El Ayuntamiento de Jerez ha celebrado este viernes una sesión extraordinaria y urgente con un único asunto de fondo: solicitar la adhesión a un nuevo Fondo de Ordenación del Estado para poder pagar en 2027 las condenas judiciales que pesan sobre el Consistorio: 2.170.997,49 euros. El motivo, según la propia Tesorería municipal, es que la ciudad no tiene ni crédito bancario ni margen presupuestario para afrontarlas por sus propios medios. No es un procedimiento nuevo. De hecho, el gobierno municipal ha recordado al principal grupo de la oposición, el PSOE, que se recurrió en el mandato anterior a este mismo fondo y en mayor cuantía incluso.

En todo caso, el debate ha arrancado por las formas. Varios grupos de la oposición censuraron que un pleno de este calado se convocara con apenas doce horas de antelación, lo que a su juicio limita la capacidad de control. "No vamos a apoyarlo", ha espetado nada más debatirse la urgencia el portavoz del grupo municipal socialista, José Antonio Díaz. 

El delegado de Economía, Hacienda y Financiación Pública, Francisco José Delgado, ha respondido que desde agosto no había habido ningún pleno y que en los primeros días de septiembre tampoco existía sesión ordinaria fijada —no será hasta la próxima semana—, por lo que hubo que recurrir a la vía extraordinaria: "No hay ninguna intención de ocultar nada". El plazo tampoco daba más de sí: la aplicación del Ministerio de Hacienda para presentar solicitudes y planes de ajuste cerraba ese mismo 18 de septiembre.

Otros grupos han optado por respaldar la urgencia pese a las críticas. "Vamos a votar a favor de la urgencia, porque es que no hay otra", explicó Ignacio Soto, concejal de Vox, que ha advertido del riesgo de apurar los plazos hasta el último día: si por cualquier motivo el pleno no se hubiera celebrado, el expediente se habría quedado fuera. Aun así, ha insistido en que traer los asuntos a última hora se ha convertido en un "modo operandi" del gobierno municipal, que además cuenta con mayoría suficiente para sacarlos adelante.

Solo dos de las cinco sentencias están firmes

Uno de los puntos más discutidos fue la composición misma de la petición. De los cinco procedimientos incluidos, solo dos son sentencias firmes, que suman 1.320.853,12 euros. Otras dos están recurridas en apelación por el propio Ayuntamiento y la quinta ni siquiera tiene sentencia todavía. La oposición pidió que quedara reflejado en acta que el mecanismo ministerial solo permite cubrir las sentencias en firme, y deslizó una lectura política del asunto: que el gobierno local dé por hecho un fallo contrario a los intereses municipales.

El detalle importa porque condiciona el dinero disponible. El Ministerio permite incluir procedimientos aún no firmes si se prevé que lo sean cuando se conceda la financiación, pero el importe definitivo se ajustará a lo que esté cerrado judicialmente en ese momento. Los intereses, además, son estimativos y pueden variar tras su liquidación por los tribunales.

El préstamo tampoco es gratis. Con las condiciones estimadas a partir del Fondo de Ordenación de 2026 —12 años de amortización, sin carencia y un tipo de interés del 3,237%—, la operación generará alrededor de 450.000 euros en intereses, una cifra que la oposición ha reprochado que no aparezca destacada en los informes. "Está usted transformando deuda corta a deuda financiera, con los intereses que conlleva", ha recordado el portavoz Soto al equipo de gobierno. "Este préstamo, comparado con lo que se ha ido pidiendo en este Ayuntamiento en los últimos años, parece pecata minuta, pero va a generar 450.000 euros de intereses en los próximos doce años", ha lamentado acto seguido.

