Padres de Jerez integrados en la asociación Padres Unidos han decidido alzar la voz para trasladar a la sociedad lo que consideran una preocupación creciente que afecta a miles de familias en España. La entidad, que se presenta como comprometida con la igualdad efectiva de derechos entre hombres y mujeres, sitúa en el centro de su reivindicación la defensa del interés superior de los menores.

Desde la organización subrayan su rechazo a cualquier forma de violencia en el ámbito familiar y recalcan que la protección de las víctimas es incuestionable. No obstante, advierten de que en determinados contextos se están produciendo situaciones que, a su juicio, requieren una reflexión más profunda en el ámbito social y judicial.

Según explican, cada año un número elevado de hombres se ve inmerso en procedimientos derivados de denuncias por violencia de género. Aunque insisten en que es imprescindible combatir cualquier tipo de violencia, sostienen que en algunos casos estas denuncias podrían ser utilizadas de manera instrumental en procesos de ruptura familiar, con el objetivo de influir en decisiones civiles como la custodia de los hijos o el uso de la vivienda.

La asociación alerta de que, cuando no se realiza un análisis individualizado y riguroso de cada situación, pueden derivarse consecuencias graves. Entre ellas mencionan la separación cautelar de menores de sus padres sin que, según defienden, exista siempre una base suficientemente acreditada.

En este contexto, consideran que cualquier medida que limite el vínculo entre un progenitor y sus hijos debe responder a criterios estrictos de necesidad, proporcionalidad y justificación. De lo contrario, advierten, podrían generarse efectos negativos duraderos en el desarrollo emocional de los menores afectados.

Los miembros de Padres Unidos recuerdan que todas las administraciones públicas, incluida la Administración de Justicia, tienen la obligación de velar por el interés superior del menor. Este principio, sostienen, exige no solo protección, sino también prudencia y una valoración completa de las circunstancias en cada caso concreto.

Asimismo, ponen el foco en el impacto personal que estas situaciones generan en algunos padres, señalando sentimientos de indefensión, deterioro emocional y procesos depresivos.  Ante este escenario, la asociación hace un llamamiento a un debate "sereno y responsable" que garantice el respeto a principios como la igualdad ante la ley, la presunción de inocencia y la tutela judicial efectiva. Reclaman que cada caso sea analizado de forma objetiva, evitando automatismos que puedan afectar tanto a los derechos de los progenitores como al bienestar de los menores.

Las denuncias y una "causa real y acreditada"

Juan Antonio Martín, miembro y líder de zona de la organización, profundiza en esta visión y subraya que la asociación busca dar visibilidad a una realidad que, según afirma, "cada vez es más común" debido al aumento de las separaciones. "Cuando una pareja tiene un hijo, se forma una familia que no desaparece con la ruptura. Para ese menor, su padre y su madre siguen siendo su familia", explica.

Martín insiste en la necesidad de reforzar en el ámbito legal la coparentalidad para garantizar que ambos progenitores continúen presentes en la vida de sus hijos. "Lo que defendemos es que el bienestar del niño esté por encima de todo y que no pierda el vínculo ni con el padre ni con la madre", señala.

En su valoración, también describe el modelo de paternidad que reivindican desde la asociación. "Un buen padre es el que está implicado, el que participa en la educación, en los estudios y en los valores de su hijo. No se trata solo de estar, sino de ejercer activamente ese papel", afirma.

Asimismo, advierte de las dificultades que, según su experiencia, pueden surgir en algunos procesos de separación. "Hay situaciones en las que uno de los progenitores puede intentar imponer su modelo de crianza y apartar al otro. Nosotros creemos que eso no debe resolverse eliminando a una de las partes, sino buscando el equilibrio", sostiene.

Por último, Martín recalca la importancia de evitar que decisiones judiciales basadas en denuncias no suficientemente fundamentadas rompan el vínculo familiar. "No debería ser suficiente una denuncia para perder el contacto con un hijo si no existe una causa real y acreditada. Lo que pedimos es que se analice cada caso con rigor y que se proteja siempre el derecho del menor a mantener una relación sana y estable con ambos progenitores", concluye.