Dos años más de contrato y 266.234,97 euros de dinero público. Es la cifra de la prórroga que el alcalde de Medina Sidonia, José Manuel Ruiz Alvarado, puesto por el PP, aprobó el pasado 16 de julio mediante el Decreto nº 0764/2026. El servicio en cuestión es el de información turística, y la adjudicataria, Montaña Narváez Guerrero, una empresa vinculada a Pedro Moreno Ruz, que fue concejal de IU en Conil durante 12 años y a quien el PSOE señala como "amiguete del Alcalde".

Pero lo más grave no es la cantidad. Es el momento y la forma.

Ese mismo 16 de julio, la Interventora General emitió un informe negativo en el que calificaba el expediente como “fiscalizado con reparos”. Su advertencia no dejaba lugar a dudas: “Se debería suspender la tramitación del expediente”.

Un expediente que llegó el último día

Intervención justifica su reparo en la “omisión en el expediente de requisitos o trámites esenciales”. En concreto, no consta que se publicara el anuncio de licitación del nuevo contrato con la antelación mínima exigida de tres meses antes de que expirara el anterior.

Hay otro detalle llamativo. La documentación llegó a manos de la Interventora el mismo día en que vencía el contrato, lo que la llevó a reclamar al Ayuntamiento una “mayor planificación”.

Los socialistas han trasladado dos preguntas directas al regidor. La primera, por qué firmó la prórroga pese al informe negativo y con reparo, algo que el PSOE considera una actuación ilegal y fraudulenta. La segunda, por qué el expediente se presentó justo el día de su vencimiento.

Más de 500.000 euros en juego

La polémica no se queda en este contrato. El PSOE exige que se hagan públicos todos los contratos, adjudicaciones y facturas abonados a Montaña Narváez Guerrero, ya que, según sus cálculos, la facturación acumulada podría superar los 500.000 euros entre turismo, ferias y eventos. “Lo vamos a poner de oro”.

El partido recuerda, además, que Ruiz Alvarado figura como imputado en una investigación del Juzgado de Instrucción nº 5 de Chiclana. Se trata de las diligencias drevias 298/25, abiertas por un presunto delito continuado de prevaricación administrativa.

“Estamos hablando de 266.234,97 euros de dinero público y de otros dos años de contrato. Hay un informe de Intervención negativo con reparos, que no se ajusta derecho, que señala que se debe de suspender la tramitación y, pese a ello, el alcalde aprobó la prórroga por decreto de manera ilegal. Los asidonenses tienen derecho a saber por qué se hizo así y cuánto dinero público ha recibido esta empresa”, sostienen desde el PSOE.