El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha pedido formalmente a la Junta de Andalucía que actúe contra el fraude detectado en más de 27.000 viviendas turísticas ilegales en la comunidad. Lo ha hecho por carta, después de que el Tribunal Supremo haya anulado el Registro Único de arrendamientos de corta duración impulsado por el Gobierno.

La resolución del Supremo declara la nulidad del procedimiento de registro único para los arrendamientos de corta duración que pretendieran anunciarse en plataformas digitales. El alto tribunal entiende que el Estado carece de competencia para fijar una regulación tan “exhaustiva” en esta materia.

Desde el Ministerio, sin embargo, defienden que su intervención respondía a una necesidad urgente. “La única razón que explica que el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana se implicara desde un inicio en esta materia era cumplir con el Reglamento de la Unión Europea que daba a entender que el Estado tenía que actuar de forma rápida ante la emergencia habitacional y la fuga masiva de viviendas del ámbito residencial al turístico”, ha subrayado en los escritos remitidos.

Las cartas han sido enviadas por la ministra Isabel Rodríguez a las comunidades autónomas, entre ellas Andalucía. En ellas, la ministra traslada que el Gobierno acata la sentencia del Supremo.

Andalucía llevó el registro único al Supremo

La Junta de Andalucía se opuso desde el principio al registro único promovido por el Ministerio de Vivienda. El Gobierno andaluz presentó un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo para defender sus competencias en materia de vivienda y la seguridad jurídica de los ciudadanos.

La Junta ha sostenido que es la única administración competente para declarar la ilegalidad de una vivienda dedicada al alquiler turístico. Pero, tras la sentencia, el Ministerio le recuerda que ahora le corresponde asumir esa responsabilidad de forma efectiva.

En la carta dirigida a Andalucía, Vivienda señala que a partir de ahora corresponde a la Junta “llevar a cabo la labor de inspección, sanción y clausura de las más de 27.000 viviendas turísticas ilegales que ha detectado el Registro de la Propiedad en este año”. El Ministerio añade que esas viviendas “podrían estar sirviendo para incrementar la oferta de vivienda asequible, en lugar de expulsar a miles de andaluces de sus barrios o de sus ciudades”.

El departamento que dirige Isabel Rodríguez considera que estos datos son una prueba contundente. “Alcanzar estos datos en menos de un año significa que este registro ha demostrado por la vía de los hechos que la labor realizada desde la Junta es insuficiente, cuando no inexistente”, sostiene el Ministerio.

El Ministerio acusa a la Junta de permitir un fraude masivo

Vivienda también reprocha al Gobierno andaluz un discurso que califica de “incoherente e incomprensible”. Según el Ministerio, no se puede defender que es necesario construir más vivienda para aumentar la oferta y reducir los precios mientras se permite que “25.000 viviendas se encuentren en situación de fraude e ilegalidad a través de los alquileres de corta duración”.

La ministra expresa además su “asombro” ante la posibilidad de que el Gobierno andaluz plantee compensaciones para quienes no han podido comercializar durante este tiempo su vivienda turística. A juicio del Ministerio, eso supondría defender que “una vivienda turística que no cumple con la normativa de la Junta, y que no ha podido comercializarse durante un año gracias a este registro, sea compensada económicamente, en lugar de perseguir este fraude, clausurarlas y convertirlas en alquileres residenciales a precios asequibles”.

Para Vivienda, esta posición resulta incomprensible y podría suponer, según la ministra, un incumplimiento de los principios recogidos en el Estatuto de Autonomía de Andalucía. El Ministerio insiste en que el foco debe estar en garantizar el derecho a la vivienda y en evitar que el alquiler turístico irregular siga tensionando el mercado residencial. Isabel Rodríguez también ha advertido a la Junta de que el Ministerio estará “muy vigilante” para comprobar que se adoptan las acciones necesarias. El objetivo, según recoge la carta, es evitar que continúe el fraude y garantizar que no se vulnere el derecho a la vivienda de la ciudadanía.

Según los datos incluidos en las cartas, el registro ha detectado 27.000 viviendas turísticas ilegales en Andalucía. También aparecen 25.000 en Madrid, entre turísticas y de temporada; 15.000 en la Comunidad Valenciana, de ellas 9.000 en la provincia de Alicante; 14.200 en Canarias; 4.500 en Galicia; 2.400 en Murcia; 1.750 en Castilla y León; 1.700 en Cantabria; 1.180 en Aragón; 380 en Extremadura y 367 en La Rioja.