El PP de Cádiz capital ha pedido este miércoles al máximo responsable de Adelante Andalucía, José Ignacio García, "que se baje del púlpito moral en el que se cree instalado y explique en qué contratos públicos del Ayuntamiento de Cádiz intervino el comisario político que se trajo Kichi de Podemos Madrid para meter mano en expedientes que conllevaban mucho dinero de todos los gaditanos".

Los populares gaditanos han señalado que "aquellos que están todo el día dando lecciones de ética no pueden despachar con excusas baratas este caso de corrupción: los que venían a buscar papeles y abrir cajones se trajeron a un comisario político para que metiera mano en los expedientes donde se adjudicaban contratos con el dinero de los gaditanos bajo las ordenes de Kichi, y cuando los pillan, porque CCOO tenía quejas de varios funcionarios que fueron acosados, se ponen a hablar de lawfare y los unicornios".

El PP ha querido además situar el estado procesal del asunto. Según su versión, la causa no está en fase de instrucción sino en su fase final: la denuncia la presentó CCOO en octubre y el exalcalde y el resto de acusados están imputados —y callados, subrayan— desde junio de 2022. Lo que hace ahora la Fiscalía, añaden, es señalar su petición de penas para el juicio oral que debe celebrarse y que "ya no tiene vuelta atrás".

Los pliegos que señala la Fiscalía: Gadir, Limpieza, Vigilancia y Los Chinchorros

Para los populares, "las explicaciones del exalcalde sobre qué hacía su comisario político no cuelan". Sostienen que los funcionarios que testificaron en la fase de instrucción dejaron claro el especial interés que tenía ese asesor en los criterios subjetivos de los pliegos que podían cambiarse, el punto donde una adjudicación se decanta hacia un lado u otro.

La Fiscalía, en su petición de penas, señala cómo el asesor manejó documentación y dio instrucciones en pliegos públicos como el del Yacimiento Gadir, el de Limpieza, el de Vigilancia o el acuerdo con una inmobiliaria para Los Chinchorros, entre otros muchos. "Todos esos pliegos salían por mucho dinero. Eso es lo que tiene que explicar José Ignacio y dejar las milongas de códigos éticos que nunca cumplen, como cuando llevaron en 2023 en las listas municipales a dos imputados por corrupción por este caso y lo ocultaron a todo Cádiz", han añadido.

Qué pide el Ministerio Público y quiénes figuran como acusados

La Fiscalía reclama para Kichi una multa de 18 meses con una cuota diaria de 20 euros, lo que supondría unos 10.800 euros. El Ministerio Público le acusa de dos delitos continuados de revelación de secretos y prevaricación por la actuación de un asesor vinculado a su partido durante su etapa como alcalde. El escrito señala también como acusados a David Navarro González Santos, José Vicente Barcia Magaz, José Ramón Páez Pareja y Laura Jiménez Ortega.

La acusación sostiene que en 2018 el equipo de gobierno tenía "cubierto el cupo de asesores" y habría diseñado "un plan" para contratar a Fernando García Acuña como asesor jurídico del Grupo Municipal Por Cádiz Sí Se Puede. Según la Fiscalía, habría ejercido como persona de confianza sin que su puesto figurara en ningún sitio y sin competencias para intervenir en contratación o dar órdenes a funcionarios. Desempeñó esas funciones entre abril de 2018 y abril de 2019, incluso con despacho propio, y después fue interino durante algunos meses.

Por estos hechos, el Ministerio Público considera a Kichi autor de un delito de prevaricación y otro de revelación de secretos, y sostiene que García Acuña tuvo acceso a información reservada por "orden directa" del exalcalde y de otros miembros de su equipo de gobierno.

El aludido, por su parte, mantiene su versión y rebaja el alcance del asunto. Kichi afirma que esta es la denuncia número 19 que recibe y que será también la número 19 que archive la Justicia. "Me denuncian por intentar hacer las cosas bien", asegura, antes de criticar que, mientras se le persigue por estas actuaciones, a quienes acusa de enriquecerse con dinero público se les deja al margen. Todos los señalados en el escrito están amparados por la presunción de inocencia hasta que se celebre el juicio.