La Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) ha paralizado los procedimientos que afectan a inquilinos tal y como obliga el decreto que desarrolla la declaración de estado de alarma, que suspende todos los trámites administrativos durante el periodo que dure dicho estado de alarma.
Los requerimientos dirigidos a vecinos de diversos grupos de viviendas públicas de la barriada de la Paz para que abonaran sus deudas por cuotas de comunidad se realizaron antes de la declaración del estado de alarma a instancias de los presidentes de las comunidades de vecinos que, en una reunión mantenida con el equipo social de AVRA, manifestaron su preocupación por el mantenimiento de las zonas comunes y ante el riesgo de que los ascensores dejaran de funcionar, con el consecuente peligro de aislamiento para las personas que residen en los plantas más altas.
Esos requerimientos fueron dirigidos a 17 usuarios de las comunidades de la calle Barbate 58-B, 60-B duplicado y 62 triplicado, bloques que forman parte de una promoción de 180 viviendas públicas.
La Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía lamenta que este hecho haya sido objeto de denuncia por parte de la asociación Pro-Derechos Humanos de Andalucía en Cádiz, entidad que en estos tiempos tan adversos no ha contrastado la información que le ha llegado con esta agencia, con la que siempre ha mantenido buenas relaciones y permanente contacto, creando un alarmismo innecesario e inoportuno al asegurar que “AVRA está amenazando judicialmente a numerosos vecinos de la barriada de La Paz en plena crisis del Coronavirus por no pagar la comunidad”, según una nota emitida por la propia ONG y cuyo contenido AVRA desmiente categóricamente.
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