Alrededor de las seis de la mañana del pasado sábado. Componentes del Servicio Marítimo Provincial de la Comandancia de la Guardia Civil en Cádiz capturan una embarcación a alta velocidad cuando salía de la desembocadura del río Guadalquivir cargada de petacas. Viajan cuatro tripulantes y navega dispuesta para hacer un abastecimiento de gasolina a narcolanchas que aguardan en alta mar. 

El seguimiento controlado hasta su interceptación por la patrullera ha sido coordinado con la Central Operativa Compleja de la Comandancia. Provista de cuatro motores, no ha podido escapar y ha acabado siendo intervenida, incluyendo la detención de sus tripulantes y la aprehensión de 147 garrafas de combustible que arrojaron un peso total de más de 3.600 litros. El valor de esa carga supera los 44.000 euros.

Cada garrafa de los petaqueros para abastecer al narco ronda los 300 euros. Es la gran industria del petaqueo en torno al narco y su incremento es imparable. "Mientras que antes muchos de los petaqueros trafiqueaban con hachís ahora se dedican a esto, mucho más limpio y mejor pagado", aseguran a lavozdelsur.es fuentes conocedores de estas redes logísticas que suministran a las narcolanchas.

Mientras las causas se acumulan, el narco ha sofisticado su logística. La memoria de 2025 de la Fiscalía Superior de Andalucía, Ceuta y Melilla, publicada en días pasados, describe narcolanchas cada vez más potentes: ya es "habitual" ver embarcaciones con cuatro motores de más de 400 CV, que necesitan grandes cantidades de gasolina para navegar. Abastecerlas se ha convertido en un negocio en sí mismo, el petaqueo, que según la Fiscalía “se ha incrementado alarmantemente” y resulta "muy lucrativo": se llegan a pagar hasta 300 euros por una garrafa de 25 litros.

La 'narcologística' de los petaqueros

Los fiscales antidroga de Almería, Cádiz y Huelva describen "verdaderas organizaciones" que se encargan de esa infraestructura, del suministro de víveres y del relevo de pilotos.

El riesgo no se queda en el mar. Las fuerzas de seguridad y los fiscales avisan del “preocupante número de litros de gasolina” que circulan en furgonetas y vehículos por carreteras y zonas urbanas, y que se acumulan en embarcaciones en los puertos. Hasta ahora, perseguirlo era complicado.

La Fiscalía de Cádiz lo explica así: el combustible se guarda y se transporta “en unas condiciones precarias con grave riesgo para seguridad y la vida de las personas y el medio ambiente”, pero cuando se intercepta, “la imposibilidad de relacionarlo con una operación de narcotráfico concreta dificulta sancionar la conducta por vía penal, pese a su gravedad”. La Fiscalía de Huelva lo resumía de forma más directa: el acopio y el transporte de grandes cantidades de combustible eran “ahora mismo impunes y muy lucrativas”.

Para cerrar ese hueco, la Fiscalía de Cádiz emitió en 2024 una nota de servicio para perseguir el petaqueo como delito de tenencia de sustancias inflamables (artículo 568 del Código Penal) y reclamó que se tipificara de forma expresa. Esa reforma ya ha llegado. La Ley Orgánica 1/2026, en vigor desde el 10 de abril, castiga con de tres a cinco años de prisión la tenencia de sustancias inflamables cuando se trata de combustible líquido. Sin embargo, el gran despliegue contra el narco, las nuevas leyes, el aumento de las penas, no sirven de mucho si la Justicia mantiene el colapso actual. 

Detener a un narco en Cádiz no garantiza que acabe cumpliendo la pena que le corresponde. La propia Fiscalía de Cádiz lo advierte en la memoria anual de la Fiscalía Superior de Andalucía. Según ese documento, los juzgados de la provincia están tan saturados que algunas causas del narcotráfico se quedan paradas hasta prescribir, y otras terminan con rebajas de condena importantes por el tiempo que han tardado en llegar a juicio.

El diagnóstico aparece en un párrafo del informe, sin rodeos: "En la Fiscalía de Cádiz, preocupa la situación de los Juzgados de la provincia, especialmente los mixtos, y especialmente los del Campo de Gibraltar, Barbate y Chiclana de la Frontera, desbordados por volumen de trabajo, macro causas vinculadas con el narcotráfico y notorias deficiencias de medios personales, junto a lo anacrónico de nuestro sistema procesal, origina grandes dilaciones que dan lugar, de una parte, a la paralización de las causas, llegando en ocasiones a la prescripción, y, de otra, por vía de las atenuantes, con frecuencia muy cualificadas, a importantes rebajas de las penas”.

Dicho de otra forma: cuando un procedimiento se alarga demasiado, la ley permite al tribunal aplicar una atenuante por dilaciones indebidas. En las causas de Cádiz, según la Fiscalía, esa atenuante se aplica “con frecuencia” en su grado “muy cualificado”, que es el que más reduce la condena. Los fiscales señalan sobre todo a los juzgados mixtos, que llevan a la vez asuntos civiles y penales. El problema no se limita a esos partidos judiciales. En los Juzgados de lo Penal de la capital, añade la memoria, desde que entra un asunto hasta que se juzga pasan “con frecuencia plazos desmesurados que alcanzan varios años”.

