El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha requerido a la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía para que remita en un plazo de diez días la documentación que, según Ecologistas en Acción, no fue incorporada al expediente relativo a la autorización ambiental del proyecto minero de Aznalcóllar.

La resolución, dictada el 29 de abril por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, se enmarca en el procedimiento iniciado por la organización ecologista en octubre de 2024 contra la Autorización Ambiental Unificada concedida en julio de ese mismo año a Minera Los Frailes, filial del grupo mexicano Grupo México.

Esa autorización incluye el vertido de más de 85.000 millones de litros de aguas industriales al estuario del Guadalquivir, en un espacio protegido de la Red Natura 2000 situado en las proximidades de Sevilla. Ecologistas en Acción sostiene que la Junta ha remitido hasta en tres ocasiones un expediente incompleto, lo que, a su juicio, ha retrasado durante más de un año la presentación formal de la demanda.

Entre los documentos no aportados figura un informe técnico elaborado en 2023 por la consultora SITRA, especializada en gestión de aguas industriales y contratada por la Dirección General de Recursos Hídricos. El estudio analizaba el impacto del vertido sobre la masa de agua receptora en distintos escenarios de caudal en el estuario del Guadalquivir.

El informe presentado

Según el resumen facilitado por la Administración andaluza, el informe concluía que si el caudal desembalsado en la presa de Alcalá del Río era inferior a 35 metros cúbicos por segundo, no se alcanzarían los objetivos de calidad ambiental previstos. El documento también identificaba al cadmio como el contaminante más crítico, con concentraciones hasta 400 veces superiores a los valores de referencia del río.

El TSJA ha solicitado además información detallada sobre la presencia de metales pesados y metaloides como plomo, mercurio, níquel, arsénico, cobre, cromo y zinc. Pese a estas circunstancias, la Junta autorizó en 2024 un aumento del volumen anual de vertido de 2,6 a 4 millones de metros cúbicos durante los 17 años previstos de explotación, lo que supone un incremento del 53%.

Ecologistas en Acción considera que la evaluación ambiental no incorpora adecuadamente el conocimiento científico disponible sobre el comportamiento de estos contaminantes en el estuario y reclama una revisión independiente del proyecto. Esta petición coincide con una de las principales demandas planteadas por varias organizaciones sociales y ambientales, junto a la Cofradía de Pescadores de Sanlúcar de Barrameda, en la movilización convocada en defensa del Guadalquivir.