Las aulas de Cádiz tienen menos alumnado, pero más estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo. Según los datos analizados por CSIF, estos últimos han pasado de 9.649 a 15.649 en diez años: 6.000 más, un incremento del 62 %.
La evolución general es la contraria. Las matrículas en enseñanzas de régimen general bajaron de 181.722 a 162.670, un 10,5 % menos. Mientras, los profesionales de Pedagogía Terapéutica, Audición y Lenguaje y Orientación aumentaron de 1.035 a 1.236 entre los cursos 2016-2017 y 2024-2025, casi un 20 %.
El sindicato considera insuficiente ese crecimiento. Este lunes, coincidiendo con el Día Mundial del Docente, ha presentado un Plan Integral de Mejora de la Atención a la Diversidad y ha reclamado medidas concretas a la Consejería de Educación.
Especialistas con límites de alumnado y sin compartir centros
CSIF propone una regulación andaluza que unifique la normativa dispersa, elimine disposiciones obsoletas y precise las funciones de los distintos profesionales. También plantea un máximo de entre 12 y 15 alumnos por especialista de PT y AL, tomando como referencia a quienes tengan reconocida la necesidad de intervención especializada, y avanzar hacia un orientador por cada 250 alumnos.
En Cádiz, Orientación pasó de 229 a 246 efectivos en nueve años. "La orientación debe tener tiempo para prevenir, no solo para apagar incendios", ha defendido el delegado de Educación de CSIF Cádiz Fran Grosso.

- Delegado de Educación de CSIF en Cádiz, Fran Grosso
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Otra petición es eliminar la compartición de especialistas entre centros y localidades. Según el sindicato, algunos atienden semanalmente a más de 40 estudiantes, una organización que reduce el tiempo de atención y dificulta el seguimiento y la coordinación.
Estabilidad para los PTIS y enfermería escolar
Para el personal técnico de Integración Social, CSIF reclama más efectivos según las necesidades reales, sustituciones inmediatas y un avance hacia el empleo público directo. También pide enfermería escolar estable.
El sindicato exige publicar anualmente datos sobre plantillas, ratios, recursos y presupuestos para evaluar las medidas. Su conclusión: "La inclusión no se decreta, sino que se financia".
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