La Fiscalía de Menores de Ceuta ha remitido al Juzgado varias denuncias presentadas por menores migrantes no acompañadas que aseguran haber sufrido abusos, vejaciones y malos tratos en centros de acogida de la red de protección autonómica.

Según ha adelantado El País y confirmado a EFE fuentes de la Fiscalía, el Ministerio Público ha tenido conocimiento de alguna denuncia presentada ante la Policía y posteriormente puesta a disposición judicial.

Las mismas fuentes han aclarado que no existe una investigación general abierta sobre los centros de menores ni sobre supuestos abusos cometidos de forma sistemática en estos recursos. La remisión de las actuaciones al Juzgado responde, explican, a "razones estrictamente funcionales y de organización", debido a la elevada carga de trabajo que soporta actualmente la Fiscalía de Ceuta.

El propósito es evitar que unos mismos hechos sean investigados por duplicado y garantizar que las diligencias queden en manos del órgano competente.

Desde Fiscalía aseguran que permanecerán especialmente atentos ante cualquier situación que pueda afectar a la integridad, seguridad o derechos de los menores bajo protección y que actuarán dentro de sus competencias si detectan hechos que pudieran revestir carácter delictivo.

"Nos llaman putas constantemente, nos golpean"

Según la información publicada por El País, varias adolescentes abandonaron dos centros de menores de la ciudad autónoma denunciando castigos físicos, falta de atención médica, amenazas y malos tratos por parte de trabajadores.

"Nos llaman putas constantemente, nos golpean, nos castigan si pedimos usar el móvil o una almohada", relata una de las jóvenes al diario. La menor sostiene además que hay más adolescentes en situaciones similares, incluida una que habría recibido insultos de carácter sexual y amenazas explícitas de violación.

De acuerdo con esa información, las jóvenes prestaron declaración el pasado jueves y ese mismo día intervino el área de menores de la ciudad.

Durante esas actuaciones fueron identificados dos hombres de seguridad señalados por las denunciantes por supuestos insultos y amenazas. Ambos fueron relevados de sus funciones y sustituidos por mujeres. También fue identificada una educadora a la que las menores acusan de maltrato.