Ecologistas en Acción ha remitido un amplio y detallado informe al delegado Territorial de la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul (antes Desarrollo Sostenible) en el que se demuestra la inviabilidad ambiental, técnica y legal de la urbanización prevista en el Rancho Linares. Además, advierten a los técnicos que la informen favorablemente y a los responsables políticos que la autoricen, que podrían incurrir en delitos de falsedad documental y prevaricación.
Este proyecto urbanístico, promovido por la empresa Marsur TS-21 S.L. del Grupo Q, ha sufrido múltiples avatares desde que inició su tramitación en 2008. El Ayuntamiento procedió a la modificación del PGOU de El Puerto de 1992, de nuevo en vigor tras la anulación del PGOU de 2012, para que estos terrenos forestales pasaran a ser urbanizables, con la previsión de construir 1.200 viviendas.
Desde Ecologistas en Acción informan que "el proyecto ha incurrido en múltiples irregularidades, la más grave, el no haberse sometido la mencionada modificación del PGOU a la preceptiva Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), según determina la Directiva Europea 2001/42/CE, y su transposición en la Ley 9/2006 sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente". Así, "tanto el Ayuntamiento como la Junta incumplieron la legislación de evaluación ambiental de planes urbanísticos con pleno conocimiento de causa, pues sus técnicos y responsables deben conocer dicha normativa, y porque desestimaron las alegaciones de Ecologistas en Acción que advertían de la ilegalidad de aprobar dicha modificación del PGOU para permitir urbanizar este valioso bosque".
Ahora, la Delegación de Sostenibilidad de la Junta ha redactado un Dictamen Ambiental favorable a la urbanización del Rancho Linares, documento que ha remitido a Ecologistas en Acción para que lo valore. "En nuestra respuesta insistimos en que no se puede seguir tramitando este proyecto urbanístico por adolecer de radical nulidad, según ha sentenciado en numerosas ocasiones el Tribunal Supremo en casos similares, entre otros, anulando los PGOU de Chiclana y El Puerto de Santa María", advierte el colectivo ecologista.
Y no ha sido la única vez que el Ayuntamiento y la Junta incumplen las normas legales para favorecer a este proyecto urbanístico, avisa Ecolgistas. "En febrero de 2020 la junta de gobierno local del Ayuntamiento de El Puerto aprobó el proyecto de urbanización y anunció el inminente inicio de las obras". Pero al obviar de nuevo el preceptivo trámite de evaluación de impacto ambiental, Ecologistas en Acción recurrió el acuerdo, y la propia Junta de Gobierno Local se vio obligada a anularlo.
Ahora, la Delegación de Sostenibilidad de la Junta y el Ayuntamiento "pretenden cometer de nuevo un fraude legal y ambiental, aprobando un proyecto en un terreno recalificado a urbanizable ilegalmente, y sin valorar las alternativas, que también es una obligación legal", avisa el coletivo en una nota. En su opinión, "no es legal ni lógico el empecinamiento del Ayuntamiento y de la Junta de urbanizar el que es el bosque con mayor biodiversidad de El Puerto, existiendo zonas urbanizables sin desarrollar desde que se aprobó el PGOU de 1992, como son La Florida, Las Marías, con una capacidad de más de 5.000 viviendas, o “Bahía Alta”, en la antigua bodega de San José del Pino, que está totalmente urbanizada, y donde están previstas 999 viviendas desde hace 15 años".
El proyecto prevé desmontar un tramo, incluido un registro, del acueducto de La Piedad, un valioso elemento del patrimonio histórico construido en el siglo XVIII para conducir el agua desde los manantiales de La Piedad hasta El Puerto de Santa María. Por todo ello, Ecologistas en Acción ha reiterado a la Delegación de Sostenibilidad de la Junta de Andalucía "que proceda a desestimar definitivamente este proyecto, declarándolo ambiental y legalmente inviable; y que se adopten las medidas necesarias para garantizar la conservación de la totalidad de los terrenos forestales del Rancho Linares y de su biodiversidad".
Asimismo, Ecologistas en Acción ha pedido a la Junta de Andalucía que anule la Orden de 26 de mayo de 2011 y la Resolución de 9 de enero de 2012, por las que se aprobó la Modificación del PGOU en el ámbito del Rancho Linares, ya que se dictaron prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido.
Y en el caso de que se apruebe este proyecto urbanístico, lo recurrirá ante los tribunales y exigirá responsabilidades a quienes, a pesar de su manifiesta ilegalidad, lo informen favorablemente o lo aprueben.
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