La Audiencia de Sevilla ha señalado para el 18 de mayo la constitución del jurado popular correspondiente al juicio promovido por los pagos en clubes de alterne con tarjetas bancarias de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe).
El día siguiente tendría lugar el comienzo de las sesiones, presididas por la juez Mercedes Alaya, instructora inicial de la macrocausa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos financiados con fondos autonómicos.
Como ha avanzado Diario de Sevilla y ha confirmado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), está previsto que la selección del jurado popular sea formalizada el 18 de mayo y que el juicio comience como tal el viernes 19, para prolongarse toda la semana siguiente, con lo que finalizaría el viernes 26, previo a las elecciones municipales del 28 de mayo.
Precisamente en mayo, pero de 2022, la Audiencia de Sevilla designó a la juez Alaya, actualmente en la Sección Séptima de dicha instancia, como magistrada presidente del tribunal encargado de este juicio con jurado popular, que se dirige contra el exdirector de la Faffe Fernando Villén y la ex directora económica financiera de la entidad Ana Valls; por un presunto delito continuado de malversación de caudales públicos, en concurso con un delito continuado de falsedad en documento oficial cometido por funcionario público.
El juez señala que, en total, Villén "habría gastado mediante el uso de las tarjetas bancarias de la Faffe un total de 32.566 euros en locales de prostitución, gastos abonados con cargo a los fondos de la Faffe".
Además añade que "con el fin de ocultar la ilícita disposición de fondos públicos", el investigado, "en connivencia" con la directora económica financiera de la Faffe entre 2004 y 2011, "habrían ideado un sistema por el que se simulaban los reintegros de los referidos cargos realizados por el acusado", de forma que, "en los Libros Diarios de la Faffe, constan asientos de devolución de las citadas cantidades que no se corresponderían con la realidad".
Este anuncio coincide con la constitución en el Parlamento de Andalucía de una nueva comisión de investigación sobre el asunto. Esta misma semana se iniciarán los trabajos en la Cámara en una comisión donde no estarán presentes ni PSOE, ni Por Andalucía al considerar que el interés del PP tan solo es electoral.
Durante la anterior legislatura únicamente faltó la aprobación del dictamen en pleno para que se completaran los trabajos de investigación sobre la responsabilidad política de este caso.
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