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El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado las condenas impuestas a tres personas por un delito de blanqueo de capitales agravado por la procedencia del dinero del narcotráfico, dentro de una pieza derivada de una investigación que fue encomendada al grupo OCON-Sur de la Guardia Civil, y que dejó encaminada antes de su disolución.
La causa comenzó en noviembre de 2018. La Fiscalía de Área de Algeciras abrió unas diligencias para investigar la operativa relacionada con una finca rústica de 18.900 metros cuadrados en La Línea de la Concepción, cuya propiedad se transmitía mediante participaciones sociales que, de hecho, equivalían a metros de terreno.
La investigación constató que la finca terminó dividida en 20 solares y que, desde 2015, comenzaron a levantarse viviendas sin las autorizaciones administrativas correspondientes. La instrucción acabó separándose en 18 testimonios para investigar individualmente las distintas parcelas y adquirentes. Una de esas piezas ha llegado ahora al TSJA.
Penas de hasta tres años y diez meses
La Audiencia Provincial de Cádiz, con sede en Algeciras, condenó en noviembre de 2024 a tres acusados. Al principal le impuso tres años y diez meses de prisión y una multa de 795.000 euros. Las otras dos penas fueron de tres años y seis meses, con multa de 350.000 euros, y tres años y cuatro meses, con multa de 175.000 euros.
Según los hechos declarados probados, el principal condenado habría utilizado a dos familiares para realizar operaciones con parcelas, una vivienda, vehículos, una moto de agua e ingresos de efectivo. La resolución cifra en 543.112,28 euros el dinero que introdujo en el circuito legal mediante distintas operaciones.
El TSJA ha rechazado los recursos. La defensa alegó, entre otras cuestiones, una supuesta nulidad por falta de imputación formal, pero el tribunal señala que se trataba de una cuestión nueva que no había sido planteada previamente y que tampoco aprecia irregularidades en la tramitación.
La Sala también descarta la alegación sobre vulneración de la presunción de inocencia al considerar que el recurso apenas desarrollaba este motivo. De este modo, ha confirmado íntegramente las condenas dictadas en primera instancia y ha declarado de oficio las costas de la apelación. Contra la sentencia cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado las condenas impuestas a tres personas por un delito de blanqueo de capitales agravado por la procedencia del dinero del narcotráfico, dentro de una pieza derivada de una investigación que fue encomendada al grupo OCON-Sur de la Guardia Civil, y que dejó encaminada antes de su disolución.
La causa comenzó en noviembre de 2018. La Fiscalía de Área de Algeciras abrió unas diligencias para investigar la operativa relacionada con una finca rústica de 18.900 metros cuadrados en La Línea de la Concepción, cuya propiedad se transmitía mediante participaciones sociales que, de hecho, equivalían a metros de terreno.
La investigación constató que la finca terminó dividida en 20 solares y que, desde 2015, comenzaron a levantarse viviendas sin las autorizaciones administrativas correspondientes. La instrucción acabó separándose en 18 testimonios para investigar individualmente las distintas parcelas y adquirentes. Una de esas piezas ha llegado ahora al TSJA.
Penas de hasta tres años y diez meses
La Audiencia Provincial de Cádiz, con sede en Algeciras, condenó en noviembre de 2024 a tres acusados. Al principal le impuso tres años y diez meses de prisión y una multa de 795.000 euros. Las otras dos penas fueron de tres años y seis meses, con multa de 350.000 euros, y tres años y cuatro meses, con multa de 175.000 euros.
Según los hechos declarados probados, el principal condenado habría utilizado a dos familiares para realizar operaciones con parcelas, una vivienda, vehículos, una moto de agua e ingresos de efectivo. La resolución cifra en 543.112,28 euros el dinero que introdujo en el circuito legal mediante distintas operaciones.
El TSJA ha rechazado los recursos. La defensa alegó, entre otras cuestiones, una supuesta nulidad por falta de imputación formal, pero el tribunal señala que se trataba de una cuestión nueva que no había sido planteada previamente y que tampoco aprecia irregularidades en la tramitación.
La Sala también descarta la alegación sobre vulneración de la presunción de inocencia al considerar que el recurso apenas desarrollaba este motivo. De este modo, ha confirmado íntegramente las condenas dictadas en primera instancia y ha declarado de oficio las costas de la apelación. Contra la sentencia cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.
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