ecología

Una 'batalla del agua' que dura ocho años: Ecologistas quiere saber si Trafalgar Polo Club usa pozos sin autorización en Mangueta

La organización reclama a la Junta que aclare si siguen existiendo captaciones sin regularizar en la finca de Mangueta y qué medidas se han adoptado para ejecutar las resoluciones administrativas y judiciales

  • Imagen aérea del Trafalgar Polo Club situado en la playa de Mangueta de Vejer.

Ecologistas en Acción ha vuelto a poner el foco sobre Trafalgar Polo Club, en la playa de Mangueta, dentro del término municipal de Vejer. La organización conservacionista ha solicitado a la Junta de Andalucía información sobre la situación actual de las captaciones de aguas subterráneas de la finca después de años de expedientes, sanciones y resoluciones judiciales.

Ecologistas presentó este lunes 21 de septiembre un escrito ante la Consejería competente en materia de aguas para pedir información ambiental, comprobar el cumplimiento de las resoluciones administrativas y judiciales y conocer qué actuaciones se han adoptado en relación con los pozos y aprovechamientos existentes en las instalaciones. La finca pertenece a Trafalgar Light House S.L. y arrastra procedimientos administrativos relacionados con el uso de aguas subterráneas desde 2018.

La finca ocupa 70 hectáreas y tiene un campo de polo de hierba, tres apartamentos con terraza privada y vistas al mar, y acceso directo a la playa de la Mangueta. Ahora, Ecologistas quiere conocer, entre otras cuestiones, si la empresa ha conseguido posteriormente alguna autorización o concesión, si se ha regularizado alguna de las captaciones existentes, si se han desmontado sus sistemas de extracción o si los pozos y sondeos afectados han sido finalmente sellados.

Inspecciones, paralización y una sanción de más de 46.000 euros

Las primeras actuaciones en este entorno comenzaron en 2018 a raíz de denuncias sobre diferentes captaciones de agua subterránea vinculadas a las actividades de Trafalgar Polo Club.

En septiembre de 2019 y junio de 2020, inspecciones realizadas por la Guardería Fluvial —el servicio administrativo de las confederaciones hidrográficas en España encargado de vigilar, inspeccionar y proteger el dominio público hidráulico— y agentes de Medio Ambiente habrían constatado la existencia de sondeos y pozos dotados de sistemas de extracción sin concesión, de acuerdo con la documentación expuesta por la organización.

El agua se destinaba, según esas inspecciones, al riego de olivos y acebuches, unas cuatro hectáreas de césped, el ganado, el alojamiento, jardines y otras instalaciones del complejo. También se señaló que las captaciones afectaban a la masa de agua subterránea, considerada en riesgo de mal estado.

En agosto de 2020, Ecologistas reclamó a la Junta que investigase los pozos utilizados para abastecer una balsa y mantener el campo de polo, y sostenía entonces que estaban afectando al acuífero costero de la zona. El servicio de Dominio Público Hidráulico acordó en junio de aquel año la paralización inmediata de las captaciones y aprovechamientos y advirtió de que procedería a precintarlas si no se cumplía la resolución.

Ecologistas asegura que el precinto no llegó a ejecutarse porque se impidió la entrada de los agentes de Medio Ambiente a la finca. En octubre de 2020, la Consejería competente impuso a Trafalgar Light House S.L. una multa de 46.010,12 euros, además de una indemnización de 5.399,23 euros por daños al dominio público hidráulico. La resolución obligaba igualmente a obtener la correspondiente autorización o concesión para captar aguas subterráneas.

Dos resoluciones judiciales posteriores

El conflicto continuó posteriormente en los tribunales. La empresa recurrió en alzada la resolución sancionadora, pero el recurso fue desestimado en noviembre de 2021 por la entonces Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.

También acudió a la vía contencioso-administrativa contra la negativa de la Junta a autorizar el aprovechamiento de aguas subterráneas. Según recoge Ecologistas, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía dictó una sentencia el 29 de mayo de 2024 desestimando el recurso presentado por la sociedad.

A esta resolución se sumó otra sentencia del TSJA fechada el 16 de marzo de 2026, que volvió a desestimar un recurso de Trafalgar Light House S.L. contra una resolución de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería y Pesca de Cádiz que había rechazado la autorización para utilizar aguas subterráneas para riego, inscribir ese aprovechamiento en el Registro de Derechos de Aguas y abrir el pozo solicitado.

"Qué actuaciones se han realizado"

Con estos antecedentes, Ecologistas considera necesario conocer qué situación existe actualmente, especialmente porque sostiene que Trafalgar Polo Club continúa en actividad y dispone de agua.

La organización pregunta expresamente si permanece alguna captación legalizada o no legalizada y qué ha hecho la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural para ejecutar sus propias resoluciones. También reclama saber si, en caso de existir todavía aprovechamientos sin regularizar, la Administración piensa adoptar nuevas medidas.

Para Ecologistas, resulta especialmente grave que después de años de procedimientos administrativos y judiciales todavía no exista, según denuncia, una explicación pública sobre la situación exacta de los recursos hídricos utilizados en el complejo.

