La Obispado de Asidonia-Jerez ha reunido en el Salón Juan Pablo II de la sede episcopal a los hermanos mayores y a los presidentes de los consejos de las hermandades y cofradías de la diócesis para una jornada formativa de cara a la entrada en vigor de la nueva normativa sobre piedad popular y hermandades y cofradías, concebida para "proteger la identidad cristiana y eclesial y reforzar la misión evangelizadora" de la Iglesia.

El documento, que comenzará a aplicarse de forma progresiva y 'ad experimentum' el próximo 24 de septiembre de 2026, se cobija bajo una fórmula que el obispo, José Rico Pavés, describía como "habitual últimamente en la Iglesia", según fuentes consultadas presentes en la reunión, y que permite "verificar, revisar y actualizar las disposiciones en función de la vida de las cofradías".

Especial significación tiene el hecho que se indicase que la norma se comenzará a aplicar de forma progresiva, ya que todo parece indicar que no habrá que hacer relevos en los martillos de las distintas hermandades en la Semana Santa de 2027, ni tampoco habrá que cesar, de momento, a vestidores, capataces y demás incompatibilidades presentes en la norma.

No obstante, señalan estas fuentes que dentro de su discurso, monseñor Rico Pavés explicaba que la entrega del documento debe vivirse como "un acontecimiento eclesial y una presentación abierta al conocimiento de todos" y pedía a los asistentes que "transmitan su contenido al resto de los hermanos" e invitaba a los hermanos mayores a reunir a sus juntas de gobierno para "orientar su recepción y puesta en marcha dentro de la Iglesia".

Comunión, participación y misión han sido los conceptos que ha reiterado el prelado jerezano, antes de señalar que también habrá encuentros con secretarios y tesoreros de las distintas juntas de gobierno para abordar cuestiones específicas; el primero está previsto para el 22 de octubre de este año.

En esa jornada, les llegará el turno a los secretarios y tesoreros los que participen en una segunda jornada formativa, donde se expondrán asuntos relacionados con las tareas que desempeñan en las distintas juntas de gobierno, si bien uno de los asuntos más relevantes será la aportación del 5% de los ingresos de las cuotas y papeletas de sitio al Fondo Común Diocesano, tanto a Palacio como a las parroquias a las que pertenezcan.

Una norma que defiende la calidad por encima de la cantidad

El vicario general de la diócesis, Roberto Romero, tal y como marcaba el programa de la convocatoria ofrecía acto seguido una presentación general en la que ha situado "la identidad cristiana y eclesial como el bien más valioso de las cofradías" y exponía que el documento busca proteger, frente a movimientos o cuestiones que "puedan dañarla o desprestigiarla".

En este sentido, defendía "la calidad por encima de la cantidad", al considerar que esta carece de sentido sin aquella, y destacaba "el cuidado de lo sagrado, el testimonio de fe y los cultos externos como vías para despertar el interés por el Dios al que rezan los cofrades", mejorando así la evangelización.

Un año para aportar correcciones y dos para adaptar las reglas

Como segunda de las intervenciones del orden del día previsto — más allá de la presentación y bienvenida de Mons. Rico Pavés, finalmente presente en el acto—, el delegado diocesano de Asuntos Jurídicos para Hermandades y Cofradías, Juan Azcárate, sería el encargado de desarrollar la intervención más extensa, explicando las implicaciones jurídicas de una normativa guiada por tres principios: unificación, simplificación y clarificación.

Así pues, tal y como recogía el documento del que nos hacíamos eco en lavodelsur.es, la nueva Normativa Diocesana sobre Piedad Popular y Hermandades y Cofradías que se firmó el 15 de agosto y cuyo cronograma presentado sitúa su entrada en vigor el 24 de septiembre, señalaba Azcárate que "no estará cerrada a cal y canto", sino que ofrecerá un año para recibir correcciones y sugerencias "avaladas siempre por rigor jurídico formal y alejadas de simples opiniones".

A partir del 24 de septiembre de 2027, con la aprobación definitiva de la norma, se abrirá un plazo de dos años para reformar estatutos, reglamentos de régimen interno y el conjunto de las reglas de las hermandades, estando exenta de tasas su aprobación por la delegación diocesana.

