Eurotécnica Agraria, la empresa responsable de la gestión de la finca Aljóbar, situada en Aznalcázar (Sevilla) y vinculada a la Casa de Alba, ha solicitado al juzgado que investiga la existencia de pozos presuntamente no autorizados el archivo de la causa. La petición se produce tras una resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) que, según la compañía, “legaliza” las captaciones de agua.

En un escrito presentado ante el Juzgado de Sanlúcar la Mayor, la empresa informa de que el organismo de cuenca ha autorizado la transformación de derechos sobre aguas privadas en una concesión de aguas públicas. Esta autorización afecta a la citada finca, ubicada en el entorno del parque nacional de Doñana, y regula el sistema de riego existente.

Según detalla la compañía, la resolución permite mantener el mismo volumen de extracción autorizado hasta la fecha, cifrado en 605.000 metros cúbicos de agua. Dicho caudal se distribuye a través de los diez pozos existentes en la finca, que, a juicio de la empresa, “quedan así legalizados” al integrarse en el sistema de captación que alimenta una balsa de almacenamiento.

El archivo de la causa

Eurotécnica Agraria sostiene que esta resolución “convalida el sistema de riego existente en la finca” y que acredita que su funcionamiento no produce “daño grave alguno al dominio público hidráulico”. La empresa recuerda además que la explotación contaba con autorización para el riego de 200 hectáreas mediante el citado volumen anual de agua.

En su argumentación, la sociedad subraya que el agua extraída de los pozos se acumulaba en una balsa con capacidad de 208.097 metros cúbicos, desde la cual se realizaba el riego. En este sentido, insiste en que “nunca se superaba por tanto el volumen máximo autorizado”, por lo que considera que no se habría producido perjuicio al dominio público hidráulico.

Eurotécnica admite que la existencia de pozos no autorizados podría derivar en una sanción administrativa, pero descarta que tenga relevancia penal. La empresa argumenta que, al no haberse excedido los caudales permitidos ni haberse utilizado agua de un acuífero distinto del autorizado, “no hay daño al dominio público hidráulico alguno”. También afirma que el acuífero se encuentra en buen estado cuantitativo y cualitativo.

Por su parte, Ecologistas en Acción, personada en la causa, ha expresado su preocupación por la decisión de la CHG, al considerar “llamativo” que la administración responsable de la gestión del agua “sea la que más ha contribuido a que los supuestos delitos queden en nada”. La organización critica además que la resolución administrativa pueda interferir en una investigación judicial aún en curso y sostiene que el deterioro de las masas de agua subterránea en la zona no se ha tenido suficientemente en cuenta.