"Después de años de expedientes administrativos, sanciones, órdenes de paralización y resoluciones judiciales, no resulta admisible que siga sin conocerse qué medidas ha adoptado la Administración para hacer cumplir sus propias decisiones y el ordenamiento jurídico", sostiene la organización.

Ecologistas en Acción ha vuelto a poner el foco sobre Trafalgar Polo Club, en la playa de Mangueta, dentro del término municipal de Vejer. La organización conservacionista ha solicitado a la Junta de Andalucía información sobre la situación actual de las captaciones de aguas subterráneas de la finca después de años de expedientes, sanciones y resoluciones judiciales.

Ecologistas presentó este lunes 21 de septiembre un escrito ante la Consejería competente en materia de aguas para pedir información ambiental, comprobar el cumplimiento de las resoluciones administrativas y judiciales y conocer qué actuaciones se han adoptado en relación con los pozos y aprovechamientos existentes en las instalaciones. La finca pertenece a Trafalgar Light House S.L. y arrastra procedimientos administrativos relacionados con el uso de aguas subterráneas desde 2018.

La finca ocupa 70 hectáreas y tiene un campo de polo de hierba, tres apartamentos con terraza privada y vistas al mar, y acceso directo a la playa de la Mangueta. Ahora, Ecologistas quiere conocer, entre otras cuestiones, si la empresa ha conseguido posteriormente alguna autorización o concesión, si se ha regularizado alguna de las captaciones existentes, si se han desmontado sus sistemas de extracción o si los pozos y sondeos afectados han sido finalmente sellados.

Inspecciones, paralización y una sanción de más de 46.000 euros

Las primeras actuaciones en este entorno comenzaron en 2018 a raíz de denuncias sobre diferentes captaciones de agua subterránea vinculadas a las actividades de Trafalgar Polo Club.

En septiembre de 2019 y junio de 2020, inspecciones realizadas por la Guardería Fluvial —el servicio administrativo de las confederaciones hidrográficas en España encargado de vigilar, inspeccionar y proteger el dominio público hidráulico— y agentes de Medio Ambiente habrían constatado la existencia de sondeos y pozos dotados de sistemas de extracción sin concesión, de acuerdo con la documentación expuesta por la organización.

El agua se destinaba, según esas inspecciones, al riego de olivos y acebuches, unas cuatro hectáreas de césped, el ganado, el alojamiento, jardines y otras instalaciones del complejo. También se señaló que las captaciones afectaban a la masa de agua subterránea, considerada en riesgo de mal estado.

En agosto de 2020, Ecologistas reclamó a la Junta que investigase los pozos utilizados para abastecer una balsa y mantener el campo de polo, y sostenía entonces que estaban afectando al acuífero costero de la zona. El servicio de Dominio Público Hidráulico acordó en junio de aquel año la paralización inmediata de las captaciones y aprovechamientos y advirtió de que procedería a precintarlas si no se cumplía la resolución.

Ecologistas asegura que el precinto no llegó a ejecutarse porque se impidió la entrada de los agentes de Medio Ambiente a la finca. En octubre de 2020, la Consejería competente impuso a Trafalgar Light House S.L. una multa de 46.010,12 euros, además de una indemnización de 5.399,23 euros por daños al dominio público hidráulico. La resolución obligaba igualmente a obtener la correspondiente autorización o concesión para captar aguas subterráneas.

Dos resoluciones judiciales posteriores

El conflicto continuó posteriormente en los tribunales. La empresa recurrió en alzada la resolución sancionadora, pero el recurso fue desestimado en noviembre de 2021 por la entonces Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.

También acudió a la vía contencioso-administrativa contra la negativa de la Junta a autorizar el aprovechamiento de aguas subterráneas. Según recoge Ecologistas, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía dictó una sentencia el 29 de mayo de 2024 desestimando el recurso presentado por la sociedad.

A esta resolución se sumó otra sentencia del TSJA fechada el 16 de marzo de 2026, que volvió a desestimar un recurso de Trafalgar Light House S.L. contra una resolución de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería y Pesca de Cádiz que había rechazado la autorización para utilizar aguas subterráneas para riego, inscribir ese aprovechamiento en el Registro de Derechos de Aguas y abrir el pozo solicitado.

"Qué actuaciones se han realizado"

Con estos antecedentes, Ecologistas considera necesario conocer qué situación existe actualmente, especialmente porque sostiene que Trafalgar Polo Club continúa en actividad y dispone de agua.

La organización pregunta expresamente si permanece alguna captación legalizada o no legalizada y qué ha hecho la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural para ejecutar sus propias resoluciones. También reclama saber si, en caso de existir todavía aprovechamientos sin regularizar, la Administración piensa adoptar nuevas medidas.

Para Ecologistas, resulta especialmente grave que después de años de procedimientos administrativos y judiciales todavía no exista, según denuncia, una explicación pública sobre la situación exacta de los recursos hídricos utilizados en el complejo.

"Después de años de expedientes administrativos, sanciones, órdenes de paralización y resoluciones judiciales, no resulta admisible que siga sin conocerse qué medidas ha adoptado la Administración para hacer cumplir sus propias decisiones y el ordenamiento jurídico", sostiene la organización.

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