Después de que en la tarde de este domingo la delegada sindical de USO, Pilar Bravo, denunciara a lavozdelsur.es el "atentado contra la salud pública" que se estaba viviendo en el centro de trabajo que Majorel, la multinacional de atención al cliente, tiene en el Parque Empresarial de Jerez, la Policía y la Inspección de Trabajo se personaron en las oficinas para certificar que no están llevándose a cabo las necesarias medidas de salud, prevención e higiene para prevenir nuevos contagios de Covid-19.
Ni 24 horas después, agentes de la Policía Nacional han ordenado desalojar el edificio, con unos 400 empleados en su interior, y ha procedido a precintar las instalaciones, según ha trasladado la representante sindical a este medio. Los trabajadores y las trabajadoras del centro han hecho pública la denuncia de las condiciones de trabajo en las que han tenido que continuar desarrollando su labor y han asegurado que la empresa seguía sin aplicar las medidas preventivas y sin facilitar los medios materiales de EPI (Equipos de Protección Individual) ante una situación de alarma decretada por el Gobierno de la Nación por el alto contagio que provoca la epidemia del coronavirus.
En este sentido, Adelante Jerez ha considerado, en una nota de prensa, que es "intolerable que existan empresas que hagan caso omiso a las restricciones, a las obligaciones y a las recomendaciones tanto del Gobierno, de las administraciones públicas como de las autoridades sanitarias poniendo en peligro tanto la salud de sus trabajadores como la del resto de la sociedad, ya que una de las características del Covid-19 es su rápido contagio".
Es por ello que esta formación política ha propuesto un aumento de la vigilancia de las fuerzas de seguridad y de las autoridades pertinentes en centros de trabajo como Majorel donde se pueden llegan la concentrar entre 1.000 y 1.500 trabajadores; o Correos —también se han denunciado estas circunstancias— donde el contacto con el público es constante, convirtiéndose así en un principal foco de infección. La falta de la responsabilidad, en este sentido, por parte de las empresas no puede ni debe quedar impune porque la situación es crítica y lo que está en juego es la salud pública.
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