La Junta ordena el cese de la vacunación a mutualistas en centros de salud, en plena crisis por la situación de Muface

CSIF exige resolver esta situación, que afecta a más de 322.000 personas, fundamentalmente menores de edad incluidos en el calendario vacunal

Un centro de vacunación en Jerez.
Un centro de vacunación en Jerez. MANU GARCÍA

El sindicato CSIF ha denunciado que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha suspendido la vacunación de mutualistas en los centros de salud de Andalucía, una medida que se produce en plena crisis por la falta de acuerdo entre el Gobierno y las aseguradoras para el concierto sanitario de Muface. Hasta ahora, estos beneficiarios podían acceder a la vacunación en los centros públicos, pero la nueva directriz les obliga a seguir un procedimiento distinto.

La medida afecta a más de 322.000 personas adscritas a Muface, Mugeju e Isfas, las mutualidades de funcionarios civiles, de la Justicia y de las Fuerzas Armadas. No obstante, la Consejería de Salud y Consumo ha señalado que los residentes en pequeñas poblaciones rurales seguirán recibiendo la vacunación en los centros públicos. CSIF ha elevado la denuncia a Muface, alegando que se trata de una medida discriminatoria que perjudica especialmente a los menores incluidos en el calendario vacunal.

Esta situación se suma a las reiteradas quejas sobre la denegación de pruebas médicas, consultas e intervenciones quirúrgicas que CSIF ha recibido en todo el país. La falta de un acuerdo definitivo entre el Gobierno y las aseguradoras ha generado incertidumbre entre los mutualistas y ha llevado a la organización sindical a endurecer su postura.

Ante esta problemática, CSIF mantiene la convocatoria de huelga para el próximo 13 de febrero. La protesta está dirigida a más de medio millón de funcionarios de distintos ámbitos, entre ellos el personal docente, trabajadores de la Administración General del Estado y funcionarios de Correos, quienes se verían afectados por las restricciones en el acceso a la sanidad concertada.

Hasta el cambio de criterio, el SAS administraba las vacunas a los mutualistas y expedía un certificado que las aseguradoras utilizaban para abonar el coste del procedimiento al sistema de salud andaluz. La nueva directriz afecta a todas las vacunas del calendario oficial, incluidas las de nirsevimab, VPH, herpes zóster, neumococo, meningococo y hepatitis A y B para grupos de riesgo, impactando especialmente en la población más vulnerable.

Con este nuevo procedimiento, los mutualistas deben acudir a sus centros sanitarios concertados para obtener una receta médica, comprar la vacuna en una farmacia y adelantar el coste de su bolsillo antes de poder recibir la inyección. Este cambio genera una carga económica adicional para los afectados y añade dificultades en el acceso a la vacunación.

Según CSIF, la suspensión de la vacunación en centros de salud públicos podría derivar en una disminución de las coberturas de vacunación, lo que comprometería la inmunidad colectiva. Además, alertan de que se podrían producir retrasos en la administración de vacunas esenciales para niños menores de 15 meses y personas inmunodeprimidas, aumentando el riesgo de enfermedades inmunoprevenibles y la posible reaparición de brotes infecciosos.

El sindicato exige la reanudación inmediata de la vacunación de los mutualistas en los centros sanitarios andaluces, tal como se venía realizando hasta el pasado 15 de enero. Consideran que la actual medida vulnera los derechos sanitarios de los funcionarios adscritos a las mutualidades y apelan a las administraciones para encontrar una solución que garantice su acceso a la atención médica sin restricciones.

Sobre el autor:

F. Jiménez

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