El Gobierno califica de "atropello" la nueva ley de PP y Vox para Doñana y la llevará al Constitucional

Desde el PP andaluz habían manifestado que se produjo cierto consenso con el Ejecutivo de Sánchez antes de registrar la ley en el Parlamento

Moreno en Doñana, lugar en el foco de Bruselas, durante la puesta en libertad de un lince.
Moreno en Doñana, lugar en el foco de Bruselas, durante la puesta en libertad de un lince.

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ha expresado este viernes el rechazo del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) a la proposición de ley que el PP-A y Vox han registrado en el Parlamento andaluz sobre la regulación de las zonas de regadío de cinco municipios onubenses al norte de la Corona Forestal de Doñana.

Morán ha tachado la propuesta de "atropello" al tiempo que fuentes del Ministerio que dirige la vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, han avisado de que llevarán al Tribunal Constitucional (TC) "toda actuación que ponga en riesgo a Doñana".

De esta manera, a través de la Delegación del Gobierno en Andalucía, el Ministerio para la Transición Ecológica ha querido dejar claro que "no ha negociado ni, mucho menos, ha llegado a ningún acuerdo con PP y Vox para aumentar los regadíos en Doñana, tal y como pretenden hacer" en dicha proposición de ley registrada en el Parlamento, según han apostillado desde la cartera que dirige Teresa Ribera.

Para el departamento ministerial "esta proposición de ley es un atropello" que "desprecia el papel del Consejo de Participación de Doñana", y en todo caso es una iniciativa que "debería ser tramitada por la Junta de Andalucía como proyecto de ley para que las administraciones y órganos competentes puedan entregar informes".

"Aumentar el regadío en estas zonas, cercanas al Parque Nacional de Doñana, dañaría más una zona ya gravemente afectada por la sequía", han advertido además desde el Gobierno central, cuyo secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ha explicado en un vídeo difundido también este viernes que el pasado lunes, 27 de febrero, tuvo ocasión de reunirse con el consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández-Pacheco, y su equipo.

Ha detallado que, en dicho encuentro, pudo trasladar personalmente al consejero "que lo procedente en este caso era no registrar esa proposición de ley, abrir un proceso de diálogo, sentarse en el ámbito del Consejo de Participación de Doñana, y no tomar ninguna decisión que vaya justo en la dirección contraria de lo que establece la sentencia" del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que "obliga a tomar medidas para proteger el humedal".

Frente a ello, el secretario de Estado ha criticado que la iniciativa registrada por PP-A y Vox "pretende ampliar la superficie" de hectáreas "regables reconocida en el entorno de Doñana", y ha añadido que en el Ministerio se han sorprendido por la presentación de esta iniciativa.

 "Hasta ahora habíamos entendido que, por parte del Gobierno andaluz" del PP-A, "no se iba a tomar ninguna iniciativa en ese sentido que previamente no hubiera sido acordada en el seno del diálogo entre administraciones".

Hugo Morán ha subrayado que esta proposición de ley "va justo en dirección contraria de lo que el TJUE exige", y ha defendido que "cualquier actuación de revisión de la planificación actual de protección del Parque Nacional de Doñana y su entorno tiene que pasar por sus órganos de participación, como lo ha hecho hasta ahora".

"No se puede saltar la capacidad que el Consejo de Participación de Doñana tiene en este proceso de toma de decisiones compartidas, ni obviar las competencias que tiene la Administración General del Estado, en este caso" a través de la demarcación hidrográfica del Guadalquivir, "en un procedimiento que debería ser un proyecto de ley que requiera de los informes técnicos y jurídicos previos, y hacerlo utilizando el atajo de una proposición de ley para eludir toda esta tramitación", ha añadido el secretario de Estado de Medio Ambiente.

Hugo Morán ha concluido indicando que espera "que impere la cordura", y confiando "en que esta decisión no se convierta en una ocasión más de demostrar que la política medioambiental, en el caso del Gobierno de Andalucía, no forma parte de su agenda, y lo único que nos encontramos por delante es una acción de hechos consumados".

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