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Ahmed Tommouhi tenía un problema: se parecía demasiado a Antonio García Carbonell, uno de los violadores reincidentes más conocidos de España, con más de 30 denuncias por agresión sexual a sus espaldas. Ese parecido físico bastó para que una víctima lo señalara en una rueda de reconocimiento y para que la Audiencia de Barcelona lo condenara en 1991 a 24 años de cárcel por dos delitos de violación y dos de lesiones.
Tommouhi entró en prisión convencido de su inocencia. Tan convencido estaba que rechazó someterse a cualquier programa de tratamiento para agresores sexuales, a pesar de que participar en ellos le habría podido reportar beneficios penitenciarios. Prefirió no hacerlo porque hacerlo habría supuesto reconocer implícitamente una culpa que no tenía.
Estuvo privado de libertad hasta 2009, 18 años en total, más tres en libertad condicional. La víctima que lo señaló reconoció años después que se había equivocado.
Durante todo ese tiempo existía una prueba que el tribunal no había valorado: su ADN no coincidía con los restos biológicos hallados en las víctimas. Una prueba admitida en la causa, disponible desde el principio, que habría impedido la condena de haber sido tenida en cuenta. El verdadero culpable, García Carbonell, fue condenado a 270 años de prisión, aunque apenas cumplió 18 gracias a la doctrina Parot.
El Supremo anuló la condena
En 2023, el Tribunal Supremo anuló la sentencia que había condenado a Tommouhi. Sin embargo, el camino hacia la compensación económica se complicó: el Ministerio de Justicia rechazó indemnizarle al considerar que no concurría un error judicial "craso o evidente".
La Audiencia Nacional respaldó esa decisión. Tommouhi había pedido 3,6 millones de euros por todo lo que le había sido arrebatado.
2,5 millones después de 36 años
El Supremo ha revocado ahora ambas resoluciones y ha condenado al Estado a pagarle 2,5 millones de euros. Los magistrados califican el error de "inequívoco y cualificado" y concluyen que la privación de libertad durante un periodo tan prolongado supuso una afectación de "máxima intensidad" de su derecho fundamental a la libertad personal.
36 años después de su condena, y tras una vida marcada por un error que nadie quiso ver a tiempo, la justicia española le da por fin la razón a un hombre cuyo único delito fue parecerse al agresor real.
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