La familia de Hugo Pozo, el niño jerezano que sufrió un grave corte en el pabellón Francisco Blanca de Cádiz en julio de 2025, no da crédito a la respuesta que ha recibido por parte de la compañía aseguradora del recinto. Porque Zurich Seguros, aseguradora del Ayuntamiento de Cádiz, ha presentado un escrito de alegaciones al expediente de responsabilidad patrimonial iniciado por la familia, por el que deniega toda posible indemnización.

Hugo tenía seis años cuando, tras disputar un campeonato de fútbol sala, resbaló en las duchas del vestuario mientras su hermano mayor le daba un abrazo para consolarlo por la derrota. Cayó sobre una poceta de ducha que, según la familia, estaba mal instalada. Sufrió un profundo corte en el glúteo, tuvo que ser operado de urgencia y recibió 75 puntos de sutura.

Zurich solicita ahora que se declare la "falta de responsabilidad de la Administración y su aseguradora". Es decir, que no se indemnice a la familia. Más de 14 meses después, el niño, que ya ha cumplido siete años, sigue recibiendo atención psicológica, ha dejado de jugar al fútbol y vive con miedo a que cualquier golpe le vuelva a abrir la herida, según ha relatado su padre a este periódico.

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Hugo recibió 75 puntos de sutura tras caerse en un pabellón de Cádiz y un año después sigue exigiendo respuestas Francisco Romero

Los argumentos de la aseguradora

En el escrito de Zurich, registrado en el Ayuntamiento gaditano el 2 de septiembre, se exponen varios argumentos para rechazar la responsabilidad municipal. En primer lugar, la compañía sostiene que el menor no pertenecía al equipo que se encontraba en el vestuario y que accedió a él "indebidamente", sin que se hubiera solicitado autorización para entrar en una zona restringida.

Además, añade que el reglamento de la instalación establece que ningún menor puede permanecer en el vestuario sin la supervisión de un adulto y que los hechos ocurrieron cuando el niño estaba bajo la vigilancia de sus responsables legales, "debido a una falta de diligencia en el comportamiento de los mismos".

En cuanto al estado de la instalación, la aseguradora afirma que la empresa concesionaria realizó labores de revisión antes del partido sin observar "desperfecto alguno". Y plantea que, en caso de que existiese una tapa de desagüe mal colocada, se habría debido a "la intervención de un tercero ajeno a la Administración".

Por último, el escrito señala que el Ayuntamiento tiene contratado con la empresa Limasa el servicio de atención y conservación de las instalaciones deportivas, incluido el pabellón Francisco Blanca, por lo que, si existiera algún tipo de responsabilidad, esta correspondería a la concesionaria.

"Si no le pasa a mi hijo, le pasa a otro niño"

David Pozo, el padre de Hugo, rechaza de plano estos argumentos. "Nos dicen que no hay indemnización, que no se hacen cargo, porque la responsabilidad es de un niño de seis años que entró y no tenía que entrar y que la pocetilla estaba en buen estado. Es una auténtica vergüenza lo que nos han dicho", lamenta en declaraciones a lavozdelsur.es.

El padre asegura que el acceso al pabellón se realiza a través de un torno en el que un trabajador tiene que dar paso. Y considera que, al margen de cómo entrara el niño, el problema era la instalación: "Independientemente de que hubiera entrado o salido sin permiso, si no le pasa a mi hijo, le pasa a otro niño por el desperfecto que tenía esa pocetilla". Pozo recuerda que la familia conserva fotografías del estado de la poceta y se pregunta: "Si dicen que estaba bien, ¿cómo se hace un niño una herida de tal tamaño?".

Un expediente todavía abierto

Las alegaciones de la aseguradora no suponen aún una resolución definitiva. El procedimiento sigue en tramitación en el Ayuntamiento de Cádiz, que ha facilitado a este periódico una cronología del expediente.

Según el Consistorio, cinco días después del accidente, el abogado de la familia se dirigió a la gerencia del Instituto Municipal del Deporte (IMD) para pedir los datos de la póliza y reclamar directamente al seguro. El Ayuntamiento respondió que era necesario presentar la reclamación en el Registro General conforme a la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común, y el 11 de julio el servicio de Patrimonio remitió al letrado aclaraciones sobre el procedimiento, así como el nombre de la aseguradora y el número de póliza, subrayando que "no existe ocultismo" por parte de la Administración.

La familia presentó la reclamación en el Registro General el 22 de agosto de 2025, sin valoración económica. El acuerdo de admisión a trámite e inicio del expediente se firmó el 6 de marzo de 2026, y pocos días después el IMD aportó su informe, los partes de trabajo y un informe de Limasa. La familia presentó alegaciones el 8 de junio, en las que acreditó la representación del menor, aportó documentación médica y el atestado y cuantificó la indemnización reclamada.

El pasado 8 de septiembre, el instructor abrió el periodo de práctica de pruebas y audiencia a la familia por un plazo de diez días, notificado el 11 de septiembre, en el que se le pide que comunique cuándo acudirá a ver el expediente.