El grupo parlamentario Por Andalucía ha mantenido este martes una reunión con 14 entidades sociales para “perfilar los últimos detalles” de su propuesta de Ley contra el Acoso y el Ciberacoso Escolar en Andalucía. La futura norma, que se encuentra en fase de redacción final, pretende establecer un marco legal específico para prevenir, detectar y sancionar la violencia escolar en los centros educativos andaluces.
Entre las medidas más destacadas, el texto propone la retirada inmediata del concierto educativo a los colegios concertados que no activen el protocolo de acoso escolar tras la primera denuncia, ya sea presentada por el alumnado, sus familias o los propios compañeros, según consta en la nota difundida por el grupo parlamentario. Esta disposición busca garantizar una reacción ágil y responsable por parte de los centros.
La reunión se celebró en el Salón de Usos Múltiples Jiménez Becerril del Parlamento de Andalucía y estuvo encabezada por Alejandra Durán, portavoz de Por Andalucía en la Comisión de Educación. La diputada aseguró que la norma “llega tarde, pero es necesaria y urgente”, y subrayó que su aportación más novedosa es la incorporación de “la figura de la enfermera escolar, además de psicólogos y otros profesionales” dentro del ámbito educativo.
El encuentro contó con la participación dl sindicato Ustea, CCOO Enseñanza, Trencats, la Asociación contra la Violencia en las Escuelas que preside José Manuel López y que ha estado representada por Noelia Rebón, Aepae (Asociación Española para la Prevención del Acoso Escolar), la Asociación MÍA Córdoba ABSA (Asociación de Bienestar y Salud Infantil) Codapa (Confederación Andaluza de Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado por la Educación Pública), la Fundación ANAR, Save the Children y ANPE Andalucía, además de Carmen de Graná, creadora de contenido que lucha contra el acoso escolar y que en su infancia fue víctima de esta violencia escolar.
Un texto con enfoque integral: prevención, formación y sanciones
Durán explicó que la propuesta legislativa consta de 37 artículos y aborda el acoso “de manera integral, desde la prevención hasta las medidas sancionadoras”. El documento se estructura en varios títulos, que incluyen disposiciones generales y un bloque de medidas de prevención que pretenden reforzar la convivencia y el bienestar emocional en los centros.
En el Título I, dedicado a las Disposiciones Generales, se definen el objeto de la ley, su ámbito de aplicación, las definiciones clave y los principios rectores que guiarán su ejecución. El objetivo es que la futura norma tenga un marco sólido que facilite su aplicación práctica y asegure la protección del alumnado en todos los niveles educativos.
Por su parte, el Título II, centrado en las Medidas de Prevención, plantea acciones concretas como la creación de un Plan Integral de Convivencia Escolar de Andalucía, la introducción de una asignatura obligatoria de Educación Emocional y en Valores, y el impulso de programas de mediación escolar para la resolución pacífica de conflictos.
El texto también prevé la formación obligatoria del personal docente y no docente, así como la participación activa de las familias en la detección temprana de casos de acoso. Además, se incluye la creación de un canal de denuncia del alumnado y la obligación de comunicar cada caso tanto a la Inspección Educativa como a las delegaciones territoriales de Educación, garantizando así una respuesta rápida y coordinada.
Otra de las medidas destacadas es la conmemoración del Día Internacional contra el Acoso Escolar, el fomento del asociacionismo juvenil y el uso responsable de dispositivos electrónicos en los centros educativos, en línea con la preocupación creciente por el ciberacoso y los riesgos digitales.
Durán recordó que “el año pasado desde el grupo parlamentario Por Andalucía se presentó una moción con 32 medidas para combatir el acoso, de las cuales el Pleno aprobó 26 por unanimidad, pero ni una sola se ha puesto en marcha”. En este sentido, lamentó la falta de compromiso institucional y aseguró que el Gobierno andaluz “no ha cumplido sus compromisos”.
Con este precedente, la portavoz defendió que resulta “necesario ir más allá y dotar a Andalucía de un marco legal que proteja a los menores y obligue a todas las administraciones y centros educativos a actuar con responsabilidad y rapidez”. La parlamentaria subrayó que la futura ley aspira a situar a Andalucía como referente nacional en la lucha contra el acoso escolar.