El Tribunal Supremo ha acordado otorgar las competencias de la instrucción del caso del supuesto macrofraude piramidal de Sempi Gold, la empresa presidida por el ex de Afinsa, Gabriel Ruiz —investigado en el caso y afincado en Jerez—, que prometía plusvalías por invertir en un oro que no tienen, al Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional.
Hasta ahora, las diligencias previas de esta causa por una presunta estafa piramidal estaban en el Juzgado de Instrucción número 12 de Palma de Mallorca, pero la dispersión territorial de los perjudicados en la misma, que no dejan de aumentar, según ha podido saber lavozdelsur.es por fuentes jurídicas, ha provocado esta decisión que centraliza la instrucción en la Audiencia Nacional.
De hecho, recoge el acuerdo del TS, aunque el momento de lo defraudado hasta el momento —algo más de un millón de euros— a raíz de la denuncia de 41 afectados “no es razón para sustraer esta causa del ámbito de los Juzgados de Palma de Mallorca (…) no se trata de una cuestión numérica sino morfológica: fraude dirigido a un sujeto pasivo colectivo, indeterminado”.
Según el abogado jerezano José Luis Ortiz, en declaraciones a lavozdelsur.es, “solo en esta causa hay ya personados unos 200 afectados de toda España, porque nadie ha recuperado la inversión”. Y como recoge el propio fallo del TS, “es presumible que aparezcan más”.
En paralelo, el abogado de más de 40 víctimas de esta presunta estafa piramidal, como avanzó este periódico, denunció ante el juez instructor del caso —hasta ahora, como se ha dicho, en Palma de Mallorca— cientos de movimientos de cuentas bloqueadas judicialmente desde junio del pasado año por Ruiz y su entorno más próximo. Pese a que dicho embargo judicial fue notificado a la partes implicadas hasta en tres ocasiones, el letrado considera que “las personas que se han apropiado de dichos importes extraídos están cooperando en los delitos investigados, toda vez que no sólo no han acatado las resoluciones judiciales, sino que además han desviado beneficiándose de un total de 325.484,72 euros, evidentemente en perjuicio de todas las víctimas en las presentes actuaciones”.
Asimismo, la investigación se centra ahora en obtener cuanto antes el visto bueno judicial para abrir más de un centenar de sacas que Sempi Gold tiene depositadas en los almacenes de dos empresas de seguridad. Según la Guardia Civil, y los afectados, se teme que estas sacas carezcan del oro que deben contener a tenor de las inversiones realizadas por los afectados. Ya en el registro del domicilio de Gabriel Ruiz en Jerez se descubrió que al menos 25 de estas sacas estaban repletas de barras de hierro simulando ser lingotes de oro. Un "hallazgo fundamental", según la Guardia Civil, para entender el mecanismo que ha sustentado el supuesto fraude piramidal.
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