El gobierno local se encuentra con la negativa de la oposición, que solo aprueba las tasas del transporte escolar, y ahora deberá modificar el Plan de Ajuste aprobado en abril.
El gobierno local del PSOE se encuentra con su primer traspiés al ver tumbada su propuesta de modificación de las ordenanzas fiscales para el curso que viene. El bloqueo de la oposición se confirma y tan solo las nuevas tasas del transporte urbano salen adelante —para incluir a los alumnos de FP como beneficiarios de la tarjeta escolar—, pero no el resto. Es la primera vez en lo que va de mandato que el ejecutivo socialista se encuentra con la negativa de los grupos de la oposición en un tema de trascendencia, escenificándose así la ruptura entre los socialistas y sus socios de investidura, sobre todo con Ganemos, que ha vuelto a pedir la dimisión de la alcaldesa y ha votado en contra de todas las propuestas de modificación llevadas a pleno.
El Ayuntamiento, tras el bloqueo de la oposición, tendrá que elaborar informes económicos y jurídicos para calcular, dice, las consecuencias de no aprobar las ordenanzas fiscales en la que era la última oportunidad para que entren en vigor el 1 de enero de 2017. Esta situación supone, dice el gobierno local, “un incumplimiento del Plan de Ajuste y de la ley, en concreto los reales decretos 8/2013 y 17/2014, que tendrían que haber estado en vigor según informe de Intervención ya en la legislatura anterior”, por lo que ahora debe modificarse el Plan aprobado el pasado mes de abril para recortar los cuatro millones de euros que se preveía ingresar con la modificación de estas ordenanzas.
El propio interventor del Ayuntamiento se pronuncia durante el pleno —algo inédito— para matizar que “la no adopción de medidas previstas —en el Plan de Ajuste— puede incurrir en la infracción de la Ley”, ya que el Consistorio jerezano está intervenido por el Ministerio de Hacienda, que obliga a cumplir con una serie de requisitos. Entre ellos, el aumento del IAE —Impuesto de Actividades Económicas— para las empresas que facturen más de un millón de euros al año y la eliminación de bonificaciones para el IBI, las plusvalías por venta de propiedades y la realización de obras.
El teniente de alcaldesa de Hacienda, Santiago Galván, avisa: "Hoy cometemos un incumplimiento flagrante del Plan de Ajuste”. Por eso señala que “el hecho de no aprobar la subida de impuestos a grandes empresas puede provocar que venga el Ministerio y cerremos algún servicio público o alguna empresa municipal”. En el punto referente al aumento de las tasas a las empresas con más de un millón de euros de facturación al año es en el que más han chocado gobierno local y oposición. Carlos Pérez, portavoz local de Ciudadanos, lo define como un “impuestazo” y asegura que los negocios afectados son microempresas, como define la Comisión Europea de la UE a las que facturan menos de dos millones al año y tienen menos de diez trabajadores. “Con este impuesto Jerez se convierte en ciudad non grata para los empresarios”. La formación naranja también vota en contra de la subida de tasas del vado a las empresas, que “no pueden pagar la mala gestión de décadas de este Ayuntamiento”.
IU, por boca de su portavoz Raúl Ruiz-Berdejo, sí ve con buenos ojos aumentar el IAE. “El coeficiente que teníamos era de los más bajos de la provincia (2,82%); Cádiz lo tiene en el 3,7%, Trebujena, Sanlúcar y La Línea en el 3,8%”, señala, y se dirige a Carlos Pérez, de Ciudadanos, para decirle que “parece que ha confundido las grandes empresas con el confitero de la esquina”. “No estamos de acuerdo en la supresión de bonificaciones y plusvalías —sostiene Ruiz-Berdejo—, pero de eso no puede responsabilizarnos a nosotros, tendrá que decírselo a (Cristóbal) Montoro”.
El PP niega que tengan que aprobarse “por imperativo legal” la supresión de bonificaciones de algunas tasas. “No es verdad, cuando estaba el PP gobernando estaban Rajoy, Montoro, los Planes de Ajuste… y a los jerezanos no se les subieron los impuestos”, señala Antonio Saldaña, portavoz del grupo municipal popular. “Cada vez que el PSOE gobierna sube los impuestos y hay menos empleo”, añade. “¿Y todo esto para qué? ¿Ha servido para pagar mas rápido a proveedores? El periodo medio de pago ha aumentado en 37 días”, señala Saldaña, que dice que “esto es un catastrazo encubierto”. El teniente de alcaldesa Santiago Galván le responde: “Miente por sistema; vosotros no hicisteis ni caso al informe de Intervención ni al Plan de Ajuste”, dice en referencia al PP, al que tacha de “irresponsable” por “no aplicar la ley” y llegar a un incumplimiento del anterior Plan de Ajuste del 101%.
Ganemos es el único grupo que ha votado en contra de todas las propuestas del gobierno local, escenificando así la ruptura de relaciones con el ejecutivo socialista. Hace unos días ya anunció que dejaría de reunirse con la alcaldesa, a la que vuelve a pedir que dimita. “Cada vez que se nos ha llamado hemos acudido con buena fe y voluntad y se ha actuado de manera unilateral y pasando de nuestro trabajo”, señala Santiago Sánchez, portavoz de la agrupación, que critica que la alcaldesa “use el engaño y la mentira como herramienta de trabajo”. “Si pensara en el bien de la ciudad y no en intereses personales —abunda el representante de Ganemos—, la alcaldesa dimitiría, ya que es la que ha entrado en esta dinámica de mentiras”. Para este martes hay convocada una junta de portavoces para debatir sobre los cambios que, una vez consumada la fallida modificación de las ordenanzas fiscales, debe incluir el Plan de Ajuste.
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