Comisiones Obreras se ha sumado a la denuncia realizada ayer por el sindicato CSIF sobre la falta de personal en el comedor del CEIP Maestra Caridad Ruiz de Sanlúcar de Barrameda.
Por la dejadez y el abandono en el que se encuentran muchos centros, CCOO exige el cese del delegado territorial de Educación de Cádiz, al que consideran incapaz para el cargo que ocupa.
El sindicato denuncia que "en este centro educativo se está haciendo la comida y sirviendo el comedor por medio de dos limpiadoras contratadas a través de una empresa externa y algunas madres debido a que no se han cubierto las bajas y vacantes de las cinco personas que deberían estar trabajando en este servicio".
Según apunta Sebastián Alcón, secretario general del sindicato provincial de enseñanza de CCOO de Cádiz, “es inaceptable e ilegal que se esté utilizando a personas que no tienen la cualificación necesaria para desarrollar estas tareas, máxime cuando las dos vacantes que existen por jubilación datan de marzo y agosto de este año sin que se hayan cubierto ni se espere.”
Para Alcón hay una clara ilegalidad en esta medida, ya que en el caso de las madres están trabajando sin tener ninguna relación laboral con la junta de Andalucía y en el caso de las limpiadoras se las ha contratado a través de una empresa sin tener la categoría profesional de cocinera ni ayudante de cocina ni los carnets profesionales. “No es baladí que como consecuencia de la indolencia que desde hace años muestra la administración para cubrir vacantes y sustituciones de Personal de Administración y Servicios en los centros escolares públicos el comedor de este colegio se vea en la tesitura de cerrar sus instalaciones y dejar sin servicio de comedor a unos 300 alumnos y alumnas", explican desde CCOO.
Comisiones Obreras lleva años denunciando que "año tras año la cobertura de vacantes en el personal de servicios complementarios es inexistente, adelgazando en el mismo modo de manera que las plantillas de los centros se van reduciendo tanto que se van volviendo insuficientes para mantener dignamente el funcionamiento de los centros. Paralelamente a esto, esta situación de sobrecarga de trabajo para los profesionales en activo supone un riesgo para su salud que se resuelve en patologías que se van manifestando poco a poco y que se traducen en bajas por enfermedad o accidente como ha sido el caso en este centro de La Algaida".
Alcón añade además que "esto es un nuevo ejemplo de cómo el gobierno de la Junta de Andalucía va degradando los servicios públicos, servicios que se han mostrado más necesarios que nunca tras la situación de pandemia de la que aún no hemos salido del todo”.
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