El juez de la plaza número 1 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sanlúcar la Mayor ha acordado el archivo provisional de la investigación sobre los ocho pozos supuestamente no autorizados de la finca Aljóbar, en Aznalcázar, gestionada por Eurotecnia Agraria.

En la causa figuraba como investigado el representante legal de la sociedad, Luis Martínez de Irujo Hohenlohe-Langenburg. El magistrado sostiene en un auto fechado el 10 de septiembre que los informes técnicos recabados no permiten concluir, ni siquiera de manera indiciaria, que las extracciones hayan supuesto “un peligro para el acuífero o su hábitat”, que está muy cercano a Doñana.

El procedimiento analizaba la extracción de aguas subterráneas destinadas al riego de olivos y naranjos. Según el juez, no puede considerarse acreditado que se produjera un riesgo grave para el medio ambiente ni un descenso relevante de los niveles de agua capaz de afectar a su conservación o entorno natural.

Alianza Verde carga contra el archivo de la causa

La decisión ha provocado una dura reacción de Alianza Verde, que califica el archivo de “totalmente injustificado” y asegura que genera “sensación de impunidad” e “indefensión”.

El partido ecologista habla de nueve pozos y asegura que la Guardia Civil y la Fiscalía cifraron las extracciones entre 3.807 y 6.640 millones de litros de aguas subterráneas, valorados en unos seis millones de euros. También sostiene que la Casa de Alba reconoció judicialmente que siete de ellos carecieron de autorización durante una década.

Alianza Verde critica además al Ministerio para la Transición Ecológica y a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir por la posterior regularización de los pozos. “El magistrado muestra ignorancia o intencionalidad en esta asunción de que no ha habido daño ambiental”, denuncia la formación, que concluye: “Hay afectación ambiental y es un robo de un recurso escaso”.