El interventor avisa: "incumplimiento sistemático" del plan de ajuste

La radiografía económica que acompaña al expediente es, si cabe, más dura que el propio debate, donde también ha salido a relucir esta cuestión de calado. El informe de Economía sitúa el presupuesto en 312 millones de euros de ingresos frente a 323 de gastos: once millones de diferencia. El de Tesorería habla de "graves desfases de tesorería" y alerta de dificultades para atender facturas. Y el del interventor general, José María Almenara, constata que "se viene observando un incumplimiento sistemático del plan de ajuste", una advertencia que también ha lanzado la AIReF, que en su informe de julio califica al Ayuntamiento como en "riesgo crítico", al nivel de Jaén y Parla.

Hay más. El propio interventor cifra en hasta 5.027.557,92 euros el préstamo que se formalizaría con el ICO en 2027, sumando a las sentencias los vencimientos de seis préstamos de mercado y los reintegros por liquidaciones negativas del Estado. Y recuerda que el plan de ajuste contempla para 2027 "una subida de impuestos de 6,2 millones de euros más que todavía no se ha reflejado. No lo digo yo, lo dice el informe de Intervención, y eso deben saberlo los jerezanos". "Que sepan los jerezanos que la alcaldesa va a subir los impuestos nuevamente", ha alertado el portavoz Díaz, que ha reprochado al gobierno de María José García-Pelayo que recurra al crédito "en lugar de contener el gasto en personal, productividad y gratificaciones".

"La deuda no viene de ahora, lo que hacemos es encauzarla"

El debate ha terminado en el terreno habitual: el de la herencia. El equipo de gobierno, ya por boca del portavoz popular y teniente de alcaldesa Jaime Espinar, ha defendido que en 2022 el anterior ejecutivo local tuvo que traer al pleno 7,9 millones de euros para pagar a la misma empresa de limpieza (FCC), y que se llegaron a solicitar 28 millones a estos mismos fondos frente a los 2,17 de ahora. 

"No vamos a apoyar —ha reprobado Díaz— ninguna medida que suponga pagar a la empresa de limpieza cuando la alcaldesa le está cobrando a los jerezanos más por el recibo de la basura, tiene un peor servicio de limpieza y encima tiene que pedir un préstamo para pagar la factura". En este punto, incidió en su cruzada contra el basurazo, reiterando que es "el mayor ataque al bolsillo de los jerezanos, de manera injusta, desproporcionada. Achicharran a impuestos a los jerezanos" y ha citado recibos de 500, 1.000 y hasta 2.000 euros por referencia catastral, no por generación real de residuos en las viviendas.

En su réplica en este asunto, el gobierno local ha recordado que esta medida viene de una directiva europea que ha aprobado el Gobierno de España. "Que se lleve usted las manos a la cabeza ahora... No manipule, la tasa de basura sube porque el presidente Sánchez nos la ha impuesto a todos los ayuntamientos. Los jerezanos no son tontos", le ha reprochado Espinar, manteniendo que "lo que a usted le preocupa es que Jerez esté cada día un poquito mejor".

"La deuda no viene de ahora, lo que hacemos es encauzarla, mire a su bancada para ver a los verdaderos causantes de estos problemas", ha reprochado antes el delegado de Economía, aclarando que "el plan de ajuste no es un castigo, es una hoja de ruta de control técnico". En este punto, y sobre una subida de impuestos, ha mantenido que ha sido "el Gobierno de España el que ha subido estos años 140 veces los impuestos".

La oposición, por su parte, ha situado el origen del agujero en dos décadas de gestión compartida y en las condiciones impuestas por el mecanismo estatal. "Cuando algo se incumple sistemáticamente, algo falla y hay que ir a la raíz", ha abogado Violeta Márquez, portavoz de IU en La Confluencia.

A petición de varios grupos, la votación se ha realizado punto por punto, lo que ha permitido apoyar la adhesión al fondo y las cuestiones técnicas —imprescindibles para que cobren quienes tienen sentencias a su favor— y rechazar simultáneamente el sometimiento al Ministerio y la revisión del plan de ajuste. Un plan que, si se cumple el calendario previsto, mantendrá al Ayuntamiento pagando deuda hasta, como poco, 2060. Varias generaciones de jerezanos y jerezanas soportando este enorme lastre.