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Vox elimina en Aragón la 'paga' de 17 euros a la semana para los menores no acompañados extranjeros

El Gobierno de España llevará la situación a la Fiscalía de Menores al considerar que discrimina a niños y niñas tutelados por su origen

  • Nolasco, el vicepresidente de Aragón, perteneciente a Vox.

El Gobierno de Aragón, donde Vox tiene una vicepresidencia, ha decidido suprimir las pagas semanales de 17 euros que hasta ahora percibían los menores extranjeros no acompañados acogidos en centros dependientes de la comunidad autónoma, mientras que esta ayuda económica se mantendrá para los menores nacidos en España. La medida afecta a una prestación que se financiaba con cargo al presupuesto autonómico y que, según el Ejecutivo aragonés, carecía de una regulación específica. El abono se realizaba de forma fija cada semana y con el mismo importe para todos los menores acogidos en estos recursos.

Desde el Departamento de Desregulación han explicado que la decisión se enmarca en las auditorías internas de gasto impulsadas por la Consejería de Desregulación, Bienestar Social y Familia. Según el Gobierno autonómico, estas revisiones permitieron detectar unas pagas que suponían un coste anual de 180.000 euros. El Ejecutivo sostiene que este importe está vinculado al número de menores que Aragón acoge en la actualidad "por imposición del Gobierno central" y defiende que la prestación no contaba con un soporte reglado que justificara su mantenimiento.

El vicepresidente del Gobierno de Aragón y líder de Vox en la comunidad, Alejandro Nolasco, ha respaldado la supresión de estas ayudas y ha asegurado que "estos 180.000 euros de gasto anual que hasta ahora se utilizaban para dar 'propinas' a los menores equivalen al coste de hasta siete nuevas plazas para ancianos en residencias". La medida ha sido impulsada por el propio Nolasco y se ha articulado mediante una instrucción interna coordinada entre el director general de Desregulación, Raúl López, y la directora gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), Marta Tejero.

Nolasco ocupa la Vicepresidencia y la Consejería de Desregulación, Bienestar Social y Familia en virtud del acuerdo de gobierno alcanzado entre Vox y el Partido Popular tras las elecciones autonómicas. El pacto permitió la formación del Ejecutivo presidido por Jorge Azcón después de que el PP no lograra la mayoría absoluta necesaria para gobernar en solitario.

Rechazo del Gobierno de España

La decisión ha provocado la reacción del Gobierno central. La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha anunciado que su departamento ha trasladado el caso a la Fiscalía de Sala de la Unidad de Menores. En un mensaje difundido en redes sociales, la ministra ha afirmado que "la alianza PP-Vox empieza a desplegar su "prioridad racista" allí donde gobierna. Porque discriminar a niños y niñas tutelados por su origen no tiene otro nombre. Es un atentando contra nuestra Constitución y contra los derechos humanos". Posteriormente, añadió que "quitar una paga semanal a chicos y chicas que están solos en nuestro país es de las cosas más repugnantes que hemos visto en los últimos años" y calificó la medida de "racista, miserable, que criminaliza a menores por no haber nacido aquí y que busca establecer ciudadanías de primera y de segunda, como hacen los regímenes más perversos".

El Ministerio de Juventud e Infancia sostiene que la medida podría vulnerar los derechos fundamentales de los menores afectados y considera que podría constituir una discriminación por razón de nacimiento, raza y circunstancias personales, además de una posible desatención del interés superior del menor y un eventual delito de odio. Rego ha insistido en que esta decisión supone "la aplicación directa de la prioridad racista que el PP ha firmado gustosamente con Vox" y ha advertido de que el objetivo de estas políticas es "crear un caldo de cultivo donde el odio se convierta en la norma".

El Gobierno de Aragón, donde Vox tiene una vicepresidencia, ha decidido suprimir las pagas semanales de 17 euros que hasta ahora percibían los menores extranjeros no acompañados acogidos en centros dependientes de la comunidad autónoma, mientras que esta ayuda económica se mantendrá para los menores nacidos en España. La medida afecta a una prestación que se financiaba con cargo al presupuesto autonómico y que, según el Ejecutivo aragonés, carecía de una regulación específica. El abono se realizaba de forma fija cada semana y con el mismo importe para todos los menores acogidos en estos recursos.

Desde el Departamento de Desregulación han explicado que la decisión se enmarca en las auditorías internas de gasto impulsadas por la Consejería de Desregulación, Bienestar Social y Familia. Según el Gobierno autonómico, estas revisiones permitieron detectar unas pagas que suponían un coste anual de 180.000 euros. El Ejecutivo sostiene que este importe está vinculado al número de menores que Aragón acoge en la actualidad "por imposición del Gobierno central" y defiende que la prestación no contaba con un soporte reglado que justificara su mantenimiento.

El vicepresidente del Gobierno de Aragón y líder de Vox en la comunidad, Alejandro Nolasco, ha respaldado la supresión de estas ayudas y ha asegurado que "estos 180.000 euros de gasto anual que hasta ahora se utilizaban para dar 'propinas' a los menores equivalen al coste de hasta siete nuevas plazas para ancianos en residencias". La medida ha sido impulsada por el propio Nolasco y se ha articulado mediante una instrucción interna coordinada entre el director general de Desregulación, Raúl López, y la directora gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), Marta Tejero.

Nolasco ocupa la Vicepresidencia y la Consejería de Desregulación, Bienestar Social y Familia en virtud del acuerdo de gobierno alcanzado entre Vox y el Partido Popular tras las elecciones autonómicas. El pacto permitió la formación del Ejecutivo presidido por Jorge Azcón después de que el PP no lograra la mayoría absoluta necesaria para gobernar en solitario.

Rechazo del Gobierno de España

La decisión ha provocado la reacción del Gobierno central. La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha anunciado que su departamento ha trasladado el caso a la Fiscalía de Sala de la Unidad de Menores. En un mensaje difundido en redes sociales, la ministra ha afirmado que "la alianza PP-Vox empieza a desplegar su "prioridad racista" allí donde gobierna. Porque discriminar a niños y niñas tutelados por su origen no tiene otro nombre. Es un atentando contra nuestra Constitución y contra los derechos humanos". Posteriormente, añadió que "quitar una paga semanal a chicos y chicas que están solos en nuestro país es de las cosas más repugnantes que hemos visto en los últimos años" y calificó la medida de "racista, miserable, que criminaliza a menores por no haber nacido aquí y que busca establecer ciudadanías de primera y de segunda, como hacen los regímenes más perversos".

El Ministerio de Juventud e Infancia sostiene que la medida podría vulnerar los derechos fundamentales de los menores afectados y considera que podría constituir una discriminación por razón de nacimiento, raza y circunstancias personales, además de una posible desatención del interés superior del menor y un eventual delito de odio. Rego ha insistido en que esta decisión supone "la aplicación directa de la prioridad racista que el PP ha firmado gustosamente con Vox" y ha advertido de que el objetivo de estas políticas es "crear un caldo de cultivo donde el odio se convierta en la norma".

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