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La Fiscalía ha recurrido el archivo de la causa que investigaba varios pozos sin autorización administrativa en la finca Aljóbar, en Aznalcázar, vinculada a la Casa de Alba y situada en el entorno de Doñana. El Ministerio Público considera que existen "indicios suficientes" de delito contra el medio ambiente y solicita que continúe el procedimiento.
El recurso ya está admitido a trámite. También lo está el presentado por Ecologistas en Acción, personada como acusación popular, según la resolución de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sanlúcar la Mayor.
La legalización posterior, en el centro del recurso
La acusación pública fundamenta su petición en una "extracción sistemática y de carácter industrial" de agua que, según sostiene, afectó a una superficie extensa durante muchos años y causó un grave perjuicio al medio natural.
Su argumento va más allá de los permisos. Para la Fiscalía, una legalización posterior de los pozos o las extracciones por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir no eliminaría un delito ambiental que pudiera haberse consumado previamente.
"Nos encontramos ante un delito de peligro hipotético", señala el recurso. El Ministerio Público defiende que basta con acreditar la capacidad potencial de la extracción clandestina e incontrolada para perjudicar gravemente el recurso hídrico protegido.
Por ello, pide revocar el auto de archivo y considera que la existencia de ese peligro grave debe debatirse en el juicio oral.
El archivo también acordó desprecintar los pozos
La resolución recurrida había dispuesto el cese de las medidas cautelares y trasladado al Seprona de la Guardia Civil el "desprecinto" de los pozos investigados.
La finca pertenece a Eurotécnica Agraria, empresa vinculada a la Casa de Alba y personada en el procedimiento. La Fiscalía había iniciado las actuaciones mediante una querella por un posible delito contra el medio ambiente.
En la causa declaró como investigado L. M. de I. H.-L., nieto de la duquesa de Alba. El 20 de febrero de 2025 señaló que la regularización de los pozos se había iniciado a raíz de la denuncia de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.
La Fiscalía ha recurrido el archivo de la causa que investigaba varios pozos sin autorización administrativa en la finca Aljóbar, en Aznalcázar, vinculada a la Casa de Alba y situada en el entorno de Doñana. El Ministerio Público considera que existen "indicios suficientes" de delito contra el medio ambiente y solicita que continúe el procedimiento.
El recurso ya está admitido a trámite. También lo está el presentado por Ecologistas en Acción, personada como acusación popular, según la resolución de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sanlúcar la Mayor.
La legalización posterior, en el centro del recurso
La acusación pública fundamenta su petición en una "extracción sistemática y de carácter industrial" de agua que, según sostiene, afectó a una superficie extensa durante muchos años y causó un grave perjuicio al medio natural.
Su argumento va más allá de los permisos. Para la Fiscalía, una legalización posterior de los pozos o las extracciones por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir no eliminaría un delito ambiental que pudiera haberse consumado previamente.
"Nos encontramos ante un delito de peligro hipotético", señala el recurso. El Ministerio Público defiende que basta con acreditar la capacidad potencial de la extracción clandestina e incontrolada para perjudicar gravemente el recurso hídrico protegido.
Por ello, pide revocar el auto de archivo y considera que la existencia de ese peligro grave debe debatirse en el juicio oral.
El archivo también acordó desprecintar los pozos
La resolución recurrida había dispuesto el cese de las medidas cautelares y trasladado al Seprona de la Guardia Civil el "desprecinto" de los pozos investigados.
La finca pertenece a Eurotécnica Agraria, empresa vinculada a la Casa de Alba y personada en el procedimiento. La Fiscalía había iniciado las actuaciones mediante una querella por un posible delito contra el medio ambiente.
En la causa declaró como investigado L. M. de I. H.-L., nieto de la duquesa de Alba. El 20 de febrero de 2025 señaló que la regularización de los pozos se había iniciado a raíz de la denuncia de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.
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