El Gobierno ha advertido esta semana que no habrá moratorias a la implantación de las zonas de bajas emisiones en los municipios de más de 50.000 habitantes. Según fijó la Ley de Cambio Climático y Transición Energética las ZBE deben estar en marcha antes de enero de 2023, pero apenas hay ciudades medias o grandes que tengan dibujado ya el área en el que restringirán el uso del coche privado.
La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), presidida por el alcalde socialista de Vigo, Abel Caballero, ha reclamado al Gobierno que flexibilice la medida y amplíe el plazo, pero la respuesta de la cartera de su compañera de partido, la ministra Teresa Ribera, es tajante: no habrá moratoria.
Lo que subyace es el escenario de elecciones municipales a la vuelta de la esquina, en mayo del año que viene, y cualquier medida de este tipo puede ser impopular y suponer un desgaste ante la opinión pública con vistas a las estrategias electorales en cada municipio.
Según publicaba El País a principios de esta semana, según un análisis propio, solo 13 de cada 100 municipios obligados por ley a contar con esta ZBE llegará a tiempo. En la provincia de Cádiz, solo Algeciras ha anunciado su zona. En mayo pasado, el Ayuntamiento que preside el popular José Ignacio Landaluce anunció que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana había notificado oficialmente la concesión de la cantidad de 4.602.990 euros procedentes de fondos europeos Next Generation, para realizar las actuaciones necesarias para crear una zona de bajas emisiones entre el norte del Llano Amarillo y la confluencia de Capitán Ontañón con el parque María Cristina.
¿Y el resto de ayuntamientos de la provincia de Cádiz?
Como ya publicó lavozdelsur.es, no es que la mayoría de ayuntamientos de ciudades medias y grandes de la provincia de Cádiz —hay ocho municipios con más de 50.000 habitantes— no vaya a cumplir con la ley el próximo 1 de enero, es que, como en el caso de El Puerto, ni siquiera a día de hoy tiene Plan de Movilidad Urbana y Sostenible en vigor.
No fue hasta la aparición en este periódico de dicha información cuando se decidieron en el Consistorio portuense a encargar dicho trabajo imprescindible para que todas las ciudades mayores de 50.000 habitantes recibieran fondos europeos para sus proyectos de control de tráfico y reducción drástica de las emisiones.
El Ayuntamiento de la ciudad más poblada de la provincia, Jerez, anunció hace semanas que dicha Zona de Bajas Emisiones no entraría en vigor hasta el próximo verano, saltándose en medio año la norma estatal. De hecho ahora han comenzado los encargos de lectores de matrículas y demás sistemas de control de tráfico para implantar en el intramuros un sistema estricto de control al tráfico ajeno a la zona.
Al análisis efectuado por el mencionado periódico generalista, no respondió el Ayuntamiento de Jerez, pero sí el resto de municipios, Cádiz capital, San Fernando y El Puerto, que admitieron que no tienen fecha prevista para implantar sus respectivos proyectos de Zonas de Bajas Emisiones. El resto de ciudades de más de 50.000 habitantes de la provincia no han sido consultadas, Chiclana, La Línea y Sanlúcar. En el caso de Chiclana, por ejemplo, se sabe que las medidas afectarán al centro de la ciudad, pero no se confirma cuándo entrarían en vigor. Sobre La Línea, su proyecto, anunciado recientemente, habla de una "supermanzana" donde el peatón tenga prioridad, mientras que Sanlúcar no da pistas sobre cómo implantará dicha ZBE en el municipio.
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