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El Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía (CPPA) estudia emprender acciones judiciales contra la elaboración, por parte del Ministerio del Interior, de una lista en la que aparecen profesionales de los medios clasificados y calificados, entre otros criterios, por la atribución de una determinada ideología.
La corporación profesional considera que se trata de una “lista negra” de periodistas y sostiene que su existencia resulta incompatible con un Estado democrático y de derecho. Ante esta situación, el Colegio ha iniciado una ronda de contactos entre sus colegiados y colegiadas para localizar a posibles afectados y determinar el alcance de esta actuación. El siguiente paso será valorar qué vía judicial resulta más adecuada para defender el derecho a la información y el libre ejercicio del periodismo.
Los servicios jurídicos del CPPA estudian actualmente varias posibilidades. Entre ellas se encuentra que el propio Colegio se persone en nombre propio en defensa del interés colectivo, que se plantee una acción conjunta de los profesionales afectados o que sean estos quienes emprendan procedimientos de manera individual.
El Colegio recuerda que los colegios profesionales y los sindicatos son las únicas entidades legitimadas para ejercer acciones legales dirigidas a defender intereses colectivos.
Asistencia jurídica a los periodistas afectados
La organización andaluza subraya además que ofrece asistencia jurídica a sus colegiados y recuerda que, como ocurre con el resto de colegios de periodistas de España, puede colegiar y defender a profesionales cuyo domicilio laboral se encuentre en comunidades autónomas donde no exista un colegio profesional de periodistas, como sucede en Madrid.
De hecho, el CPPA señala que numerosos colegiados de la corporación andaluza desarrollan actualmente su actividad profesional en otros territorios.
El Colegio considera “inadmisible” cualquier intento de “estigmatización, veto o persecución” contra los profesionales de la información. También advierte de que la utilización de señalamientos o listas destinadas a perjudicar la trayectoria o la estabilidad laboral de periodistas vulnera los principios éticos de la profesión y atenta contra derechos fundamentales reconocidos por la Constitución.
La corporación ha reiterado finalmente su compromiso con la protección de la profesión periodística, la deontología y la independencia de los profesionales de la información, mientras continúa recabando información antes de decidir qué acciones legales emprender.
El Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía (CPPA) estudia emprender acciones judiciales contra la elaboración, por parte del Ministerio del Interior, de una lista en la que aparecen profesionales de los medios clasificados y calificados, entre otros criterios, por la atribución de una determinada ideología.
La corporación profesional considera que se trata de una “lista negra” de periodistas y sostiene que su existencia resulta incompatible con un Estado democrático y de derecho. Ante esta situación, el Colegio ha iniciado una ronda de contactos entre sus colegiados y colegiadas para localizar a posibles afectados y determinar el alcance de esta actuación. El siguiente paso será valorar qué vía judicial resulta más adecuada para defender el derecho a la información y el libre ejercicio del periodismo.
Los servicios jurídicos del CPPA estudian actualmente varias posibilidades. Entre ellas se encuentra que el propio Colegio se persone en nombre propio en defensa del interés colectivo, que se plantee una acción conjunta de los profesionales afectados o que sean estos quienes emprendan procedimientos de manera individual.
El Colegio recuerda que los colegios profesionales y los sindicatos son las únicas entidades legitimadas para ejercer acciones legales dirigidas a defender intereses colectivos.
Asistencia jurídica a los periodistas afectados
La organización andaluza subraya además que ofrece asistencia jurídica a sus colegiados y recuerda que, como ocurre con el resto de colegios de periodistas de España, puede colegiar y defender a profesionales cuyo domicilio laboral se encuentre en comunidades autónomas donde no exista un colegio profesional de periodistas, como sucede en Madrid.
De hecho, el CPPA señala que numerosos colegiados de la corporación andaluza desarrollan actualmente su actividad profesional en otros territorios.
El Colegio considera “inadmisible” cualquier intento de “estigmatización, veto o persecución” contra los profesionales de la información. También advierte de que la utilización de señalamientos o listas destinadas a perjudicar la trayectoria o la estabilidad laboral de periodistas vulnera los principios éticos de la profesión y atenta contra derechos fundamentales reconocidos por la Constitución.
La corporación ha reiterado finalmente su compromiso con la protección de la profesión periodística, la deontología y la independencia de los profesionales de la información, mientras continúa recabando información antes de decidir qué acciones legales emprender.
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