Azcárate, no obstante, abordaba asimismo la prelación normativa del texto y presentaba un decálogo de novedades sobre las que incidía en el cambio de enfoque que establece esta nueva normativa. A partir de ahora, las hermandades y consejos deberán "insistir en su dimensión evangelizadora y formativa, con atención a los ámbitos teológico, sacramental, eucarístico y caritativo, así como a la participación en la vida de la Iglesia" con mayor intensidad.

Otra de las novedades más importantes del decálogo presentado es la que regula a las agrupaciones parroquiales, que podrán ser transitorias o permanentes. Y dejaba claro que la diócesis "no favorece la proliferación de hermandades sin una verdadera necesidad espiritual", de ahí la posibilidad de mantener agrupaciones con carácter permanente.

Especial atención a la protección de menores, personas vulnerables y la protección de datos

Otras informaciones relevantes eran las concernientes a que "las hermandades sean entornos seguros y responsables civilmente", con especial atención a la protección de menores y personas vulnerables y a la protección de datos y que, a partir de ahora, se invierten los procesos a la hora de aprobar distintas iniciativas como adquisiciones, enajenaciones o cultos extraordinarios.

Con la entrada en vigor de la norma, la propuesta seguirá partiendo de la junta de gobierno, pero deberá recibir primero el visto bueno del ordinario y del obispado, antes de elevarse al pleno o al cabildo general para su ratificación y adquisición de valor jurídico. En este sentido, para los cultos ordinarios bastará el visado previo del asistente eclesiástico o párroco, con al menos 15 días para su tramitación. Los extraordinarios necesitarán licencia expresa de la diócesis, solicitada con un mínimo de 45 días de antelación, y la hermandad deberá estar al corriente de sus pagos para obtenerla.

Dentro del capítulo disciplinario y posibles sanciones, se abordaba la polémica de los retrasos en las distintas estaciones de penitencia, donde las hermanades y cofradías podrían perder hasta el 100% de las cantidades que obtienen por palcos y sillas, informándose de que en el caso de que alguna hermandad fuese sancionada, el importe de la sanción sería repartido entre todas las hermandades que conformen en consejo de forma equitativa. Es decir, pasaría a formar parte del reparto del resto de hermandades.

Solo 17 aportaciones a la norma en una diócesis con unas 200 entidades

En su intervención sobre las hermandades y cofradías en la misión evangelizadora de la Iglesia, la delegada diocesana al frente de estas cuestiones, Elena Gómez Mateos, recordaba que todos los cargos reciben el encargo de evangelizar. Y que esa tarea se desarrolla a través de los sentidos, de las bolsas de caridad y del testimonio.

Además de lo anterior, Gómez destacaba también el documento reconoce el valor de los hermanos mayores mediante funciones específicas, entre ellas promover la formación doctrinal y espiritual de todos los hermanos e instaba a acudir siempre a la normativa, a su interpretación y al servicio de la delegación diocesana.

Ofreciendo datos más cuantitativos que cualitativos, el subdelegado diocesano de Hermandades y Cofradías, Orlando Lucena, repasaba el trabajo de la comisión encargada de elaborar la normativa y recordaba que la diócesis cuenta con 170 hermandades — en torno a 200 si se suman las agrupaciones parroquiales— y que solamente se han recibido 17 aportaciones: seis de sacerdotes, dos de consejos locales y nueve de hermandades, correspondientes a siete de Jerez y dos de Sanlúcar.

Por tanto, desde que se abrió el proceso de recepción de propuestas en 2023 y se cerró el año pasado, con una invitación por escrito a las hermandades para que plantearan cuestiones al nuevo texto, solo el 5% de las corporaciones cofrades se han preocupado de presentar propuestas.

Y resulta cuanto menos curioso que, entre las propuestas remitidas por las hermandades, figure la de impedir que el hermano mayor ejerza como capataz de su cofradía durante la estación de penitencia o cualquier otro culto externo. Esta aportación formó parte del proceso de elaboración de una normativa cuya presentación abre ahora la etapa de recepción y aplicación progresiva en las hermandades.