"Los agentes no pudieron predecir ni evitar el fatal final", concluye el auto del juzgado que investigaba las causas de la muerte de Daniel Jiménez, un vecino de Algeciras de 38 años fallecido en los calabozos de la comisaría de Policía Nacional el pasado 1 de junio. La versión policial habla de ahorcamiento, pero la familia no se la cree. La Asociación de Juristas Gitanos interpuso denuncia penal por supuestos delitos de odio ante la Fiscalía de Cádiz, ante la sospecha de que la muerte hubiera podido tener una causa distinta a la del suicidio a fin de depurar las responsabilidades penales y civiles que correspondan, si las hubiera, pero el juzgado archiva la investigación por segunda vez.
"No aparece dato alguno en lo investigado que apunte a que los agentes que estaban custodiando los calabozos actuaran con falta de diligencia en el desgraciado incidente autolítico que acabó con el fallecimiento del detenido, y ello tras analizarse minuciosamente las grabaciones de lo sucedido", recoge el auto de archivo, como publica eldiario.es, que informa de que Juristas Gitanos ha recurrido esta decisión.
"Los agentes aquella noche actuaron como era de esperar, llevándolo a recibir asistencia sanitaria cuando se produjo heridas con un azulejo que partió, cambiándolo de celda para evitar que volviera a dañarse, hablando con él, acompañándolo al servicio y haciendo rondas de seguridad, en una de las cuales se descubrió el cadáver. El detenido no tenía nada que pudiera usar para volver a hacerse daño, sólo una manta para cubrirse, que fue lo que usó para quitarse la vida", reseña el auto.
Juristas Gitanos detectó, al menos, cinco anomalías en el caso de Daniel Jiménez, como que no se entregara el cadáver a la familia hasta cinco después de su muerte; que el caso se resolviera por providencia y no por auto, "siendo esta forma de resolver jurídicamente inadmisible, nula de pleno de derecho"; que aun no se haya admitido la personación de la acusación particular, lo que impide la obtención de los autos y demás documentos obrantes, como es el atestado policial o las fotografías de la autopsia; que sea el segundo fallecimiento por suicidio en esa misma comisaría en solo cinco meses y no se haya tomado declaración a ningún policía; o que no se disponga de un informe preliminar de la autopsia, lo que impide el análisis pericial de otro médico forense.
Además, se da la circunstancia de que el pasado 23 de enero, otro joven de 23 años falleció en extrañas circunstancias en la misma comisaría. El marroquí Imad Eraffali, licenciado en Ciencias Económicas en la Universidad de Marruecos, se montó en una patera a mediados de 2019 para reunirse con su hermana, residente en España desde hace doce años. Tras ser rescatado por Salvamento Marítimo, Imad pudo llegar hasta la localidad almeriense de El Ejido, mientras se tramitaba su expediente de devolución a su país de origen. En Algeciras, fue detenido durante un control rutinario de la Policía, que comprobó que constaba sobre él una orden de devolución a Marruecos. Ese mismo día, unas horas después, fue encontrado ahorcado en su celda, a consecuencia de “asfixia mecánica por ahorcadura”, según recoge la autopsia.
Los fallecimientos de Imad Eraffali y Daniel Jiménez provocaron que la delegación del Campo de Gibraltar de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha) registrara una queja ante el Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura (MNPT), que visitó la comisaría hace unos meses. “Cada muerte bajo custodia es un fracaso absoluto tanto de la Administración como de la sociedad”, criticaban desde la Apdha, que espera que “se adopten cuantas medidas sean necesarias para evitar nuevos casos, que se aclaren las causas de ambas muertes y que, en cualquier caso, las familias de Imad y Daniel encuentren reparación y justicia”.
Comentarios