Medio centenar de abogados del turno de oficio en Jerez han celebrado el Día de la Justicia Gratuita reivindicando que su servicio a la sociedad no está lo suficientemente reconocido por la Administración, hasta el punto de reconocer que están en peor situación que hace cinco años. De hecho, el Consejo General de la Abogacía acaba de publicar que hay once millones menos adjudicados para el turno de oficio, a pesar de incrementarse el número de asuntos.
En Jerez, los 274 letrados del turno de oficio perciben de media por asunto unos 133 euros, cantidades “irrisorias” en palabras de Esther Aguilera, una de estas profesionales. Y todo ello, a pesar de gestionar en el último año casi 7.500 casos, cerca de un 15 por ciento más que en el ejercicio anterior.
Si bien el turno de oficio en Andalucía recibe casi 40 millones de euros de inversión, la tercera comunidad española por detrás de Cataluña y Madrid, un abogado andaluz cobra la mitad que un catalán por el mismo procedimiento, un hecho que hace que los profesionales andaluces se sientan “perjudicados” porque “tenemos la misma preparación y muchos años de experiencia. Es más, se le garantiza al justiciable una profesionalidad que ni tan siquiera colegiados de libre designación se la proporcionan, y esa profesionalidad tiene que pagarla la Administración”, critica Carmen Barca, otra letrada del turno de oficio.
Medio centenar de abogados del turno de oficio en Jerez, manifestándose. FOTO: MANU GARCÍA.
Los letrados del turno de oficio también critican la recientemente constituida Fundación Pro Bono, una agrupación formada por algunos de los grandes despachos nacionales y europeos para realizar labores de asesoramiento gratuito, algo que, entienden, “es la primera piedra para privatizar el turno de oficio y eludir impuestos los grandes despachos”, afirma la letrada Carmen Rodríguez.
Carmen Barca afirma también que la creación del Pro Bono “es beneficioso en otros países donde no existe el turno de oficio ni la justicia gratuita, pero habiéndolo aquí, es una manera para que los grandes despachos eludan impuestos”. Carmen Rodríguez añade que “en el momento en que estos grandes despachos se hagan cargo del servicio de justicia gratuita, los justiciables van a caer en una indefensión grandísima, porque siempre habrá intereses en juego que no son los verdaderos de los justiciables”.
Esther Aguilera termina lamentando que “desde el Gobierno se está haciendo una legislación que perjudica al abogado en general, pero con más incidencia en el abogado del turno de oficio porque están presionando para que tienda a desaparecer tal y como se conoce ahora mismo ofreciendo una justicia gratuita y universal para todos”.
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