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El Gobierno prepara para este martes un real decreto ley de vivienda con una batería de medidas en diez ámbitos para hacer frente a la crisis habitacional y reforzar la protección del derecho a la vivienda. El Ministerio de Vivienda subraya que está trabajando con los grupos parlamentarios para sacar adelante un texto "ambicioso y transversal", aunque las negociaciones continúan abiertas y Sumar advierte de que el acuerdo todavía está "muy lejos".
La propuesta llega después del desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años que llevaba más de 70 viviendo en una vivienda del madrileño barrio de El Retiro con un contrato de renta antigua, y en plena protesta por la situación de la vivienda, con cientos de personas acampadas en la Puerta del Sol. Entre las medidas planteadas figura una mayor protección frente a los desahucios, con el compromiso expresado por el Ministerio de que "no haya una sola Maricarmen más".
El Ejecutivo también plantea prohibir la compra especulativa por parte de los fondos buitre, al defender que las viviendas deben destinarse a vivir. A ello se suma la intención de estabilizar los contratos de alquiler para proteger a las personas que viven en comunidades donde no se aplica la Ley de Vivienda frente a subidas "abusivas", así como al conjunto de los inquilinos ante las renovaciones de sus contratos.
Otro de los bloques contempla la regulación del alquiler de temporada para combatir el fraude en los contratos de corta duración. El Gobierno propone además aplicar un IVA a los pisos turísticos para que tributen como lo que considera que son, "un negocio", y tratar de frenar su proliferación. El paquete incluye igualmente bonificaciones fiscales para los inquilinos, con las que el Ejecutivo pretende rebajar su esfuerzo económico "de manera inmediata", y para los propietarios que reduzcan el precio de sus alquileres, con la intención de incentivar una bajada de las rentas.
Entre las medidas figura también la ayuda para la compra de la primera vivienda, dirigida a quienes quieren adquirir un inmueble pero no cuentan con ahorros previos. El Ministerio plantea además blindar el parque estatal de vivienda para evitar que las viviendas pagadas con dinero público terminen en manos de especuladores. A estas propuestas se suma una bajada del IVA a la construcción de vivienda protegida con calificación permanente, al considerar el Gobierno que esta regulación debe ir acompañada de una ampliación del parque de vivienda asequible.
Negociación
El Ministerio de Vivienda insiste en que la concreción de estas medidas continúa en negociación y que el Gobierno "está afanándose" en alcanzar un acuerdo entre los grupos parlamentarios que responda al "clamor social" y permita mejorar el acceso de la ciudadanía a la vivienda. Sin embargo, Sumar, socio de coalición del PSOE, sostiene que el pacto sobre el texto sigue "muy lejos" y advierte de que no respaldará un decreto "que no esté a la altura del momento que exige la ciudadanía".
Sumar defendía que el decreto, cuya aprobación estaba inicialmente prevista para julio pero fue retrasada por falta de apoyos, debía llegar a este Consejo de Ministros "sí o sí" y que no se contemplaba otra opción. En este contexto, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha llamado incluso a movilizarse contra el Ejecutivo del que forma parte.
El Gobierno prepara para este martes un real decreto ley de vivienda con una batería de medidas en diez ámbitos para hacer frente a la crisis habitacional y reforzar la protección del derecho a la vivienda. El Ministerio de Vivienda subraya que está trabajando con los grupos parlamentarios para sacar adelante un texto "ambicioso y transversal", aunque las negociaciones continúan abiertas y Sumar advierte de que el acuerdo todavía está "muy lejos".
La propuesta llega después del desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años que llevaba más de 70 viviendo en una vivienda del madrileño barrio de El Retiro con un contrato de renta antigua, y en plena protesta por la situación de la vivienda, con cientos de personas acampadas en la Puerta del Sol. Entre las medidas planteadas figura una mayor protección frente a los desahucios, con el compromiso expresado por el Ministerio de que "no haya una sola Maricarmen más".
El Ejecutivo también plantea prohibir la compra especulativa por parte de los fondos buitre, al defender que las viviendas deben destinarse a vivir. A ello se suma la intención de estabilizar los contratos de alquiler para proteger a las personas que viven en comunidades donde no se aplica la Ley de Vivienda frente a subidas "abusivas", así como al conjunto de los inquilinos ante las renovaciones de sus contratos.
Otro de los bloques contempla la regulación del alquiler de temporada para combatir el fraude en los contratos de corta duración. El Gobierno propone además aplicar un IVA a los pisos turísticos para que tributen como lo que considera que son, "un negocio", y tratar de frenar su proliferación. El paquete incluye igualmente bonificaciones fiscales para los inquilinos, con las que el Ejecutivo pretende rebajar su esfuerzo económico "de manera inmediata", y para los propietarios que reduzcan el precio de sus alquileres, con la intención de incentivar una bajada de las rentas.
Entre las medidas figura también la ayuda para la compra de la primera vivienda, dirigida a quienes quieren adquirir un inmueble pero no cuentan con ahorros previos. El Ministerio plantea además blindar el parque estatal de vivienda para evitar que las viviendas pagadas con dinero público terminen en manos de especuladores. A estas propuestas se suma una bajada del IVA a la construcción de vivienda protegida con calificación permanente, al considerar el Gobierno que esta regulación debe ir acompañada de una ampliación del parque de vivienda asequible.
Negociación
El Ministerio de Vivienda insiste en que la concreción de estas medidas continúa en negociación y que el Gobierno "está afanándose" en alcanzar un acuerdo entre los grupos parlamentarios que responda al "clamor social" y permita mejorar el acceso de la ciudadanía a la vivienda. Sin embargo, Sumar, socio de coalición del PSOE, sostiene que el pacto sobre el texto sigue "muy lejos" y advierte de que no respaldará un decreto "que no esté a la altura del momento que exige la ciudadanía".
Sumar defendía que el decreto, cuya aprobación estaba inicialmente prevista para julio pero fue retrasada por falta de apoyos, debía llegar a este Consejo de Ministros "sí o sí" y que no se contemplaba otra opción. En este contexto, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha llamado incluso a movilizarse contra el Ejecutivo del que forma parte.
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