Cádiz pide más de cuatro de cada diez prisiones por narcotráfico de Andalucía

La presión que soportan esos juzgados se ve en las cifras. En 2024 —últimos datos publicados—, la Fiscalía pidió en Andalucía 806 prisiones provisionales por tráfico de drogas, y 338 se solicitaron en Cádiz. Es el 41,9% del total, muy por delante de Málaga, que fue segunda con 225. Además, 265 de los 399 juicios rápidos por drogas de la comunidad, dos de cada tres, se tramitaron en juzgados del Campo de Gibraltar.

Las investigaciones de la propia Fiscalía también se concentran en esta provincia, gran puerta de entrada de la droga en Europa. Cádiz abrió 33 de las 54 diligencias antidroga de Andalucía, 27 de ellas en Algeciras. Algeciras autorizó además 18 de las 23 entregas vigiladas de droga y las dos únicas operaciones con agente encubierto de toda la comunidad. Y la Guardia Civil intervino en Cádiz 69,2 de las 135,1 toneladas de hachís que se incautó en Andalucía, más de la mitad.

Ese volumen se traduce en juicios que no siempre llegan a celebrarse. En 2024, los Juzgados de lo Penal de la provincia celebraron 5.550 juicios y suspendieron otros 3.942. En la Audiencia Provincial se celebraron 537 y se suspendieron 351. Los juicios rápidos crecieron un 15,4%, una tendencia que, según la Fiscalía, viene de al menos 2017. Por drogas, la memoria apunta otra paradoja: Málaga abre muchos más procedimientos que Cádiz, pero es Cádiz la que más juicios celebra.

189 millones intervenidos, pero el cuello de botella sigue en los tribunales

El contraste llega desde el Gobierno. En una respuesta parlamentaria al PP fechada el 23 de septiembre y recogida por Europa Press, el Ejecutivo cifra en 189 millones de euros el valor de los bienes intervenidos a organizaciones del narcotráfico en Cádiz entre 2021 y abril de 2026, en "más de 2.100 operaciones". Son dinero en efectivo, fondos en cuentas bancarias, inmuebles y otros bienes. La misma respuesta reconoce que su destino "se determina de conformidad con la legislación vigente y con las resoluciones dictadas por la autoridad judicial competente". Es decir, depende de los mismos juzgados que la Fiscalía describe como desarbolados.

La memoria fiscal tampoco dibuja un panorama mejor en la persecución del dinero. En la última memoria asegura que en el último año que analiza no se inició ni un solo procedimiento de decomiso autónomo en Andalucía, y las causas por blanqueo de capitales bajaron de 122 a 98. La Fiscalía describe la gestión de los bienes intervenidos como un “colapso” que “da lugar a un gasto de la administración sin apenas beneficios”. Y Cádiz pone un ejemplo muy gráfico: las narcolanchas incautadas se amontonan fuera de los depósitos oficiales, que están saturados, con riesgo de robo de motores y de contaminación por residuos. Ocurre "fundamentalmente por la tardanza en obtener las autorizaciones judiciales de destrucción, ante la saturación de los juzgados". Este mismo verano, en El Puerto, salió ardiendo uno de estos depósitos.

Los refuerzos que enumera el Gobierno son todos policiales. Tras el asesinato de dos guardias civiles en Barbate en febrero de 2024, se creó un destacamento temporal en el Guadalquivir y se entregaron a las unidades de Cádiz dos patrulleras, 31 vehículos, un dron, armamento y chalecos. El catálogo de puestos de la Guardia Civil en la provincia aumentó en 231 agentes tras el controvertido desmantelamiento de OCON-Sur. 

Interior destina además 19,4 millones de euros en 2026 a medios tecnológicos y 18,8 millones a reforzar plantillas de Policía Nacional y Guardia Civil, dentro del Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar, prorrogado hasta el 31 de diciembre de 2027. Según Interior, el plan ha permitido “recuperar espacios antes dominados por redes criminales y debilitar la estructura logística y financiera del narcotráfico”.

Los resultados policiales también se exhiben este lunes. En el acto del Día del Pilar, el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha cifrado lo intervenido por la Guardia Civil en Andalucía en lo que va de 2026 en 84,3 toneladas de hachís y 23,2 de cocaína. Más de 53 toneladas corresponden a la zona del Plan Especial, todo lo que abarca las costas de Huelva hasta el Estrecho de Gibraltar. Fernández ha asegurado además que las narcolanchas en el Guadalquivir se han reducido un 80% este año, si bien no parece que la realidad acompañe esa estadística.

Lo que piden los fiscales para que esas detenciones terminen en condenas es otra cosa. La memoria reclama separar los juzgados mixtos, "todos ellos con causas de especial dedicación atascadas", y reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para tener procedimientos "más ágiles y adecuados a la nueva criminalidad organizada". También pide ampliar las plantillas de las secciones antidroga de las fiscalías y dedicar más medios a investigar el blanqueo. Su conclusión: "Intervenir alijos no es tan importante como poder desarticularlas", porque "solo interviniendo droga no se acaba con este fenómeno".