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Los XX Premios Escaparate, celebrados el pasado 17 de septiembre en Sevilla, han abierto una nueva vía judicial. Iustitia Europa ha presentado una denuncia ante la Sección de Instrucción de Guardia del Tribunal de Instancia de Sevilla por unos hechos que, según sostiene la formación, pudieran ser constitutivos de delitos de prevaricación administrativa y malversación. La denuncia se dirige contra quienes pudieran resultar responsables y reclama que la investigación determine la participación concreta de autoridades, funcionarios y otros responsables públicos en las decisiones relacionadas con la celebración del evento.
La actuación de Iustitia Europa afecta a tres administraciones: el Ayuntamiento de Sevilla y Contursa, bajo gobierno municipal del PP; la Junta de Andalucía, y en particular la Consejería de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, dirigida por Vox; y la Diputación Provincial de Sevilla, presidida por el PSOE. Uno de los principales asuntos que la formación quiere que se esclarezca es la utilización de la Plaza Virgen de los Reyes para organizar los premios. Iustitia Europa sostiene que la ordenanza municipal establece una prohibición específica para determinados eventos en este espacio y señala que el Ayuntamiento, a través de Contursa, asumió la condición de organizador o coorganizador y solicitó la ocupación de la plaza.
En este punto, la formación también reclama reconstruir la secuencia administrativa que permitió la celebración de la gala en este enclave. Para ello, recuerda que la propia delegada municipal de Turismo manifestó públicamente que una empresa privada no podía solicitar el uso de la Plaza Virgen de los Reyes, mientras que el Ayuntamiento sí podía hacerlo. La denuncia pide, por tanto, que se determine cómo Contursa asumió la organización del evento y formuló la solicitud que permitió ocupar este espacio.
El dinero público
La denuncia pone además el foco en la financiación pública de los premios. Según los datos recogidos por Iustitia Europa, el Ayuntamiento de Sevilla aportó 14.900 euros más IVA, hasta alcanzar los 18.029 euros, mientras que la Junta de Andalucía aportó otros 14.900 euros más IVA mediante un contrato menor de patrocinio. La cantidad total señalada asciende así a 36.058 euros. El presidente de Iustitia Europa, Luis María Pardo, ha defendido que "el dinero público no es del PP, del PSOE ni de VOX" y ha añadido que "no está para mariscadas, cenas privadas o galas". "Es de todos los ciudadanos. La vieja política del 78 y las cúpulas de los partidos siguen confundiendo las Administraciones con su patrimonio. Nosotros vamos a recordarles en los tribunales algo muy sencillo: las instituciones y el dinero público pertenecen a los ciudadanos", ha señalado.
La Diputación de Sevilla también aparece en la denuncia por unas instalaciones próximas a la Plaza del Triunfo. Iustitia Europa recoge en este apartado las declaraciones del promotor de los premios, Mario Niebla, quien afirmó que el presidente de la Diputación le remitió un contrato para utilizar dependencias de la Casa de la Provincia como camerino de los artistas. Según el propio promotor, ese contrato finalmente no fue aceptado y desde la Diputación trasladan que la Casa de la Provincia no se utilizó y que Javier Fernández declinó acudir a la cena. La formación ha solicitado al juzgado la incoación de diligencias previas, la identificación de las personas que participaron en las decisiones denunciadas y la determinación de posibles responsabilidades penales. También pide que se le notifique el eventual auto de incoación para poder formalizar su personación como acusación popular.
La polémica cuenta además con una segunda actuación. Adelante Andalucía ha presentado ante Icomos, organización asociada con la Unesco, una denuncia por el evento celebrado en la Plaza Virgen de los Reyes, declarada Patrimonio Mundial de la Humanidad en 1987. La formación reclama que se valore si la ocupación temporal y las instalaciones utilizadas pudieron afectar a los valores históricos, arquitectónicos y urbanos del bien, así como si se vulneró la prohibición expresa de ocupar la plaza recogida en la ordenanza municipal. Su portavoz de la Asamblea Local de Sevilla, Nacho Molina, ha asegurado que "no permitirán que ningún grupo político ni alcaldía use los espacios públicos de Sevilla como su cortijo para fiestorros, ignorando sus propias ordenanzas y poniendo en peligro un bien de incalculable valor cuya conservación es obligación de las administraciones públicas".
