Los candidatos a las oposiciones de profesores de Música y Artes Escénicas tendrán que aportar y transportar su propio piano para realizar la prueba práctica en Andalucía, algo que, según critican, genera desigualdad y resulta "inaudito" y "sin precedentes".

La presidenta de la Asociación Andaluza de Profesores de Música (AProMúsicA), Zoraida Pérez, ha explicado que esta decisión está generando "caos" e incertidumbre entre los opositores a las plazas de los conservatorios públicos, que tendrán que asumir un coste de entre 100 y 300 euros para alquilar y transportar un piano hasta las sedes de los exámenes.

Pérez ha advertido de que esto genera una brecha económica y técnica entre los aspirantes, ya que algunos tendrán que examinarse con teclados de distintas calidades, lo que rompe la igualdad de condiciones entre los candidatos. "Es un agravio comparativo real y un perjuicio tremendo que atenta contra el principio de equidad de unas oposiciones", ha asegurado, añadiendo que la Junta de Andalucía comunicó esta instrucción a los tribunales el pasado sábado, una vez ya iniciada la primera prueba del proceso selectivo.

"En convocatorias anteriores siempre se gestionó el traslado de pianos"

Pérez, en declaraciones a EFE, ha recordado que en convocatorias anteriores la propia Junta de Andalucía se ha encargado de gestionar y coordinar el traslado de pianos hacia aquellos centros educativos que carecían de ellos, por lo que ha afirmado "no entender" los motivos por los cuales la administración ha decidido romper este año con dicha práctica.

Además, en muchos casos los exámenes se realizan este año en conservatorios en los que sí hay pianos disponibles, una circunstancia que añade más absurdo a la situación. A ello se suma la falta de directrices logísticas, ya que la administración aún no ha aclarado en qué momento se permitirá el acceso de los pianos a los centros ni cuánto tiempo se podrán dejar allí depositados, lo que añade aún más incertidumbre a unos opositores que ya se enfrentan a un coste económico inesperado en plena recta final de su proceso selectivo.

La Junta defiende que las bases ya estipulaban esta obligación

La Consejería de Desarrollo Educativo de la Junta de Andalucía ha señalado que las bases de la convocatoria del proceso selectivo ya estipulaban la obligatoriedad de que cada aspirante aportara sus propios instrumentos para el desarrollo de las pruebas prácticas.

Ante esta circunstancia, AProMúsicA ha anunciado que solicitará una reunión con la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional para evitar que esta situación vuelva a repetirse en futuras convocatorias, ya que de cara a esta edición reconoce la dificultad de modificar el criterio cuando los llamamientos para las pruebas prácticas comienzan el próximo lunes.

Ustea exige una "rectificación inmediata"

El sindicato Ustea ha manifestado también su "más firme apoyo y solidaridad" con los opositores del Cuerpo de Profesorado de Secundaria de la especialidad de Música, calificando de "inadmisible y sin precedentes" que en el acto de presentación del pasado sábado se comunicara la obligación de aportar sus propios instrumentos, especialmente para quienes su instrumento es el piano. El sindicato recuerda que en todas las oposiciones anteriores, el piano "siempre había sido proporcionado por la sede del tribunal" de esta especialidad.

Desde Ustea se exige a la Consejería una "rectificación inmediata", considerando "injustificable" este cambio de criterio, que a su juicio "traslada la incapacidad logística de la Administración a las espaldas y a los bolsillos de las personas opositoras".

El sindicato ha planteado tres reclamaciones concretas a la Consejería: en primer lugar, el uso de los recursos públicos disponibles, autorizando de manera inmediata el uso de los pianos ya existentes en las sedes; en segundo lugar, la dotación de instrumentos por parte de la propia Junta en aquellas sedes que carezcan de ellos, "tal y como se ha gestionado hasta la fecha"; y en tercer lugar, garantías de seguridad y acceso, aclarando los protocolos de custodia, el acceso de personal de ayuda para el transporte y la distribución de espacios, en caso de que la Administración insista en mantener esta directriz.