Días después del anuncio de la constitución de la comisión de seguimiento del Plan Específico de Seguimiento del Desarrollo Urbanístico en Suelo Rústico del Término Municipal de Jerez, el pleno de septiembre, celebrado el pasado viernes, ha abordado la respuesta que desde el Ayuntamiento se está dando al control en la proliferación de parcelaciones y construcciones ilegales en terrenos rústicos o suelos urbanos no consolidados del municipio.

A raíz de una interpelación del Grupo Municipal Vox, relativa a los medios destinados a la inspección y lucha contra las parcelaciones y edificaciones ilegales en Jerez, la delegada de Urbanismo, Belén de la Cuadra, ha arrojado varias novedades en relación a este plan específico. Entre ellas, la apertura de un canal de comunicación directo con la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo para perseguir tanto estas prácticas como a sus promotores o facilitadores.

"Hemos tenido grandes avances, con bastantes reuniones técnicas, con Fiscalía, con quien ahora mismo hay un contacto directo. Tienes una potestad administrativa, pero no puedes entrar; muchos expedientes terminan en Fiscalía y, hay veces, que Fiscalía considera que no es un delito penal y puede volver el expediente al Ayuntamiento", ha explicado De la Cuadra, explicando el nuevo sistema de coordinación con el Ministerio Fiscal, que lleva años persiguiendo también a los ayuntamientos que han mirado para otro lado en la lucha contra esta problemática.

Desde enero, el Ayuntamiento ha intervenido en 73 expedientes, 63 en suelo rústico y 10 en suelo urbano no consolidado (SUNC), según ha detallado la delegada. De la Cuadra ha asegurado que se atienden todas las denuncias que llegan, ya sean de vecinos, del Seprona de la Guardia Civil o de la Policía Local. También los casos en que se deniega una licencia urbanística porque puede haber indicio de parcelación o en que llega una diligencia del juzgado. Además, se programan visitas por zonas: de las 31 realizadas sin denuncia previa, se han abierto nueve expedientes de oficio o por algún indicio, y se hace seguimiento de todos los expedientes. "Siempre podemos estar mejor, pero nunca hemos estado en un punto como este", ha afirmado.

En este sentido, Urbanismo, como informó hace unos días, está poniendo también el foco en las empresas suministradoras de casetas y construcciones prefabricadas, en relación con las obligaciones vinculadas a su instalación; en las agencias o plataformas que publicitan actuaciones incompatibles con la ordenación urbanística; en las empresas constructoras que ejecutan obras sin la correspondiente licencia, así como en otros agentes intervinientes cuya participación resulte necesaria para desarrollar este tipo de actuaciones.

"Todos los medios que dediquemos serán pocos. Si todo el personal municipal de Urbanismo estuviera en Disciplina, seguiríamos teniendo problemas"

En palabras de Belén de la Cuadra, "nuestra intención con esta línea de actuación es  abordar el problema desde una perspectiva más amplia, actuando sobre los diferentes sectores que pueden contribuir de forma indirecta a la transformación irregular del suelo rústico". De esta forma, ha puntualizado que el objetivo es que este Plan "tenga una vertiente no sólo de inspección y disciplina, sino también preventiva".

La delegada, en su alocución en el pasado pleno, ha reconocido, no obstante, que los recursos siguen siendo insuficientes frente a la magnitud del problema. "Todos los medios que dediquemos serán pocos. Si todo el personal municipal de Urbanismo estuviera en Disciplina, seguiríamos teniendo problemas", ha señalado. "Ha habido una época en la que todo valía, y aquí no todo vale".

Un equipo estable de cuatro personas, pero con solo cuatro años de trabajo como máximo

El equipo dedicado al plan lo forman cuatro personas. Un arquitecto técnico, que es por primera vez un inspector con condición de funcionario y puede levantar acta sin tener que ir acompañado de la Policía. Una arquitecta superior, que tramita la parte técnica de los expedientes. Una técnica jurídica y un administrativo. Según De la Cuadra, se dedican en exclusiva a esta tarea, aunque también actúan en partes del suelo urbano, ya que el no consolidado está incluido en el plan.

A ese equipo se han sumado funcionarios interinos para un programa de tres años, ampliable a uno más, con un periodo de adaptación desde mediados de septiembre hasta final de año. "No es un trabajo fácil de tramitar", ha advertido la delegada.

En cuanto al funcionamiento del plan, De la Cuadra ha explicado que la mesa de seguimiento ha tardado dos meses en convocarse, más de lo normal por tratarse de la primera vez, y que se reunirá cada seis meses. Los trabajos comenzaron el pasado enero. Desde entonces, con un libro de visitas por todo el vasto territorio rural jerezano, se ha establecido contacto con distintos organismos e instituciones. Entre ellos, un contacto directo con la Policía Local y con el Seprona, que según la delegada "está muy encima" y traslada toda la información. También ha habido avances con la Dirección General de Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, con la que hubo una reunión en noviembre de 2023. Se ha acordado que una parte del territorio se inspeccione desde la Junta, para no solapar trabajos y que cada administración cubra una zona.

Por último, la delegada ha destacado que la ciudadanía va tomando conciencia del problema. Al área llegan muchas llamadas, algunas atendidas por ella misma, de personas que preguntan si la parcela que quieren comprar es legal. "Poco a poco vamos avanzando en un tema que también es de educación", ha concluido.

Las estadísticas son muy preocupantes, como ya denunció lavozdelsur.es a mediados del pasado año. En menos de una década el Jerez rural va camino de casi haber duplicado las llamadas edificaciones irregulares de uso residencial. Los folletos comerciales de reparcelaciones ilegales se reparten con total impunidad.

De 3.813 edificaciones de este tipo detectadas por el Ayuntamiento en 2016 se ha pasado a las 5.549 construcciones ilegales que se contabilizan en la actualidad. Un aumento de más de un 30% en menos de diez años. Y subiendo. De hecho, extraoficialmente se contabilizan ya alrededor de 8.000 de estas construcciones y, para más inri, muchas de ellas están vinculadas al narcotráfico y a redes criminales.