El juicio promovido por la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) para recuperar una vivienda pública no se ha celebrado finalmente este martes. El procedimiento que afecta a Fani y Álex, integrantes del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Cádiz, ha vuelto a quedar aplazado después de que el abogado de la Junta de Andalucía solicitara la suspensión, según ha explicado Joana, portavoz del colectivo, tras la concentración convocada a las puertas de los Juzgados del estadio del Cádiz.

La organización había acudido a los tribunales para respaldar a la familia y denunciar la actuación de la agencia pública. El procedimiento ya había sido aplazado a finales de julio, cuando, según el sindicato, se alegó una situación de indefensión al pretender celebrarse el juicio sin que los afectados dispusieran todavía de asistencia jurídica. Finalmente, aquella vista se fijó para este 22 de septiembre, aunque tampoco ha llegado a celebrarse.

Por el momento, la familia desconoce cuándo tendrá que volver a comparecer ante el juzgado. El Sindicato de Inquilinas calcula que la nueva citación podría producirse en unos dos meses, aunque no existe todavía una fecha confirmada.

Según el relato trasladado por el sindicato, Fani y Álex viven en la vivienda junto a tres menores y llevan alrededor de un año intentando abrir una negociación con AVRA para encontrar una solución. Su petición, según Joana, pasa por que la Administración les ofrezca un alquiler social que puedan asumir de acuerdo con su situación económica.

"Si AVRA requiere esa vivienda, que le ofrezca otra alternativa habitacional mediante un alquiler social que pueda asumir esta familia", sostiene la portavoz del colectivo, que describe la situación laboral de los afectados como precaria y marcada por el desempleo.

El Sindicato de Inquilinas asegura que tanto la familia como la organización han intentado establecer comunicación con AVRA para buscar una salida negociada, pero sostiene que esas peticiones no habrían obtenido respuesta. La organización reclama ahora que se abra una mesa de negociación directa con los afectados.

El conflicto se desarrolla en torno a una vivienda de titularidad pública cuya recuperación reclama AVRA. El sindicato sostiene que la familia se encuentra actualmente empadronada en el inmueble y que este constituye su residencia habitual. La organización, no obstante, no entra a valorar las circunstancias que llevaron inicialmente a la familia a ocupar la vivienda y centra su reivindicación en la situación actual y en la necesidad de encontrar una solución habitacional.

El sindicato cuestiona la vía penal

Uno de los principales argumentos de la organización es la elección de la vía penal para reclamar la recuperación del inmueble. El Sindicato de Inquilinas considera que existen otras vías administrativas o civiles y sostiene que el recurso al procedimiento penal resulta especialmente perjudicial para una familia que, según su versión, no dispone de una alternativa habitacional.

"Esté intentando hacerlo por la vía penal, que sería la más lesiva para esta inquilina", afirma Joana, que reclama a la Administración que agote antes las posibilidades de negociación y mediación.

La portavoz sostiene además que la utilización de los tribunales está generando una situación de incertidumbre permanente para la familia. El nuevo aplazamiento supone, por un lado, que Fani y Álex permanecen de momento en la vivienda, pero también prolonga la incertidumbre sobre cuál será el desenlace del procedimiento.

El caso de Fani y Álex forma parte, según el Sindicato de Inquilinas de Cádiz, de una situación más amplia. El colectivo asegura que actualmente hay tres familias de la capital que afrontan procedimientos relacionados con viviendas gestionadas por AVRA y denuncia una nueva oleada de actuaciones para recuperar estos inmuebles.

En este contexto, el colectivo ha situado también el foco político en Carmen Sánchez Barrera, actual delegada territorial de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio y de Fomento y Movilidad en Cádiz.