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La alcaldesa de Conil, Inmaculada Sánchez, ha anunciado que emprenderá acciones legales contra el portavoz municipal del PP, Antonio Aragón, después de que este la acusara de ser "cómplice" y encubridora en relación con el denominado caso Almazo, el expediente urbanístico que afecta al ya ex concejal Manuel Almazo.
Sánchez considera que las manifestaciones realizadas por Aragón el pasado viernes pueden constituir un delito de calumnias y ha defendido que la actuación municipal fue inmediata desde que se tuvo conocimiento de la posible existencia de irregularidades que podían superar el ámbito administrativo.
"Como en la vida, en la política no todo vale", ha señalado la regidora, que sostiene que desde Alcaldía se actuó con transparencia y que se depuraron las responsabilidades políticas, administrativas y legales que correspondían.
El PP había denunciado públicamente, después de acceder al expediente, la existencia de una "posible falsificación de un documento público" y Aragón llegó a afirmar que la alcaldesa era "cómplice de la ocultación de esta información". Los populares relacionaron sus sospechas con un código de verificación incluido en la documentación consultada.
Del acta urbanística al traslado a los tribunales
Sánchez ha detallado ahora su versión de la cronología. Según explica, el 26 de agosto se levantó un acta por una infracción urbanística y comenzó el correspondiente expediente administrativo. Posteriormente, el viernes, Alcaldía recibió información sobre la existencia de un documento de autorización que, según sostiene el gobierno municipal, no se correspondía con la obra que estaba siendo objeto de inspección. Ante la posibilidad de que pudiera existir un delito, Sánchez asegura que actuó ese mismo día.
"Inmediatamente puse los hechos en conocimiento de la Secretaría General del Ayuntamiento y se ordenó que se remitiera el expediente a los Tribunales, presentándose ese mismo día", afirma la alcaldesa. La controversia surgió inicialmente por unas obras realizadas en una parcela vinculada a Manuel Almazo, aunque posteriormente el foco político se desplazó hacia la posible existencia de documentación que no se correspondería con esas actuaciones. El PP sostiene que la documentación consultada contiene indicios que deben esclarecerse judicialmente.
La alcaldesa recuerda, en cualquier caso, que Almazo mantiene la presunción de inocencia y su derecho a defenderse ante cualquier instancia, incluida la judicial.
La alcaldesa asegura que comunicó a Almazo su cese
Sánchez ha explicado igualmente que, cuando surgieron estos nuevos indicios, Manuel Almazo se encontraba fuera del país y mantuvo con él una conversación telefónica. "Dada la gravedad de los hechos y la posibilidad de que pudieran colisionar los intereses municipales con los particulares del propio concejal, le comuniqué que se procedería al cese de sus competencias", asegura.
La alcaldesa añade que también le pidió la entrega de su acta de concejal para evitar cualquier duda sobre el tratamiento del expediente y sobre la posibilidad de acceder a la documentación debido a su condición de cargo público.
Almazo acabó presentando su dimisión, aunque el asunto no quedó políticamente cerrado. Izquierda Unida reclamó posteriormente explicaciones públicas al gobierno municipal y consideró que la posible falsificación documental había desplazado a un segundo plano la controversia inicial sobre las obras.
La polémica por el acceso de la oposición al expediente
Otro de los frentes abiertos ha sido el tiempo que tardaron los grupos municipales en acceder a la documentación. El PP había denunciado que llevaba más de dos semanas solicitando el expediente y cuestionó por qué no se había informado anteriormente a los grupos políticos de la gravedad de su contenido.
Sánchez rechaza que hubiera intención de ocultar información y sostiene que los plazos se ajustaron al funcionamiento ordinario del Ayuntamiento.
Según la alcaldesa, desde el principio se dieron instrucciones para que la documentación estuviese disponible para todos los integrantes de la Corporación que la solicitaran. Añade que los concejales de la oposición pudieron consultar el expediente antes que el propio Almazo, al que se autorizó el acceso, en condición de interesado, el viernes 18 de septiembre después de haberlo solicitado el día 6.
"Quienes me acusan de complicidad o encubrimiento representan la política del 'todo vale', una práctica de la que debemos prescindir tanto en la vida pública como en la personal", ha manifestado.
"Tendrá que responder por las acusaciones"
La alcaldesa carga especialmente contra Antonio Aragón y sostiene que el dirigente popular disponía ya de la documentación y había recibido explicaciones de los técnicos municipales cuando realizó sus acusaciones.
A su juicio, el portavoz del PP ocultó que el expediente había sido trasladado a la Justicia el mismo día en el que ella tuvo conocimiento de la posible irregularidad. Sánchez asegura por ello que Aragón "tendrá que responder por las acusaciones vertidas contra ella" y le reprocha "un profundo cinismo" por mantener sus críticas pese a conocer, según la versión de Alcaldía, la actuación seguida por el Ayuntamiento.
