El Gobierno vasco ha concedido el tercer grado penitenciario a Henri Parot, exdirigente de ETA condenado por algunos de los atentados más graves cometidos por la organización terrorista. La decisión se ha adoptado a partir del informe de la Junta de Tratamiento de la prisión, que evalúa la evolución y el comportamiento del interno. Parot ya disfrutaba desde el pasado año de un régimen de semilibertad y ahora queda pendiente de que la Fiscalía estudie la resolución y determine si la recurre.

Parot ingresó en prisión en 1990 para cumplir una condena acumulada de 40 años. A sus 67 años y después de 35 años encarcelado, ya había obtenido el pasado año un permiso penitenciario de seis días, avalado por el juez de vigilancia de la Audiencia Nacional. Para autorizarlo, se tuvo en cuenta una carta remitida por el propio preso a la Junta de Tratamiento, en la que expresaba su rechazo a "todas las violencias" y afirmaba que consideraba necesario "reconocer el sufrimiento ocasionado y tratar en la medida de lo posible de repararlo".

La trayectoria criminal de Parot incluye el atentado contra la casa cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza, cometido en 1987, en el que fueron asesinadas 11 personas, cinco de ellas menores, y otras 88 resultaron heridas. Por el conjunto de sus crímenes llegó a acumular condenas que rondaban los 4.800 años de prisión. Su detención en Sevilla en 1990 supuso un importante golpe para ETA, ya que entonces ejercía la jefatura de los comandos itinerantes o Argala, activos desde hacía 12 años y responsables de una veintena de atentados con casi 40 muertos y más de 200 heridos.

El origen de la doctrina Parot

El nombre de Henri Parot quedó ligado también a la doctrina Parot, una interpretación establecida por el Tribunal Supremo según la cual los beneficios penitenciarios debían aplicarse sobre cada una de las condenas y no sobre el límite máximo de cumplimiento. Su aplicación retrasó durante años la excarcelación de presos de ETA con largas condenas, hasta que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos consideró posteriormente que aplicarla a personas que ya habían sido sentenciadas vulneraba derechos fundamentales.

La concesión del tercer grado ha provocado el rechazo de las asociaciones de víctimas del terrorismo. Covite (Colectivo de Víctimas del Terrorismo en el País Vasco) ha calificado de "fraudulento" el tercer grado y ha considerado "inaceptable" que Parot acceda a la semilibertad sin haber mostrado, a su juicio, un arrepentimiento real, público y verificable. La asociación sostiene además que el exdirigente etarra no ha realizado una ruptura "clara, inequívoca y verificable" con ETA y con el entorno que justificó sus asesinatos.

La Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) también ha rechazado la progresión penitenciaria y ha asegurado que las víctimas se sienten "resignadas, impotentes y abandonadas". La organización ha vinculado la decisión con la "hoja de ruta" que, según sostiene, el Gobierno de Pedro Sánchez habría pactado con EH Bildu y ha reclamado a la Fiscalía de la Audiencia Nacional que estudie la resolución y valore recurrirla ante el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria.