Apenas unas horas después de quePedro Sánchez anunciara la convocatoria de elecciones generales para el próximo 29 de noviembre, fuentes de Moncloa han confirmado que el Gobierno llevará este martes nuevas medidas en materia de vivienda al Consejo de Ministros. En esta ocasión, las propuestas no tendrán que pasar por un pleno ordinario del Congreso, sino que serán sometidas a la Diputación Permanente, donde la izquierda y el PNV cuentan con mayoría y, por tanto, el Ejecutivo no necesitará el respaldo de Junts. La decisión se produce después de que el pasado viernes la Cámara Baja rechazara los dos reales decretos de vivienda aprobados por el Gobierno.

La convocatoria electoral implica la disolución de las Cortes, que entrará en vigor este martes una vez que el acuerdo se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Concluida la legislatura, el Gobierno continuará en plenas funciones hasta la celebración de las elecciones, pero cualquier medida que necesite una votación parlamentaria deberá pasar por la Diputación Permanente. Este órgano permite que el Congreso continúe funcionando hasta la constitución de las nuevas Cortes surgidas de las urnas. Está compuesto por 68 diputados y la presidenta de la Cámara, Francina Armengol, y el reparto actual permite al Ejecutivo disponer de una mayoría muy ajustada.

En concreto, PSOE cuenta con 24 representantes, Sumar con seis y ERC, EH Bildu, PNV y el Grupo Mixto aportan uno cada uno. A ellos se suma el voto de Armengol, lo que eleva la cifra hasta 35 votos, frente a los 34 que reúnen PP, con 27, Vox, con seis, y Junts, con uno. Sin embargo, este reparto no garantiza por sí mismo la aprobación de las nuevas medidas, ya que todavía tendrán que negociarse los apoyos. Especialmente relevante será la posición del PNV, que en la anterior votación respaldó solo uno de los dos decretos. Junts, por su parte, ha instado al PSOE a volver a sentarse a negociar para plantear nuevas medidas que se ajusten más a sus posiciones.

Adelanto electoral

El adelanto electoral se produce después de que la vivienda se haya convertido en uno de los principales focos de tensión para el Ejecutivo. Sánchez había mantenido el Gobierno durante más de tres años desde las elecciones de 2023, en un escenario marcado por las dificultades parlamentarias y por la ruptura con Junts, que dejó al Ejecutivo sin una mayoría suficiente para sacar adelante algunas votaciones. Pese a ello, después de anunciar en 2024 que continuaría al frente del Gobierno tras cinco días de reflexión por la imputación de su mujer, Begoña Gómez, el presidente había insistido en que agotaría la legislatura.

La situación cambió tras la movilización relacionada con el desahucio de Maricarmen, de 87 años, en Madrid. El Gobierno aprobó el pasado martes un paquete de medidas en materia de vivienda después de las protestas surgidas tras el caso, pero el Congreso las rechazó el viernes. Tras esa derrota parlamentaria y la reacción en las calles, Sánchez volvió a plantearse la posibilidad de convocar elecciones y finalmente ha optado por hacerlo para el 29 de noviembre. Ahora, la vía de la Diputación Permanente ofrece al Ejecutivo la posibilidad de intentar sacar adelante nuevas medidas de vivienda antes de que los ciudadanos acudan a las urnas.