Facua Euskadi ha exigido al Departamento de Políticas Sociales de la Diputación Foral de Guipúzcoa transparencia en cuanto a la gestión y medidas adoptadas para llevar a cabo una adecuada vigilancia en la gestión de las residencias de mayores tras tener noticias de las deficientes circunstancias en la que se encuentran algunas de ellas. Igualmente, ha solicitado información sobre las acciones emprendidas para que no se repitan estos hechos, además de que se proceda a la investigación y sanción de los responsables.
La asociación ha tenido conocimiento de que el Gobierno vasco ha llevado a cabo inspecciones en residencias de mayores en las que se han detectado diversas deficiencias. Entre ellas, la carencia de personal en la residencia Txara-I que ha conllevado que algunos residentes estuvieran hasta 14 horas sin comer e incluso encerrados en sus habitaciones, tal y como se ha puesto de manifiesto en la prensa.
En el escrito, Facua Euskadi recordó que la Ley de Ordenación Sanitaria de Euskadi determina en su artículo 3 que "compete a la Administración sanitaria vasca garantizar la tutela general de la salud pública a través de medidas preventivas, de promoción de salud y de prestaciones sanitarias individuales". Asimismo, el Estatuto vasco de las Personas Consumidoras y Usuarias señala en su cuarto artículo que "son derechos esenciales de las personas consumidoras [...] la protección frente a los riesgos que puedan afectar a su salud y seguridad".
La asociación ha trasladado que resulta especialmente grave que los mencionados hechos hayan tenido lugar en una residencia que ofrece plazas subvencionadas, ya que puede generar una desconfianza en el sistema público en un aspecto tan delicado como es el cuidado de los mayores, lo que desencadenaría la decisión de contratar estos servicios a través de residencias privadas que no todas las familias pueden permitirse.
Por todo ello, Facua Euskadi ha exigido al Departamento de Políticas Sociales de la Diputación Foral de Guipúzcoa que le informe de las medidas adoptadas para llevar a cabo una vigilancia adecuada en la gestión de las residencias de mayores y para que no vuelvan a repetirse las circunstancias citadas, además de que se proceda a la investigación y sanción de las personas responsables de los hechos ocurridos.
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