La alcaldesa de Conil, Inmaculada Sánchez, ha anunciado que emprenderá acciones legales contra el portavoz municipal del PP, Antonio Aragón, después de que este la acusara de ser "cómplice" y encubridora en relación con el denominado caso Almazo, el expediente urbanístico que afecta al ya ex concejal Manuel Almazo.
Sánchez considera que las manifestaciones realizadas por Aragón el pasado viernes pueden constituir un delito de calumnias y ha defendido que la actuación municipal fue inmediata desde que se tuvo conocimiento de la posible existencia de irregularidades que podían superar el ámbito administrativo.
"Como en la vida, en la política no todo vale", ha señalado la regidora, que sostiene que desde Alcaldía se actuó con transparencia y que se depuraron las responsabilidades políticas, administrativas y legales que correspondían.
El PP había denunciado públicamente, después de acceder al expediente, la existencia de una "posible falsificación de un documento público" y Aragón llegó a afirmar que la alcaldesa era "cómplice de la ocultación de esta información". Los populares relacionaron sus sospechas con un código de verificación incluido en la documentación consultada.
Del acta urbanística al traslado a los tribunales
Sánchez ha detallado ahora su versión de la cronología. Según explica, el 26 de agosto se levantó un acta por una infracción urbanística y comenzó el correspondiente expediente administrativo. Posteriormente, el viernes, Alcaldía recibió información sobre la existencia de un documento de autorización que, según sostiene el gobierno municipal, no se correspondía con la obra que estaba siendo objeto de inspección. Ante la posibilidad de que pudiera existir un delito, Sánchez asegura que actuó ese mismo día.
"Inmediatamente puse los hechos en conocimiento de la Secretaría General del Ayuntamiento y se ordenó que se remitiera el expediente a los Tribunales, presentándose ese mismo día", afirma la alcaldesa. La controversia surgió inicialmente por unas obras realizadas en una parcela vinculada a Manuel Almazo, aunque posteriormente el foco político se desplazó hacia la posible existencia de documentación que no se correspondería con esas actuaciones. El PP sostiene que la documentación consultada contiene indicios que deben esclarecerse judicialmente.
La alcaldesa recuerda, en cualquier caso, que Almazo mantiene la presunción de inocencia y su derecho a defenderse ante cualquier instancia, incluida la judicial.
La alcaldesa asegura que comunicó a Almazo su cese
Sánchez ha explicado igualmente que, cuando surgieron estos nuevos indicios, Manuel Almazo se encontraba fuera del país y mantuvo con él una conversación telefónica. "Dada la gravedad de los hechos y la posibilidad de que pudieran colisionar los intereses municipales con los particulares del propio concejal, le comuniqué que se procedería al cese de sus competencias", asegura.
La alcaldesa añade que también le pidió la entrega de su acta de concejal para evitar cualquier duda sobre el tratamiento del expediente y sobre la posibilidad de acceder a la documentación debido a su condición de cargo público.
Almazo acabó presentando su dimisión, aunque el asunto no quedó políticamente cerrado. Izquierda Unida reclamó posteriormente explicaciones públicas al gobierno municipal y consideró que la posible falsificación documental había desplazado a un segundo plano la controversia inicial sobre las obras.
La polémica por el acceso de la oposición al expediente
Otro de los frentes abiertos ha sido el tiempo que tardaron los grupos municipales en acceder a la documentación. El PP había denunciado que llevaba más de dos semanas solicitando el expediente y cuestionó por qué no se había informado anteriormente a los grupos políticos de la gravedad de su contenido.
Sánchez rechaza que hubiera intención de ocultar información y sostiene que los plazos se ajustaron al funcionamiento ordinario del Ayuntamiento.
Según la alcaldesa, desde el principio se dieron instrucciones para que la documentación estuviese disponible para todos los integrantes de la Corporación que la solicitaran. Añade que los concejales de la oposición pudieron consultar el expediente antes que el propio Almazo, al que se autorizó el acceso, en condición de interesado, el viernes 18 de septiembre después de haberlo solicitado el día 6.
"Quienes me acusan de complicidad o encubrimiento representan la política del 'todo vale', una práctica de la que debemos prescindir tanto en la vida pública como en la personal", ha manifestado.
"Tendrá que responder por las acusaciones"
La alcaldesa carga especialmente contra Antonio Aragón y sostiene que el dirigente popular disponía ya de la documentación y había recibido explicaciones de los técnicos municipales cuando realizó sus acusaciones.
A su juicio, el portavoz del PP ocultó que el expediente había sido trasladado a la Justicia el mismo día en el que ella tuvo conocimiento de la posible irregularidad. Sánchez asegura por ello que Aragón "tendrá que responder por las acusaciones vertidas contra ella" y le reprocha "un profundo cinismo" por mantener sus críticas pese a conocer, según la versión de Alcaldía, la actuación seguida por el Ayuntamiento.
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