Adelante también ha pedido comprobar si la Administración competente en patrimonio "evaluó suficientemente" el riesgo para el entorno protegido. Su denuncia ante Icomos consta de cinco escritos con documentos gráficos del evento y sus preparativos, la ordenanza municipal y publicaciones de medios de comunicación.
Los XX Premios Escaparate, celebrados el pasado 17 de septiembre en Sevilla, han abierto una nueva vía judicial. Iustitia Europa ha presentado una denuncia ante la Sección de Instrucción de Guardia del Tribunal de Instancia de Sevilla por unos hechos que, según sostiene la formación, pudieran ser constitutivos de delitos de prevaricación administrativa y malversación. La denuncia se dirige contra quienes pudieran resultar responsables y reclama que la investigación determine la participación concreta de autoridades, funcionarios y otros responsables públicos en las decisiones relacionadas con la celebración del evento.
La actuación de Iustitia Europa afecta a tres administraciones: el Ayuntamiento de Sevilla y Contursa, bajo gobierno municipal del PP; la Junta de Andalucía, y en particular la Consejería de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, dirigida por Vox; y la Diputación Provincial de Sevilla, presidida por el PSOE. Uno de los principales asuntos que la formación quiere que se esclarezca es la utilización de la Plaza Virgen de los Reyes para organizar los premios. Iustitia Europa sostiene que la ordenanza municipal establece una prohibición específica para determinados eventos en este espacio y señala que el Ayuntamiento, a través de Contursa, asumió la condición de organizador o coorganizador y solicitó la ocupación de la plaza.
En este punto, la formación también reclama reconstruir la secuencia administrativa que permitió la celebración de la gala en este enclave. Para ello, recuerda que la propia delegada municipal de Turismo manifestó públicamente que una empresa privada no podía solicitar el uso de la Plaza Virgen de los Reyes, mientras que el Ayuntamiento sí podía hacerlo. La denuncia pide, por tanto, que se determine cómo Contursa asumió la organización del evento y formuló la solicitud que permitió ocupar este espacio.
El dinero público
La denuncia pone además el foco en la financiación pública de los premios. Según los datos recogidos por Iustitia Europa, el Ayuntamiento de Sevilla aportó 14.900 euros más IVA, hasta alcanzar los 18.029 euros, mientras que la Junta de Andalucía aportó otros 14.900 euros más IVA mediante un contrato menor de patrocinio. La cantidad total señalada asciende así a 36.058 euros. El presidente de Iustitia Europa, Luis María Pardo, ha defendido que "el dinero público no es del PP, del PSOE ni de VOX" y ha añadido que "no está para mariscadas, cenas privadas o galas". "Es de todos los ciudadanos. La vieja política del 78 y las cúpulas de los partidos siguen confundiendo las Administraciones con su patrimonio. Nosotros vamos a recordarles en los tribunales algo muy sencillo: las instituciones y el dinero público pertenecen a los ciudadanos", ha señalado.
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La polémica cuenta además con una segunda actuación. Adelante Andalucía ha presentado ante Icomos, organización asociada con la Unesco, una denuncia por el evento celebrado en la Plaza Virgen de los Reyes, declarada Patrimonio Mundial de la Humanidad en 1987. La formación reclama que se valore si la ocupación temporal y las instalaciones utilizadas pudieron afectar a los valores históricos, arquitectónicos y urbanos del bien, así como si se vulneró la prohibición expresa de ocupar la plaza recogida en la ordenanza municipal. Su portavoz de la Asamblea Local de Sevilla, Nacho Molina, ha asegurado que "no permitirán que ningún grupo político ni alcaldía use los espacios públicos de Sevilla como su cortijo para fiestorros, ignorando sus propias ordenanzas y poniendo en peligro un bien de incalculable valor cuya conservación es obligación de las administraciones públicas".
Adelante también ha pedido comprobar si la Administración competente en patrimonio "evaluó suficientemente" el riesgo para el entorno protegido. Su denuncia ante Icomos consta de cinco escritos con documentos gráficos del evento y sus preparativos, la ordenanza municipal y publicaciones de medios de comunicación.
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