Las trabajadoras domésticas migrantes llevan la dignidad de su oficio al Parlamento de Andalucía

Hoy se reúne la comisión de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo para votar la PNL, promovida por varios colectivos y presentada por Unidas Podemos

Jacqueline Amaya, portavoz de la Asociación de Trabajadoras y Trabajadores del Hogar de Sevilla, durante la manifestación del 8M de 2022.
Jacqueline Amaya, portavoz de la Asociación de Trabajadoras y Trabajadores del Hogar de Sevilla, durante la manifestación del 8M de 2022. MAURI BUHIGAS

Hoy, 17 de marzo, se reúne la comisión de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo del Parlamento de Andalucía para debatir y votar la Proposición No de Ley (PNL), promovida por colectivos de mujeres migrantes y presentada por Unidas Podemos por Andalucía, para que el Gobierno de España ratifique el convenio 189 de la OIT por un 'Trabajo Decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos'.

Seis organizaciones de la sociedad civil (Asociación de Trabajadoras y Trabajadores del Hogar de Sevilla, la Asociación Nosotras de Granada, la Asociación Mujeres Supervivientes de Sevilla, la Asociación Dar Al Anwar, la Asociación La Colectiva y Alianza por la Solidaridad-ActionAid) mantuvieron reuniones con diferentes grupos políticos (Unidas Podemos, PSOE y Ciudadanos) del Parlamento de Andalucía para presentarles la PNL en enero y febrero de este año.

En ella pedían la mejora de los derechos laborales de las trabajadoras y trabajadores del hogar, un espacio de empleo que está mayoritariamente ocupado por mujeres migrantes (9 de cada 10 mujeres migrantes en Andalucía se dedican a este sector) y que se consideraron esenciales durante la pandemia de la Covid-19. Algunas de las principales reivindicaciones están relacionadas con la incorporación al Régimen de la Seguridad Social porque, con la actual Ley, no se equiparará el sistema de cotización de las empleadas del hogar al Régimen de la Seguridad Social hasta enero de 2024.

Protección para las y los trabajadores domésticos

El convenio 189 de la OIT, adoptado en 2011, supone una protección a las trabajadoras y trabajadores domésticos, establece los derechos y principios básicos, y exige al Estado adoptar una serie de medidas para lograr que eltrabajo decente sea una realidad para un colectivo de trabajadores esenciales.

La ratificación de dicho convenio “mostraría el compromiso del Estado Español en cuanto a las normas laborales internacionales, a fin de proteger los derechos de las y los trabajadores, fomentar la equidad, y establecer reglas claras sobre las relaciones laborales y la prioridad del trabajo como valor humano sobre el capital”, como recoge la PNL.

La formación morada ha añadido a la proposición de los colectivos que haya más inspecciones de trabajo y formaciones certificadas con fondos públicos, y que se lance una campaña de concienciación social sobre la necesaria dignificación del trabajo de las personas empleadas del hogar.

En España, conforme a la Asociación Española de Servicios Personales y Domésticos (AESPD), el trabajo doméstico genera más de 6.000 millones de euros al año, aunque el 80% está en la denominada economía informal o sumergida, y según la EPA (2020), se cuenta con más de 637.000 personas empleadas del hogar, siendo uno de los países europeos que más empleo doméstico genera.

 

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