Esta decisión supone que durante un plazo de cinco años la Junta abonará a las clínicas de Pascual más de 771 millones de euros por la prestación de sus servicios tanto de asistencia especializada como hospitalaria
Facua Cádiz pide, además de sancionar a la comercializadora, anular este incremento y reintegrar a los clientes afectados el importe que les haya cobrado de más desde el inicio del este mes
La organización entiende esta acción como una represalia, estudia emprender acciones legales y va a iniciar una campaña de movilización para denunciar este ataque del Gobierno autonómico
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