanzando", ha señalado.

CSIF lleva años reclamando la recuperación de estas cantidades, detraídas como consecuencia de las medidas extraordinarias de reducción retributiva aprobadas por la Junta en un contexto económico "excepcional y que ya no existe". El sindicato también vincula la situación al incumplimiento del Acuerdo Marco de 13 de julio de 2018 para la mejora de la calidad en el empleo público y de las condiciones de trabajo del personal del sector público, que contemplaba la restitución de este concepto. Según CSIF, de todas las comunidades que aprobaron el recorte, "Andalucía es la única que ni siquiera ha iniciado su devolución".

Las movilizaciones

La organización comenzó sus movilizaciones en septiembre de 2023 en las ocho provincias bajo el lema La Junta no cumple y continuó el 4 de octubre con una protesta ante el Palacio de San Telmo, en Sevilla. También solicitó reuniones con la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, "que no tuvo a bien recibirnos", y con los grupos parlamentarios. El 4 de marzo de 2024, CSIF volvió a movilizarse en las ocho provincias para reclamar el cumplimiento de su reivindicación y denunciar la falta de avances.

El sindicato también recuerda que la Ley de Presupuestos para 2025 derogó, entre otros, los artículos 6 y 17 de la Ley 3/2012, que establecía medidas de reducción retributiva para 2013 y 2014, dejando sin efecto los recortes a altos cargos y personal directivo del sector público. "Es injustificable que el Gobierno andaluz no dudase ni un minuto en derogar la normativa necesaria para subirse el sueldo, pero no reparase en que las empleadas y empleados públicos tienen derecho a cobrar lo que es suyo", ha denunciado Girela, quien recuerda además que el PP, cuando estaba en la oposición, reclamaba acabar con esta situación y llegó a comprometerse en su programa electoral de 2018.

Tras la admisión a trámite de la ILP, CSIF ha llamado a las empleadas y empleados públicos y al conjunto de la ciudadanía andaluza a respaldar la iniciativa cuando se abra el periodo de recogida de firmas. "Con la admisión a trámite de esta iniciativa damos un paso más para hacer justicia, pero ahora llega el momento de que los andaluces muestren su apoyo con su firma a quienes sostienen nuestros servicios públicos y han demostrado de sobra su compromiso durante los años más difíciles de la crisis económica y, posteriormente, la pandemia por la COVID-19".