La Policía Nacional ha detenido a un empresario del sector de la restauración acusado de un delito contra los derechos de los trabajadores después de presuntamente emplear a cuatro ciudadanos extranjeros en situación irregular con condiciones laborales abusivas. El arrestado, un hombre de 42 años, cuenta además con una treintena de detenciones previas. Según la investigación, los trabajadores no tenían contrato, cobraban sueldos muy inferiores a los habituales en el sector y llegaban a afrontar jornadas laborales de hasta 16 horas seguidas.

El caso comenzó a raíz de la denuncia presentada el pasado agosto por una de las presuntas víctimas. Se trata de una mujer que había trabajado durante algo más de dos meses en un restaurante situado en un club deportivo de la ciudad, donde desempeñaba distintas funciones como camarera, cocinera y limpiadora. Según relató a los agentes, el empresario conocía su situación irregular y le ofreció hacerle un contrato que le permitiera regularizar su situación y obtener una autorización de residencia y trabajo, aunque finalmente nunca llegó a formalizarlo.

La mujer denunció además que el empresario le debía 700 euros correspondientes a salarios atrasados y explicó a los investigadores que había más trabajadores extranjeros en las mismas circunstancias. A partir de esta información, los agentes comprobaron que otras dos mujeres y un hombre, todos ellos extranjeros y en situación irregular, también habían trabajado en el mismo establecimiento sin contrato laboral. La investigación permitió así determinar que no se trataba de un caso aislado dentro del negocio y que los cuatro trabajadores habrían estado sometidos a condiciones similares.

700 euros de deuda

Las jornadas laborales podían alcanzar las 16 horas de trabajo al día, de lunes a domingo, según las comprobaciones realizadas por la Policía Nacional. A cambio, los empleados recibían cantidades muy por debajo de los salarios habituales en el sector de la hostelería y, además, el empresario había acumulado deudas con cada uno de ellos. En concreto, las cantidades pendientes de pago oscilaban entre 700 y 900 euros por trabajador, según los datos facilitados sobre la investigación.

El detenido está acusado de un delito contra los derechos de los trabajadores por las condiciones en las que presuntamente mantenía empleados a los cuatro ciudadanos extranjeros. La investigación se inició después de que una de las trabajadoras decidiera acudir a la Policía para denunciar su situación y permitió identificar a otros tres empleados que, según las pesquisas, también trabajaban sin contrato y soportaban jornadas de hasta 16 horas. El empresario, de 42 años y con una treintena de arrestos anteriores, ha sido finalmente detenido por estos hechos.